Correos se compromete a no eliminar por ahora el reparto de cartas puerta a puerta

Las protestas provocadas por el decreto que permite a Correos dejar de repartir las cartas puerta a puerta en viviendas aisladas y aldeas poco pobladas han llevado a la empresa pública a prometer que no tendrá efecto en Galicia por el momento. Tras la polémica desatada por el proyecto, que ha suscitado el rechazo de partidos políticos y sindicatos, el presidente de la compañía, José Damián Santiago, afirmó ayer en Madrid que el servicio de entrega de la correspondencia "en el futuro" será en Galicia "igual" al que se realiza en la actualidad, es decir, a domicilio.

Una portavoz oficial de Correos asegura que las palabras de Santiago son un compromiso de la actual dirección de la empresa estatal. La representante de la compañía admite que se está realizando un estudio para conocer cuántas casas cumplen los requisitos fijados en el decreto para poder suspender la entrega puerta a puerta de la correspondencia y sustituirla por buzones comunitarios. Sin embargo, añade que el equipo que gestiona hoy en día Correos no retirará este servicio a ninguna de estas viviendas. La sociedad encargada del servicio insiste en que la nueva norma tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio postal.

El decreto aprobado en abril faculta a Correos a eliminar el reparto de cartas puerta a puerta en "viviendas aisladas o situadas en entornos calificados como diseminados y que estén situadas a más de 250 metros de la vía pública habitualmente utilizada por cualquiera de los servicios públicos". Partidos y sindicatos consideran que esta medida dejaría en Galicia sin entrega a domicilio a miles de casas y supondría un grave recorte de plantilla entre los carteros rurales. La central nacionalista CIG ha anunciado ya movilizaciones de protesta. El 14 de febrero se celebrará una concentración en Santiago y este mismo lunes, en la sede central de Correos en A Coruña.

En respuesta a las críticas recibidas, el Ministerio de Fomento emitió ayer un comunicado en el que afirma que el decreto "no recorta derechos de los ciudadanos" y que afectará a "viviendas diseminadas", no a núcleos enteros de población, sea cual sea su tamaño.