El plan que duplica Vigo

El Ayuntamiento de Vigo remitirá mañana a la Xunta el plan general de urbanismo aprobado por el pleno municipal con la oposición del PP. El plan, que ha tenido una elaboración larga (siete años) y técnica y políticamente azarosa, prevé duplicar la dimensión de la ciudad. De marcado carácter residencial, el pleno desarrollo del plan admitiría la construcción de 112.661 viviendas, de las que 48.444 (el 43%) serían viviendas protegidas. Esta variable residencial ha resultado el aspecto que más polémica ha suscitado, singularmente en la última fase de elaboración del documento, al aumentar en un 20% las reservas para vivienda de precio tasado. Pero en esas cifras hay una alta componente teórica.

Sobre la seguridad jurídica del plan existen informes contradictorios

59 ámbitos comenzarán a desarrollarse en cuanto se apruebe

La demanda de ese número de viviendas supondría un crecimiento demográfico de la ciudad en los próximos 20 años análogo a los de Alemania o Japón tras la Segunda Guerra Mundial, no menos de 100.000 habitantes, lo cual resulta altamente improbable. Entre 1980 y 2005, por ejemplo, la población viguesa aumentó en 34.570 habitantes, y entre 2003 y 2006 perdió 4.303, según el padrón municipal. Tampoco, ni en el propio plan ni en ninguno otro del Gobierno central o de la Xunta, están previstas actuaciones que justifiquen esos niveles de demanda. Incluso las reservas de suelo industrial (algo más de dos millones de metros cuadrados), sobre el que potencialmente se asentarían nuevas empresas que generarían empleo y población, se destinan en su mayor parte a reubicar empresas ya existentes.

El propio calendario del plan prevé la construcción de 53.567 viviendas desde este año hasta 2014. Sería, por proximidad, el referente más fiable, y tampoco demasiado firme, ya que hay que considerar una holgura del 20% al 30%, de manera que las viviendas finalmente acabadas en ese periodo podrían ser 37.500, y de ellas unas 15.000 protegidas.

Estas cantidades estarían más en consonancia con la demanda real de vivienda, incluyendo el posible retorno de los miles de vigueses que se han domiciliado en municipios próximos por la imposibilidad de acceder a una vivienda de precio razonable en la ciudad. Éste ha sido el principal argumento en la defensa del aumento de vivienda protegida. Sus detractores aducen que ya había una previsión de suficientes viviendas de este carácter en la anterior redacción (36.000 en el total teórico), pero sin la homogeneidad que otorga su actual distribución por todos los ámbitos edificables ni mayor prevalencia en el calendario de ejecución.

Ahora, la propia estrategia de crecimiento que acompaña el plan señala la prioridad de ocupar en sus primeras fases el espacio interno que marca la Ronda, la arteria principal del plan, de creación enteramente nueva y polémica. Su trazado atraviesa transversalmente el municipio, por una orografía cambiante que requerirá pasos a nivel y túneles, lo que suscita dudas sobre su condición de vía urbana. Podría funcionar, más bien, como una autovía. Señala sobre el plano una frontera para intensificar la urbanización del espacio interno que delimita y fomenta la cohesión con la actual malla urbana, antes de desparramar construcciones por ámbitos más periféricos. Esta estrategia evita también una ocupación extensiva del territorio municipal y contribuye a la sostenibilidad del plan.

La Xerencia de Urbanismo controlará su desarrollo con esas prioridades, que también parecen encajar de mejor manera la incertidumbre abierta actualmente en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria y las dudas sobre el periodo de vigencia real del propio plan, polémico desde su nacimiento, contradictorio después de siete años de tramitación y, en fin, amenazado por una previsible cascada de impugnaciones y demandas que acaso encuentren eco en una sentencia judicial, pero en ningún caso en el corto plazo.La inseguridad jurídica ha sido la invocación más frecuente de los detractores del plan, que en última instancia se remiten a los promotores y a los propietarios de terrenos del rural, obligados a digerir en sus expectativas de negocio el incremento de un 20% de suelo para vivienda protegida sobre lo que ya había. El PP y la federación vecinal ofician meramente de valedores políticos de los anteriores. En ese capítulo habría que incluir, aunque con otras motivaciones, a muchos de los propietarios de las 14.500 viviendas cuya calificación del suelo ha cambiado y, por tanto, serían susceptibles de expropiación en caso de que se necesitase para construir infraestructuras.

Pero la falta de acuerdo en la aceptación de las normas, contra lo que se ha reiterado hasta la saciedad, no introduce mayor inseguridad jurídica, como tampoco la garantiza el consenso según demuestra el plan de 1993, actualmente vigente y en su momento aprobado por unanimidad, lo que no evitó la posterior ristra de sentencias contra algunas de sus actuaciones, que el actual plan legaliza para evitar derribos que llevarían al Ayuntamiento a la bancarrota. (Se legalizan las construcciones con licencia; sobre las demás seguirán operativas las órdenes de derribo).

La eventual anulación del plan se debería a que no se ha sometido a una nueva exposición pública después de introducir cambios sustanciales en los denominados sistemas generales de planeamiento. La asociación de promotores, Aproin, blandió esa amenaza cuando, tras la fase de alegaciones, se suprimieron cinco kilómetros de la Ronda, que hasta ese momento se consideraba intocable como eje primordial del plan.

Ahora habría que añadir otros cambios sustanciales en los sistemas generales que también, teóricamente, requerirían nueva exposición pública. Es el caso de la depuradora, inicialmente emplazada en Bouzas y que se construirá en el mismo lugar que la actual. De los trazados del AVE, que tenían otra configuración. O incluso, como prefieren los promotores, por el incremento generalizado de suelo para vivienda protegida.

Los informes técnicos al respecto, realizados todos por juristas de prestigio, llegan a conclusiones distintas, como se ha visto, y lo mismo cabría señalar sobre el pronunciamento de los tribunales: no existe una jurisprudencia clara que permita adelantar acontecimientos.

Izquierda Unida (IU) y Alternativa Veciñal, una plataforma muy beligerante con el plan, ahora y antes, ponen el énfasis en sus carencias medioambientales. El plan no se ha sometido a evaluación de impacto ambiental por admitirlo así la Consellería de Medio Ambiente. IU ha reclamado en el Parlamento Europeo que la Xunta y el Ayuntamiento cumplan esa exigencia. Ambos, sin embargo, garantizan que se acata al requerirse en cada una de las fichas que desarrollan el planeamiento un estudio específico que evalúe la prevención de la contaminación acústica y electromagnética dentro de cada ámbito, además del seguimiento de otros indicadores ambientales que deberá realizar el Ayuntamiento.

Según Alternativa Veciñal, no cumplen esos requisitos los 59 ámbitos con ordenaciones detalladas que empezarán a desarrollarse una vez que Política Territorial dé el visto bueno al plan: plaza de España, margen izquierda de Gran Vía, Tomás Alonso, Barrio do Cura..., por citar los más céntricos. A Política Territorial le cabe poner condiciones para avalar el plan antes de que entre en vigor, como ya hizo hace un año. Alguna de las correcciones que exigió entonces no ha sido subsanada, ya se verá si con argumentos suficientes. En el Ayuntamiento confían en que se mantendrá "no menos del 97%" del actual documento.