El CAC pide a los partidos que no envíen comisarios políticos a TV-3

El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Josep Maria Carbonell, emplazó ayer a los distintos grupos parlamentarios a despolitizar los medios de comunicación públicos de la Generalitat y a dejar de nombrar los cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en función de sus afinidades políticas. "No han de ser comisarios, sino expertos escogidos por sus méritos profesionales, para garantizar así el servicio público", advirtió Carbonell, que en la presentación del Informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2006 en el Parlament, aseguró que es necesario poner en marcha cuanto antes la ley reguladora de la CCMA. "Una demora excesiva puede repercutir negativamente en la prestación de servicio que tienen los medios públicos catalanes".

El presidente del CAC insistió en que la negociación para escoger los nuevos miembros de la corporación "no puede alterar el fondo de la ley", que debe blindar a los medios públicos de eventuales intervenciones políticas.

La sesión parlamentaria de ayer estuvo marcada, precisamente, por las reacciones a las declaraciones que hizo la semana pasada el diputado socialista Joan Ferran, quien criticó "la costra nacionalista" de los medios públicos de la Generalitat. CiU pidió al presidente del CAC que hiciera una valoración de las apreciaciones de Ferran. Carbonell, en cambio, rechazó entrar en ese debate político tras argumentar que ésa no es la función del consejo. Sin embargo, planteó a los grupos que los informes del CAC incluyan parámetros "cualitativos" que permitan hacer un estudio profundo sobre la pluralidad en los medios.

Intento de "censura"

Quien sí salió en defensa de Ferran fue el portavoz del PSC, Miquel Iceta, que ayer pidió amparo al presidente del Parlament, Ernest Benach, al entender que el pasado martes hubo un intento de reprobar al diputado dentro del consejo de administración de la CCMA. Iceta se refería a una resolución sometida a votación que, finalmente, no fue aprobada y cuyo objetivo era, a su juicio, "censurar" al diputado socialista "por sus opiniones sobre los medios de comunicación" públicos. El portavoz del PSC señalaba en la carta remitida a Benach que éste "es un hecho muy grave y supone un precedente inaceptable que lesiona el derecho a la libre expresión de los diputados".