25 de noviembre

El 25 de noviembre es un día cargado de simbolismo en la lucha contra la violencia sobre la mujer. Ese mismo día de 1960 el régimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ordenó asesinar a las hermanas Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa. Las Mariposas Inolvidables tienen el reconocimiento mundial como símbolo de la lucha contra la violencia sexista.

Este día mantiene viva la memoria y el espíritu de lucha contra esta modalidad terrorista. Ese recuerdo permanece los 365 del año, porque cada día ha sido y es asesinada una mujer a manos de su pareja o ex pareja. En nuestras memorias están otras mariposas inolvidables, mujeres anónimas: Lucía, Celia, Rosario, Rita y tantas y tantas otras que han perdido la vida sin sentido.

La Ley Integral es mejorable, como lo es cualquier norma que afronta una abominable realidad

Para ellas, para todas ellas, en 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró: "La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades...". Y en 1999 la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para sentar las bases en la lucha contra la violencia sexista, pero fundamentalmente dirigidos a conseguir el compromiso de los Estados en la erradicación de esta lacra social.

España no fue ajena a este movimiento y surgieron los Planes de Actuación Gubernamentales; reformas legislativas que afectaban al derecho penal sustantivo y procesal; y, dentro de su ámbito de competencias, las leyes de los parlamentos de las comunidades autónomas. La culminación de este proceso sistémico es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento.

Nuestra ley considera el terrorismo machista como la manifestación extrema de la desigualdad que cuestiona derechos y valores fundamentales y es reflejo de déficit democrático en materia de igualdad. Actúa en aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a la víctima. Aborda la normativa civil que incide en el ámbito familiar y el principio de subsidiariedad en las administraciones públicas, afrontando la lucha contra esta lacra de modo integral y multidisciplinar, partiendo del proceso de socialización y educación. Su finalidad: la conquista de la igualdad, el respeto a la dignidad humana y a la libertad de las personas.

Desde sectores contrarios a la ley se la ha presentado como un arma de criminalización de conductas, induciendo a pensar que sus aportaciones se han limitado a la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y a la agravación de las penas en determinados delitos.

La ley no ha fracasado por la existencia de sentencias absolutorias, la no disminución de las mujeres asesinadas o la llamada "utilización fraudulenta de sus preceptos".

Quienes utilizan estos argumentos caen en un discurso ignominioso e insultante para las víctimas a las que definitivamente ignoran. Evidencian un desconocimiento absoluto del texto o más concretamente de su enfoque integral y multidisciplinar. Pretender que a tres años de la entrada en vigor de la Ley Integral se erradicaran estos atentados contra la vida o reducir el contenido de la norma a una mínima expresión es una quimera utilizada por los detractores de la ley.

La Ley Integral es una herramienta mejorable, como lo es cualquier norma jurídica que afronta de forma novedosa una abominable realidad. Los esfuerzos deben dirigirse a reivindicar el perfeccionamiento y la mejora de su articulado, y, en su caso, potenciar las medidas de apoyo y preventivas, con coordinación y cooperación de los profesionales que intervienen en el circuito. Las prioridades de actuación tienen que seguir el orden que la misma Ley Integral impuso con incremento de las medidas de sensibilización, prevención y detección en los ámbitos de la educación, sanidad, publicidad y medios de comunicación.

Avanzamos, y sólo a través de la memoria viva de todas las víctimas entenderemos y defenderemos el carácter integral y multidisciplinar de nuestra ley.

Francisca Verdejo es juez titular del Juzgado de Violenica sobre la Mujer número 2 de Barcelona.