El asalto al Constitucional

La recusación del PP rompe en dos el bloque conservador del Constitucional

Los magistrados Calvo y Zapata intentan ocultar el escrito que destapa el bulo

El bloque conservador del Tribunal Constitucional se resquebraja. Las recusaciones por parte del PP de tres magistrados progresistas, basadas en una información de El Mundo desmentida por escrito y sin paliativos por magistrados de los dos sectores, está poniendo en serias dificultades a los conservadores, que se han visto forzados a frenar la actitud obstruccionista de sus compañeros más activos, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. La tensión en el pleno del pasado jueves alcanzó niveles casi de enfrentamiento.

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La decisión del presidente en funciones, Vicente Conde, de convocar un pleno de 10 magistrados para examinar las recusaciones de cinco de ellos (dos del Gobierno y tres del PP) fue respaldada por todo el bloque progresista, pero también por los conservadores Javier Delgado Barrio y el propio Vicente Conde, como única solución para salir del atolladero.

A esta primera grieta en el monolitismo conservador, siguió la postura del magistrado del mismo sector Ramón Rodríguez Arribas. Este juez, procedente del Tribunal Supremo, es uno de los de mayor peso específico en el Constitucional por haber sido muchos años presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial. Hasta ahora, había venido manteniendo una posición ambigua en el conflicto: disintió de la convocatoria del pleno de 10 magistrados para examinar las recusaciones, pero su firma en la carta de desmentido a la información de El Mundo, junto a la del vicepresidente conservador Guillermo Jiménez, fue determinante para empezar a encauzar el conflicto.

Un nuevo escrito de este magistrado conocido anteayer insistió en la falsedad de la información sobre la que se sustentan las recusaciones del PP. Rodríguez Arribas insistió por segunda vez en que en una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de la presidenta, María Emilia Casas, "no se habló de la constitucionalidad de la ley del Tribunal". Este desmentido, individual y tajante, unido al desmentido colectivo de seis magistrados constitucionales, deja en franquicia las recusaciones del PP para ser rechazadas de plano en el caso de que no sean retiradas en el trámite de audiencia abierto a las partes.

Los dos escritos desmintiendo el tenor de la reunión del 12 de junio han abierto la caja de los truenos y elevado aún más el nivel de enfrentamiento. Pero al tiempo, están dejando cada vez más aislados a los dos magistrados más extremistas de la derecha, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, los dos recusados por el Gobierno.

Gacía-Calvo y Rodríguez-Zapata intentaron, sin éxito, que el Pleno excluyese del procedimiento la carta en la que seis de sus compañeros -incluidos dos conservadores- desmienten la información periodística en la que el PP se basó para recusar a tres de ellos. Al no conseguirlo firmaron los dos únicos votos discrepantes de un Pleno que ha decidido, por ocho a dos incorporar el desmentido colectivo a las actuaciones.

Para Rodríguez-Zapata, ese desmentido colectivo "no puede ser incorporado al proceso, ni ser tomado en consideración, ni producir efecto alguno". Este magistrado sostiene que las manifestaciones de jueces, llamadas telefónicas, correos electrónicos, notas, o escritos relativos a conversaciones con la presidenta no pueden ser de conocimiento público.

García-Calvo va más allá y califica de "irregular" todo lo actuado y afirma que Rodríguez Arribas en conversaciones con él y otros magistrados se posicionó sobre la ley y el desmentido a El Mundo "no se corresponde con lo que en realidad ocurrió el 12 de junio".

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