La aprobación de PAI como los de Cullera frena el pacto del urbanismo
Signes no comparte que su grupo se abstuviera ante el Brosquil y Marenyet
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Francesc Signes, portavoz socialista de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, precisó ayer la posición que su partido defiende ante la oferta de pacto urbanístico que le brindó el consejero José Ramón García Antón. Signes enfatizó ayer que los socialistas están dispuestos a consensuar con el PP el urbanismo valenciano siempre que el Consell no siga dando el visto bueno a planes como los aprobados esta semana por el Ayuntamiento de Cullera, en manos de los populares.
El partido recurre en Valencia el plan de las Atarazanas por la VPO
El Consistorio ribereño aprobó con los votos a favor del PP y la abstención socialista el concierto previo a la modificación de su PGOU para reclasificar unos 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable al sur de la desembocadura del Júcar, donde se prevén 15.000 nuevas viviendas. Signes recordó que el PAI de la Bega, también en Cullera, salió adelante sin tenerse en cuenta si había agua suficiente o no. También advirtió de que los PAI de Brosquil y Marenyet se ubican también en una zona inundable donde no se debería de edificar. Sobre la posición de los socialistas de Cullera, que se abstuvieron en la votación del concierto previo, el coordinador parlamentario acabó reconociendo que no compartía el sentido del voto
"Sí a la negociación de un pacto urbanístico, pero consensuando medidas transitorias urgentes que sustituyan a una moratoria y nos permitan seguir trabajando", apuntó Signes. La negociación duraría toda la legislatura "y, desde luego, no puede desarrollarse si están colándose actuaciones como las de Cullera".
Los socialistas se quejan además de que Ayuntamientos como el de Valencia no cumplen con la reserva de suelo para VPO. Así, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia anunció ayer un recurso contra el acuerdo plenario alcanzado el pasado 28 de septiembre por el que se aprobaron las bases del Plan de Actuación Integrada (PAI) de las Atarazanas, ya que no recogía ninguna reserva de suelo para viviendas de protección pública. De no rectificarse este acuerdo, el Grupo Socialista recurrirá esta decisión ante los tribunales, anunció el edil Vicente González Móstoles. Las bases del PAI no recogen la exigencia de la Ley del Suelo de reservar a viviendas de protección pública un 30% de la edificabilidad residencial prevista, por lo que arremetió contra el PP. "Se olvidan de los intereses de los valencianos cuando su defensa entra en conflicto con el beneficio de los promotores", dijo el concejal socialista.
González Móstoles consideró que el acuerdo del pleno, aprobado con los únicos votos de los representantes del PP, no solo incumple la Ley del Suelo -recurrida por los populares valencianos-, "sino también toda la legislación urbanística autonómica aprobada durante los últimos años".
Otro foco de conflicto en materia urbanística entre populares y socialistas está en Albaida. El PSPV acaba de ser convocado a un pleno extraordinario para el próximo 6 de noviembre, en el que el equipo de gobierno, del PP, plantea la modificación de un polémico convenio urbanístico con la sociedad Alter, SA, por el que se recalificarán 2,1 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable donde se levantará una urbanización de 2.500 chalés y un campo de golf. La sociedad ha entregado 600.000 euros al Consistorio a cuenta de la conversión del convenio, recurrido en su día por el abogado del Estado en septiembre de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El recurso señalaba que el convenio, previo a la convocatoria de concurso público del PAI "vulnera la finalidad del concurso, que es la elección de una de las ofertas competidoras bajo principios de objetividad, transparencia y concurrencia". El pleno iniciará a continuación el trámite del PAI de Barranquets.
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