Suspendido el auto que obligaba a una mujer maltratada a dejar su casa

La Audiencia Provincial de Cádiz ha aceptado el recurso presentado por los abogados de una mujer denunciante de malos tratos a la que un juez de Chiclana había obligado a abandonar su casa. Ese magistrado había atendido la supuesta precaria situación económica del agresor y había dictado que fuera la víctima y su hija, de tres años, las que dejaran la vivienda familiar. Con esta nueva decisión judicial, la mujer ha podido regresar ya a su domicilio. Sobre el hombre sigue vigente la orden de alejamiento dictada por el juez.

El hombre, que tenía orden de alejamiento, fue quien se quedó en el domicilio familiar

La primera sentencia admitía la existencia de un delito de malos tratos y ordenaba una medida cautelar de alejamiento que prohibía al esposo acercarse a menos de 100 metros de su mujer. Sin embargo, en una decisión que llamó la atención de Fiscalía y asociaciones contra la violencia de género, decidía que fuera el denunciado el que permaneciera en domicilio conyugal y que la denunciante se marchara a casa de sus padres.

Para justificarlo recogía en su auto que "si el alejamiento conlleva la expulsión del denunciado de su casa se le está condenando a la más absoluta marginalidad puesto que carece de familia de Chiclana ni de personas que puedan acogerle". Según recogía, el marido no podría pagar la hipoteca del domicilio familiar, pagar la manutención de la hija y asumir los gastos de un nuevo alojamiento. El juez aseguraba en el auto defender el interés de la menor y evitar "la práctica muerte civil del denunciado".

Un día después de hacerse público ese polémico auto el mismo juez lo ratificaba en un nuevo documento en el que llegó a instar a la mujer a comprar un inmueble con su esposo, además de calificar como "desproporcionado" expulsar a alguien de su casa "por un simple empujón".

El recurso presentado por los abogados de la mujer ha sido atendido. "Se ha hecho justicia ante una decisión que no parecía lógica", dijo ayer el letrado de la víctima, Juan Carlos Pardo. Según detalló este abogado, la Audiencia Provincial mantiene la orden de alejamiento, la custodia de la hija para la madre y la obligación del padre de pasar una pensión alimenticia.

En el nuevo auto se considera "inaceptable" que la víctima, "que ha padecido una agresión se vea penalizada con la necesidad de abandonar su domicilio para protegerse de nuevas agresiones y poder mantener la denuncia". Según detalló Pardo, esta decisión de la Audiencia Provincial no es recurrible por lo que el marido se ha visto obligado a marcharse de casa mientras que la mujer y la pequeña han podido regresar a casa.

La decisión judicial ha causado satisfacción también entre los organismos defensores de los derechos de la mujer y las asociaciones contra la violencia de género que habían denunciado la gravedad de este caso. La directora provincial del Instituto de la Mujer, Dolores Virués, cree que se ha restituido el derecho de la agredida y su hija. "El primer auto era desorbitado e incomprensible. Nos dejó perplejos", aseguró.

"Se ha hecho justicia con la salida inmediata del supuesto agresor del domicilio ya que se ha atendido el derecho de la parte más débil, que es la hija, que fue expulsada de su casa", añadió. Virués felicitó a las organizaciones que se movilizaron para oponerse a esta "injusta" decisión judicial.