Excesos financieros: juzgar a los jueces

UNAS PALABRAS de Solbes en el Senado, la pasada semana, actualizaron uno de los aspectos de las turbulencias financieras que afectan al mundo desde el mes de agosto, y que corría el peligro de pasar a segundo plano: la necesidad de reforzar el marco de regulación y supervisión del sistema "para corregir los fallos". Según el vicepresidente, el Comité de Servicios Financieros de la UE hará público próximamente un informe sobre el tema, con contenidos como la colaboración de los supervisores, la transparencia en el funcionamiento de los instrumentos financieros, los códigos de conducta y el papel de las agencias de calificación de riesgos.

Estas últimas han sido uno de los sectores más criticados en el desarrollo de las turbulencias. La percepción es que no alertaron a tiempo en sus análisis del riesgo que entrañaban las inversiones en productos ligados a las hipotecas subprime, y que concedieron calificaciones muy altas a esas innovaciones. No es la primera vez que estas acusaciones se multiplican; pasó lo mismo en otros momentos críticos como el estallido de la burbuja tecnológica, o escándalos corporativos como los casos de Enron, Worldcom o Parmalat.

Hay un gran debate sobre el conflicto de intereses en las agencias que califican riesgos y su papel en las turbulencias últimas: ¿se puede confiar en alguien que cobra de los mismos clientes a los que valora?

Las críticas más benevolentes son aquellas que indican que estas agencias —Fitch, Moody's, Standard & Poor's— no se enteraron de lo que los paquetes con hipotecas de alto riesgo llevaban dentro. Las más incisivas son las que las acusan de conflicto de intereses: las agencias sacan la mayor parte de sus beneficios de los honorarios que facturan a las empresas que evalúan, por lo que son jueces y partes a la vez. ¿Cómo se puede confiar en alguien que cobra de los mismos clientes a los que valora?: por un lado, actúan como asesores de las instituciones financieras, aconsejándolas sobre cómo estructurar sus productos para obtener la mejor calificación posible; por otro, se encargan de dar a esas mismas entidades las calificaciones para informar a los inversores.

Por ese conflicto de intereses es por lo que tanto la UE como el órgano regulador de las Bolsas en EE UU han abierto una investigación sobre la actuación de las agencias de calificación de riesgos en las últimas turbulencias. Antes de la crisis ya se habían manifestado inquietudes sobre el funcionamiento de este gran oligopolio de las tres grandes agencias citadas: sobre la calidad de las calificaciones crediticias que hacen, la independencia y objetividad de las agencias, la transparencia de los métodos empleados y para las calificaciones, y sobre el alto grado de concentración que se observa en el sector y sus posibles efectos anticompetitivos.

El sector de la calificación de los riesgos es uno de los pocos que se han librado hasta ahora de la corriente reguladora que recorre la legislación a raíz de los escándalos corporativos citados. Tras la quiebra de Enron se aprobó en EE UU, por ejemplo, la ley Sabarnes-Oxley, de la que algunos expertos dijeron que se trataba de la reforma de mayor alcance de las prácticas empresariales en EE UU desde el presidente Roosevelt. Cinco años después de su implantación existe un debate sobre si se ha pasado del extremo virginal de la autorregulación a una sobrerregulación excesiva que hace que algunas multinacionales no quieran cotizar en Wall Street.

Hace algunos meses, en un reportaje de The Economist, alguien escribía que de un plumazo pueden añadir o quitar millones de dólares a los resultados de una empresa, trastocar el presupuesto de un municipio, sacudir los mercados financieros y reorientar la inversión internacional. Cuando una empresa, una ciudad o un país desean emitir obligaciones, el mercado exige casi siempre que las agencias den su bendición comprobando más o menos la solvencia del emisor. "Y sin embargo, no existe ninguna estructura oficial para controlar estas agencias, ni una reglamentación sobre la cualificación de su personal". El semanario citaba a algunos detractores de las agencias que afirman que se han convertido en las grandes guardianas del capitalismo sin asumir la responsabilidad por ello.