Sin casa por sentencia
Una familia con dos hijos tiene que abandonar su piso tras perder un pleito con el Ivima
José Romero, de 37 años, destrozaba el salón de su casa hace unos meses. Desesperado, arrancaba las puertas de los armarios, rompía cristales y tiraba todo al suelo. "¡Se van a quedar con un mueble mío!", gritaba.
"¿No podéis esperar a que mis niños acaben el curso?", preguntó la madre a la policía
José Romero, abatido, destrozó los muebles de su casa para que nadie pudiera usarlos
"¿Pero qué haces?", le chilló su mujer, María Ángeles Alonso, de 35 años. "Romperlo un poquillo, no voy a dejárselos nuevos encima", le respondía. En la puerta del piso esperaba una docena de personas, entre agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal, miembros de seguridad privada y dos empleados del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima). Dentro de la casa, en la calle de López Grass número 78 (Puente de Vallecas), además de José y María Ángeles estaban sus dos hijos, José Manuel y Fernando, de 16 y 7 años, que no paraban de ir y venir sacando trastos a la calle.
En el suelo de sus habitaciones todavía había juguetes. En los armarios, ropa. "José Manuel se ha dejado todo, ayer no hizo nada en toda la noche", le decía José a su mujer. "Así que sólo has cogido lo que te gustaba ¿y lo que no? ¡Tienes unos huevos!", le gritaba a su hijo. En la cocina se acumulaban botellas de cerveza vacías, una gaseosa medio llena, la fregona a otro lado... y mucha suciedad. El desorden y la sensación de caos estaban por todas partes. Era la resaca de noches de desesperación.
Salvo para el más pequeño, ésta no era la primera vez que la familia debía abandonar su casa. En 1999, junto con los padres de José, Victoria Peral y José Romero, se vieron forzados a dejar paso a las máquinas que abrieron la avenida de Asturias y abandonar la que había sido su casa desde los años sesenta, en la calle de Antonio González Echarte. "Esta familia era okupa y, al remodelar el barrio, se les ofreció una vivienda en alquiler", aseguran en el Ivima. "¿Qué yo era okupa? ¡Pero si nací allí!", se indigna José al enterarse y muestra una copia del contrato de alquiler de aquella vivienda.
La versión de los hechos difiere también en todo lo demás. Según esta familia, el Ivima les ofreció la posibilidad de poder comprar el piso al terminarse el contrato de alquiler. "Fue de palabra. No tenemos un papel que lo demuestre. Nos engañaron", se lamenta José. Pero en el Ivima aseguran que nunca se hacen ese tipo de ofertas.
"En junio de 1999 se les ofreció una vivienda de alquiler durante cinco años para agilizar la remodelación de Hortaleza", explican desde el Instituto de la Vivienda. La misma fuente cuenta que, "una vez pasado ese tiempo debían haber abandonado el piso". Es decir, en 2004. Pero desde entonces, la familia había logrado esquivar el desahucio. Hasta hace unos meses, cuando ya nada lo pudo evitar.
A las 9.30 en punto, la expulsión forzada de esta familia resultó dura, aunque sencilla, pues no opusieron más resistencia que los nervios iniciales lógicos. La policía actuó con mucha elegancia. Los agentes dieron muestras de saber de sobra cómo actuar en esos casos. Uno de ellos dejó entrever su lado más humano: "No es una situación agradable. No nos hace ninguna gracia".
Victoria y José, los abuelos de la familia, se lamentaban amargamente en la puerta, mientras una empleada del Ivima le leía la sentencia del juzgado por la cual debían abandonar la casa. La familia, desesperada por lo inevitable, intentaba negociar infructuosamente con ella. "¿No os podéis esperar a que mis hijos terminen el curso?", preguntaba José.
Nada. Imposible. Este hombre, mensajero de profesión, se desgañitaba: "¡Pero si hemos puesto mil recursos!". El empleado del Ivima le respondió, con muy poco tacto: "Tu abogado no se ha movido suficiente". Inmediatamente, José saltó indignado: "¡Qué no se ha movido suficiente...!".
"¡Qué hijos de puta, ni que fuéramos etarras!", gritaba María Ángeles por el gran despliegue policial. Pero a medida que la desesperación fue dejando paso a la resignación, José comenzó a aceptar deportivamente la derrota. "Si vosotros no tenéis la culpa, ya lo sé. Es vuestro trabajo", les decía a los policías. Mientras tanto, un ejército de cuatro cerrajeros cambió el bombín de la vivienda de José, María Ángeles, José Manuel y Fernando. En un abrir y cerrar de ojos.
4.000 desahucios al año
El desahucio de José, María Ángeles y sus hijos, José Manuel y Fernando, a finales de marzo, de su piso en la calle de López Grass, en Puente de Vallecas, es uno de los cientos de casos que suceden en Madrid cada año.
Según datos del Decanato de los Juzgados de Madrid, este año se calcula que se desalojarán unas 4.300 viviendas, sólo en la capital. Es una estimación en función de los desahucios producidos hasta la fecha. El pasado año también se rebasaron los cuatro millares, con 4.075 desalojos. Y en 2005, la cifra fue todavía más alta, con 4.515 desahucios.
"Tenemos 8 o 10 desahucios mensuales en Puente de Vallecas", aseguró uno de los dos subinspectores que se encargaron de coordinar el desalojo que cuenta este periódico. Según dijo, están acostumbrados a ese trabajo. "Normalmente no tenemos problemas. Si se hubieran resistido, habríamos actuado", manifestó.
Hubieran ganado la batalla de calle. Un total de 12 policías contra una familia... y varios vecinos. Nicolás Quintana, uno de ellos, repetía: "Me parece muy mal, con dos niños en el colegio y a la gente le importa tres cojones".
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