El PP de Madrid recurre contra la absolución de los policías del 'caso Bono'

El PP insiste en la ilegalidad de la detención de dos de sus militantes por la supuesta agresión al ex ministro José Bono durante una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y piensa utilizar todas las armas jurídicas posibles para defender esta tesis. Ayer lo anunció la dirección del PP de Madrid por boca de su secretario general, Francisco Granados, que explicó en rueda de prensa que la dirección regional de su partido ha decidido recurrir el fallo del Tribunal Supremo que no apreció delito en la actuación policial.

El máximo órgano judicial hizo pública el pasado viernes su decisión de revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictó penas de entre tres y cinco años de cárcel para los tres agentes que participaron en la detención. El Supremo no encuentra delito en la actuación de los policías, por lo que ha decretado su absolución. La sentencia la hará pública en los próximos días y cuenta con un único voto en contra.

La condena ahora revocada conllevó la dimisión del entonces delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que quiso asumir así la responsabilidad política, y ha sido esgrimida intensamente, incluso en la pasada campaña electoral, por los dirigentes populares regionales para atacar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llegó a decir que había sido una detención propia "de la Gestapo". Ayer, Granados dio validez a esas declaraciones de la presidenta: "Las mantengo íntegramente", recalcó.

Tras insistir en que su partido acata el fallo del tribunal, Granados se quejó de que el Tribunal Supremo haya hecho pública su decisión antes de redactar la sentencia, situación que calificó de "inusual". Es el argumento que planea esgrimir el PP ante la Sala Segunda en su recurso, en el que reclamarán la nulidad de las actuaciones "por incumplir la legislación y emitir el fallo antes que la sentencia", según Granados.

Fuentes del Supremo señalaron que en numerosas ocasiones el tribunal ha anunciado el fallo antes de difundir la sentencia. Así lo hizo, por ejemplo, en marzo de 2003 cuando ilegalizó Batasuna.