Problemas en las redes eléctricas: el diablo está en los pliegues

En las modernas economías hay un buen número de sectores productivos organizados en red: transportes, telecomunicaciones, energía. Todos estos sectores, que funcionaron en régimen de monopolio gestionados por empresas públicas, en la pasada década acometieron profundas reformas legales, económicas y organizativas. Para que estos sectores sean eficientes deben cumplirse muchas condiciones; una de ellas es que unas potentes infraestructuras posibiliten a los competidores acceder a los clientes sin obstáculos materiales. En el sector eléctrico, las infraestructuras están formadas por las redes, que son el conjunto de cables y de instalaciones (subestaciones) que trasladan la electricidad desde el lugar en el que se produce hasta cada punto en el que es consumida. El sector eléctrico español tiene que abordar la resolución de muchos problemas; de ellos hay, cuando menos, tres que afectan a las redes.

Una mayor competencia no debe interpretarse como un castigo; es la mejor terapia para los problemas de sector eléctrico

- Primer problema: el déficit de inversión en las redes eléctricas

Últimamente la inversión en redes de transporte eléctrico viene siendo insuficiente y manifiestamente menor que la inversión en generación. El intenso crecimiento económico que registra España desde 1994 se ha traducido en un elevado consumo eléctrico, que ha obligado a las empresas de generación a realizar un gran esfuerzo inversor. De la capacidad productiva (potencia instalada) existente el 31 de diciembre de 2006 (55.152 MW -megavatios-), casi el 42% son inversiones en plantas de generación instaladas en el último quinquenio 2002-2006: 7.820 MW de parques eólicos y 15.466 MW de ciclos combinados a gas. Sin embargo, a pesar de que una red de transporte más amplia reduciría las pérdidas de energía y mejoraría la seguridad de suministro, en el mismo quinquenio se han tendido menos de 1.500 kilómetros de líneas de 400 y de 220 kW (muy alta tensión), que representan un 4,4% de las líneas existentes al finalizar 2006.

Este profundo desequilibrio inversor provoca dificultades en la alimentación de la nueva alta velocidad ferroviaria y de la cuenca mediterránea, densamente poblada. Más preocupantes aún son las insuficiencias de la red de transporte en núcleos con varias centrales generadoras. En concreto, la red de muy alta tensión existente en Cartagena y en Arcos de la Frontera (en cada uno de estos municipios hay una potencia de 3.200 MW) no es capaz de evacuar la electricidad producida si todas las centrales funcionan al mismo tiempo, teniendo que funcionar por turnos. Como resultado de esto se registran tres efectos. Por un lado, no se aprovecha toda la potencia instalada, lo que es muy grave, ya que en la Península no existe el exceso de capacidad productiva para garantizar el suministro en determinadas condiciones de demanda y de disponibilidad de las instalaciones de generación. Además, la competencia queda afectada negativamente, ya que, mientras algunas de estas centrales pertenecen a compañías con escasa o nula potencia adicional, otras son de compañías que cuentan con un amplio parque generador y, por ello, se ven menos afectadas. Por último, las carencias de la red de transporte aumentan el nivel de restricciones técnicas encareciendo con ello la electricidad.

- Segundo problema: la consagración de la definición técnica de las redes y la conversión de la REE en transportista único

El Senado está tramitando un proyecto de ley que introduce modificaciones en la Ley 54/1997, algunas de las cuales son obligadas y otras abordan dos objetivos que son innecesarios e inconvenientes: implantan una definición técnica de las redes (y en especial del transporte eléctrico) y convierten al transportista principal (Red Eléctrica de España -REE-) en transportista único.

Este problema puede sintetizarse afirmando que el legislador, dando pruebas de un innecesario intervencionismo, exige que las redes de reparto renuncien a las líneas de 220 kW, ya que, aun cuando estas líneas forman parte de la red de transporte, también vienen utilizándose en las redes de reparto. En efecto, las redes eléctricas pueden descomponerse en distintas subredes. Desde un punto de vista técnico, se distingue entre redes de muy alta tensión (divididas, a su vez, en las de 400 kW y las de 220) y redes de alta, media y baja tensión (de menos de 220 kW). Desde un punto de vista funcional, las redes eléctricas se descomponen en red de transporte (desplaza la electricidad a largas distancias y evacua la energía de las generadoras), red de reparto (acerca la electricidad a los grandes centros de consumo) y red de distribución (atiende la demanda en los puntos donde se registra). Aunque podría pensarse que las redes de muy alta tensión son redes de transporte y que las redes de alta, media y baja tensión forman parte de las redes de reparto y de las redes de distribución, lo cierto es que las equivalencias entre las categorías técnicas y las funcionales son muy relativas.

Actualmente, las redes están emigrando desde definiciones técnicas a delimitaciones funcionales. Las distribuidoras, cuando atienden zonas con alta densidad de consumo eléctrico (grandes urbes y áreas industriales y de alta concentración turística), están desarrollando sus redes de reparto tendiendo nuevas líneas de 220 kW en vez de incrementar el número de líneas de alta y media tensión. Por eso, para la Unión Europea (UE), la red de transporte está formada por la de 400 kW y por algunos tramos de 220. De esta forma se está adoptando una delimitación funcional de las redes, lo que resulta posible y racional: es posible porque ni la legislación española ni la comunitaria imponen estrictos límites a la definición de las redes.

Frente a la tendencia que admite que las líneas de 220 kW forman parte de las redes de transporte y de las redes de reparto, la pretendida modificación de la Ley 54/1997 impedirá que las compañías distribuidoras sigan desarrollando eficientemente las redes de reparto, pues aquéllas estarían obligadas a invertir en transformadores (transformaciones intermedias) que, además, no evitarían mayores pérdidas eléctricas. Por otro lado, cuando el transportista principal se manifiesta incapaz de resolver las señaladas carencias de la red de transporte, resulta sorprendente que se le obligue a adquirir los tramos de 220 kW que contienen las redes de reparto.

Además, si las mencionadas modificaciones de la Ley 54/ 1997 se consumasen, la REE se convertiría en transportista único a nivel nacional, lo que supondría que esta empresa estaría obligada a adquirir los tramos de red de muy alta tensión (tanto de 400 kW como los de 220) que las transportistas-distribuidoras tengan, tanto si tales tramos hacen la función de transporte como si forman parte de la red de reparto. Esta modificación traería graves efectos negativos. En primer lugar, la comparación entre empresas es uno de los instrumentos más utilizados por el regulador en su búsqueda de eficiencia. Si las grandes empresas distribuidoras perdieran su condición de transportistas, el regulador dejaría de tener referencias a la hora de determinar los costes de los bienes de equipo y los costes de explotación necesarios para fijar la retribución de la que entonces sería la única empresa transportista, REE. En segundo lugar, no se entiende qué se pretende estableciendo legalmente el concepto de transportista único cuando la REE ha pasado en poco tiempo de operar menos del 60% de la red de alta tensión a poseer el 99% de la red de 400 kW y el 95% de la de 220.

- Tercer problema: la creciente suplantación de los reguladores por el transportista principal

El sector eléctrico español ha alcanzado elevados grados de complejidad y altos niveles de exigencia, que en los próximos años seguirán creciendo. Las redes son una pieza fundamental para el funcionamiento del sector eléctrico, ya que su insuficiente desarrollo impide el aprovechamiento óptimo de las plantas de generación y dificulta que generadores y comercializadores compitan. Aunque pueda escandalizar, debe quedar muy claro que las redes eléctricas deben estar al servicio (son actividades subsidiarias) de la generación y de la comercialización. Esto no quiere decir que las redes deban desarrollarse sin límites, ni que deban hacerlo de acuerdo con las exigencias más o menos arbitrarias de generadores y comercializadores, pero sí que significa que los límites no los debe poner el transportista principal; tales límites deben ser formulados por los reguladores.

Sin embargo, un detenido y minucioso análisis de múltiples disposiciones eléctricas pone de manifiesto que en ocasiones tales normas no posibilitan la competencia entre las empresas que ejercen las actividades liberalizadas, sino que responden a objetivos del transportista principal. La responsabilidad de que esto ocurra es, desde luego, de los reguladores. Pueden ponerse muchos ejemplos, pero el siguiente, por sencillo, puede ser ilustrativo: en abril de 2005 el Ministerio de Industria publicó una resolución según la cual en cada zona eléctrica (conjunto de nudos de generación eléctricamente próximos) la capacidad máxima de producción debe situarse entre 2.000 y 2.500 MW.

- Conclusiones

Después de haber cumplido los nueve años, existe un notable consenso sobre los pobres resultados alcanzados por el marco legal del sector eléctrico español. Bastan los insistentes reproches de la Comisión Europea. Si se alegara con razón que, en el ámbito regulatorio, la mayor parte de los países de la UE se encuentran en una peor situación, habría que decir que en ningún caso esto debe ser una coartada para frenar o retroceder en el proceso liberalizador. Una mayor competencia en modo alguno debe interpretarse como un castigo; es la mejor terapia para los problemas que padece nuestro sector eléctrico. Diferentes autores que aceptan que el ordenamiento regulatorio español es, en su formulación más agregada, poco menos que impecable consideran que los pobres resultados se explican por la alta concentración empresarial; casi seguro que tienen razón.

Conseguir que el actual modelo regulatorio funcione no es algo fácil. Los reguladores no deben perder de vista que lo importante es derribar las barreras a la entrada de nuevos operadores, detectando las trabas que los agentes que se ven amenazados elaboran arduamente, mediante estratagemas dirigidas imaginativamente a impedir que la competencia funcione. Frecuentemente, el ataque al modelo se produce de forma agazapada, utilizando triquiñuelas regulatorias, bajo la forma de resoluciones técnicas llenas de ininteligibles expresiones e inextricables fórmulas matemáticas, cuyo significado nadie está interesado en desentrañar. Los británicos suelen afirmar que los problemas suelen radicar en la letra pequeña. Creo recordar que fue santa Teresa de Jesús quien afirmó que el diablo está en los detalles y, más concretamente, que el diablo está en los pliegues.