El sistema permite la impunidad

EMIL ATANASOV, Valentina Chenikova, Yordan Ivanov, Mariana Olteanu y ocho colegas del Este aparecieron empadronados en Maderuelo (Segovia) en diciembre pasado. Su dirección en los tablones del censo no constaba. "Diseminado", era la referencia a su domicilio. El censo del pueblo pasó de 140 personas en septiembre a 178 en marzo. En siete meses, la población creció un 24%. La oposición socialista se dirigió a la Oficina del Censo Electoral, del Instituto Nacional de Estadística (INE), para que diese de baja a los inmigrantes. Respuesta: "Su petición no está contemplada en la normativa electoral".

Mientras que empadronarse es tan sencillo como llevar un recibo domiciliado (y a veces ni eso), sólo se da de baja a los muertos. El INE considera que depurar los censos no es su función. Sin embargo, Estadística tiene una herramienta que no usa: el artículo 62 del reglamento sobre el padrón, de 1986, según el cual, si un ayuntamiento falsea el padrón el INE puede sustituirlo.

En su lugar, el INE remite los casos sospechosos (110 municipios han aumentado su censo más del 10% en seis meses) a la Junta Electoral Central. Este organismo, encargado de garantizar el juego limpio en las elecciones, ignoró durante semanas el informe de los 68 ayuntamientos que no habían explicado el aumento del censo. El lunes pasado, la Junta vio por fin el informe y concluyó que enviaría a la fiscalía los casos poco claros. La fiscalía tiene pocos medios y menos tiempo. En 2003 hubo "numerosos casos de irregularidades", según el Gobierno, y 2007 va por el mismo camino. El sistema permite la impunidad.