El Parlamento reclama que el AVE no afecte a la mina de Villar Mir

El Parlamento gallego reclamó ayer por unanimidad al Ministerio de Fomento que compatibilice el AVE Santiago-Ourense con la explotación de la mina de Serrabal, propiedad del empresario Juan Miguel Villar Mir. Tres semanas después de que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, rechazase tajantemente "dilaciones" en la ejecución de la obra, el grupo socialista sumó sus votos a PP y BNG para reclamar que el trazado no impida que continúe la extracción de cuarzo. Política Territorial insistió en que el tramo "no afectará" a la mina ni al empleo.

En realidad, el conflicto por la afección del trazado del AVE a la mina de Serrabal ya influye en la ejecución de la entrada de la alta velocidad en Galicia, puesto que los dos subtramos que atraviesan el filón son los únicos que no están en obras entre Ourense y Santiago, pese a estar ya adjudicados. El motivo consiste en las reivindicaciones del empresario y las protestas de los trabajadores, apoyadas por los principales sindicatos gallegos. Villar Mir cifró en 900 millones de euros la indemnización necesaria para abandonar una explotación que caduca en 2008.

Como reacción a la aprobación de la iniciativa en el Parlamento, la Consellería de Política Territorial garantizó que las obras "en ningún caso ponen en peligro" la explotación de la mina ni suponen "una reducción de los puestos de trabajo". En la misma línea que la consellería de María José Caride, el presidente de la Xunta resaltó el pasado 29 de marzo que Galicia "no puede esperar más por el AVE".

El acuerdo parlamentario de ayer es consecuencia de una proposición no de ley del grupo popular, que se tramitó de forma urgente ante la "indefinición existente en el Ministerio de Fomento", según explicó el diputado del PP Ángel Bernardo Tahoces. El parlamentario dio por válidas las revindicaciones de Villar Mir sobre la supuesta destrucción de 1.660 puestos de trabajo, contando los de la propia mina, en los términos municipales de Vedra y Boqueixón, y los de las fábricas de Ferroatlántica en Cee, Dumbría y Arteixo.

Tahoces reclamó abiertamente un cambio de trazado, solución que en su opinión "no tiene por qué conllevar un retraso" en la ejecución del tramo de alta velocidad, pues, según precisó, "existen nueve tramos" entre Santiago y Ourense, por lo que abogó por una solución que se acompase con la ejecución de los subtramos restantes.

Aunque los socialistas apoyaron la iniciativa, su portavoz de infraestructuras, Abel Losada, insistió en que la compatibilidad entre el AVE y la mina "no debe afectar en ningún caso a los plazos". "Si Fomento cree que puede variar el trazado sin afectar a los plazos, de acuerdo, pero las fechas de entrada en servicio son irrenunciables", explicó el diputado del PSOE. Losada agregó que los socialistas pretenden con la iniciativa parlamentaria que se apliquen "medidas correctoras". El parlamentario socialista acusó a Villar Mir de pretender "dar un pelotazo" con su reclamación de 900 millones de euros de indemnización, cuando, según precisó Losada, las obras del AVE no afectan a toda la mina, sino a 1.700 metros cuadrados de un total de 2.700. "El empresario está en la estrategia del negocio", acusó.

La proposición no de ley contó con el apoyo del BNG, cuyo diputado Fernando Blanco Parga acusó al PP de no haber tenido en cuenta "la afectación laboral" a los trabajadores de Serrabal, cuando los gobiernos de Aznar y Fraga proyectaron el trazado. Blanco añadió que hasta 2004 no se encargó ningún estudio para conocer cómo afectaría el trazado de la alta velocidad a la mina.