El PSOE suaviza el control de los ingresos de las fundaciones políticas
Los partidos ultiman la reforma de la ley que regula su financiación
![Anabel Díez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6a03a8da-a77f-4658-abe7-524da5d9d3a4.png?auth=3852c5380b3aef50545c6c0ffd184b9a56111a1fc7d417bb484bd779ae62222b&width=100&height=100&smart=true)
Los partidos políticos no podrán recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, y las que realicen personas físicas o jurídicas no podrán superar los 90.000 euros anuales. En el caso de las fundaciones, el tope estará en 120.000 euros. Estos requisitos figuran en la proposición de ley de financiación de partidos que ha elaborado el PSOE, tras incorporar propuestas de todos los partidos, sobre la base de un proyecto de ERC.
Los socialistas han accedido a las peticiones del PP para rebajar el control de las fundaciones, a las que el PSOE pretendía fiscalizar todos sus ingresos y no sólo las donaciones. Además, la proposición de ley restablece la capacidad del Gobierno para retirar subvenciones a grupos ilegalizados.
Fuentes parlamentarias, que recuerdan que el eje de la reforma de la ley de financiación de los partidos ha sido un proyecto de ERC, coinciden en que esta vez se está cerca de lograr un acuerdo definitivo. La actual regulación data de hace casi 20 años. Las principales dificultades para alcanzar el consenso han estado siempre en las resistencias a eliminar el anonimato y la opacidad de los ingresos privados, si bien el 90% de la financiación seguirá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
El último borrador redactado por el PSOE de la mano del portavoz adjunto del Grupo Socialista, Francisco Fernández Marugán, y que acaban de recibir todos los grupos parlamentarios, tiene muy en cuenta las objeciones del PP. Además de los acuerdos alcanzados en las conversaciones muy intensas entre Fernández Marugán y el portavoz adjunto del PP Vicente Martínez Pujalte, el PSOE ha incorporado propuestas de IU-ICV, CiU, PNV y BNG. La ponencia parlamentaria para el estudio de la ley se convocará dentro de diez días.
Estos son los aspectos fundamentales de la ley, empezando por los últimos escollos.
- Fundaciones. "Las donaciones que reciban las fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control y al régimen sancionador previsto para los partidos políticos, es decir, el Tribunal de Cuentas. Las donaciones que reciban las fundaciones obligatoriamente serán públicas y tendrán un límite por persona física o jurídica y año de 120.000 euros. Las donaciones efectuadas por personas jurídicas por importe superior a 90.000 euros precisarán que la entidad donante formalice en documento público la donación de que se trate".
El acercamiento con el PP se ha producido porque la fiscalización alcanzará sólo a las donaciones y no a todos los ingresos de las fundaciones ya que éstas, según reconoce el PSOE, ya son fiscalizadas por otros mecanismos, especialmente por la Intervención General del Estado.
- Retirada de subvenciones. Iniciado el procedimiento de ilegalización de un partido político, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos, la autoridad judicial, a propuesta del Ministro del Interior, podrá acordar, de modo cautelar, la suspensión de la entrega al partido afectado de recursos procedentes de la financiación pública, cualquiera que sea su tipo de naturaleza.
- Donaciones privadas. Los partidos no podrán aceptar directa o indirectamente donaciones anónimas, y las procedentes de una persona física o jurídica tendrán como límite 90.000 euros anuales. Los partidos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil de ninguna naturaleza. Cualquier ingreso procedente de actividades propias del partido o rendimientos procedentes de la gestión de su patrimonio precisarán la identificación del transmitente cuando la transmisión patrimonial al partido político sea igual o superior a 200 euros.
- Justificación de cuotas. Las cuotas de los militantes tendrán que realizarse a través de una cuenta corriente abierta exclusivamente a este fin, con identificación del afiliado o mediante ingreso nominativo en la cuenta que designe el partido. Las restantes aportaciones privadas deberán abonarse en una cuenta distinta y la entidad donde se realice la imposición estará obligada a extender un documento acreditativo.
- Subvenciones y seguridad. El Estado otorgará a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento. Se ha añadido en la última versión este apartado: "Igualmente, podrá incluirse en los Presupuestos del Estado una asignación anual para sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos para mantener su actividad política o institucional".
- Escaños y votos. Las subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones. Se dividirá la consignación presupuestaria en tres cantidades iguales: una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños obtenidos en las últimas elecciones al Congreso y las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones. La distribución en el ámbito autonómico tendrá los mismos criterios que en esta futura ley.
- Fiscalización y sanción. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos. Cuando un partido obtenga donaciones que contravengan los límites y requisitos de esta ley, el Tribunal de Cuentas impondrá una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento.Las entidades que hubieran mantenido relaciones de naturaleza económica con los partidos políticos estarán obligadas, si son requeridas por el Tribunal de Cuentas, a proporcionar a éste la información y justificación detallada de sus operaciones.
![El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido (izquierda), y el portavoz adjunto del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/F3M3PXTJLV7YAZZS7I6U7VQNT4.jpg?auth=d6b2541d878ecc6ffe85d793d548e3f9e580ca0153c339564785f38be1729b78&width=414)
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