La fiscal rebaja de 39 a 29 años la petición de pena para los tres etarras de la 'caravana de la muerte'

La fiscal Blanca Rodríguez rebajó ayer de 39 a 29 años de prisión las penas que solicita para cada uno de los tres etarras que presuntamente participaron en la denominada "caravana de la muerte" de Cañaveras, con la que pretendían hacer estallar 536 kilos de cloratita y Titadyn en un polígono industrial próximo a la Avenida de América de Madrid.

La rebaja obedeció a una cuestión técnica, al apreciar un concurso ideal de delitos -atentado terrorista en grado de tentativa y transporte de explosivos- en lugar de un concurso real, por lo que procedía aplicar la pena más alta pero sólo de uno de los dos delitos.

La fiscal realizó un informe muy sólido jurídicamente que mereció la adhesión del letrado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan Carlos Rodríguez Segura. Este letrado se había mantenido firme y reclamaba los 39 años de cárcel para cada acusado en sus conclusiones definitivas, pero tras escuchar el informe de la fiscal rebajó también la pena que solicitaba.

Blanca Rodríguez recordó cómo los peritos habían señalado que la bomba de la furgoneta de la llamada caravana de la muerte "habría sido devastadora" y analizó cómo los tres etarras se habían repartido las funciones, descartando que Beñat Barrondo hubiera renunciado a su pertenencia a ETA, sino que continuó siendo miembro de la banda hasta ser detenido. "A pesar de decir que dejaba la organización, Barrondo accedió a ayudar al comando en la acción de Baqueira, donde iba a actuar como lanzadera; entregó un croquis de un aparcamiento en Llodio al dirigente de ETA Gorka Palacios para que fuera objetivo de la banda y proporcionó los teléfonos móviles utilizados por los miembros del comando en la acción de Cañaveras", aseguró la fiscal.

El abogado de la AVT, al contrario que en la jornada anterior, no realizó ninguna mención a la posible vinculación de los tres etarras con los atentados del 11-M, base de la denominada teoría de la conspiración. En su informe, Rodríguez Segura no hizo alusión alguna a las preguntas formuladas el día anterior sobre Morata de Tajuña, ni tampoco a que ha solicitado su testimonio en el juicio del 11-M por una supuesta vinculación con los islamistas. Simplemente pidió la condena de los etarras.

Por su parte, el abogado de Barrondo, Iñigo Iruin, dijo que estaba demostrado que su cliente había dejado ETA y que aunque pedía la absolución, se le podría condenar a cinco años por pertenencia a banda armada. Iker Urbina, abogado de los otros dos, reclamó la absolución, a pesar de que los etarras asumieron en el juicio todas las acciones.