El Supremo estudia que el pleno de la Sala Penal resuelva el 'caso Bono'

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estudia que sean sus 14 miembros en pleno, y no una sección de cinco magistrados, los que resuelvan el recurso de casación del caso Bono. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a tres policías a entre tres y cinco años de cárcel por la detención de dos militantes del PP presentes en una manifestación en la que se produjo un intento de agresión al entonces ministro de Defensa José Bono.

La decisión de que sea el pleno de la Sala y no una sección depende, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, de su presidente, Juan Saavedra, o de que lo solicite la mayoría de los magistrados que la forman (actualmente 14) por ser necesario "para la Administración de justicia". Normalmente, se adopta para casos especialmente trascendentes como lo fue la adopción de la doctrina Parot, en el que el Supremo modificó el sistema de cumplimiento de penas aplicando las redenciones de condena a cada una de las impuestas sucesivamente, o, en el ámbito de la Audiencia Nacional, el próximo acuerdo sobre la prisión atenuada para el etarra Iñaki de Juana por su grave estado de salud.

En caso de que la Sala o su presidente decidan que el caso Bono tiene la suficiente entidad, las dos detenciones ilegales y la falsedad documental por las que fueron condenados los policías declarados responsables de la detención de los afiliados del PP en la manifestación tendrán un tratamiento procesal semejante a los casos de Parot y De Juana. Fuentes judiciales aseguran que la doctrina del Tribunal Supremo sobre esos delitos está acreditada por un amplio número de sentencias.

"Sentir mayoritario"

Fuentes del alto tribunal aseguran que en los últimos días, el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados que la conforman han mantenido contactos para tomar una decisión sobre la cuestión. "El sentir mayoritario de sus miembros es que debe ser el pleno el que se pronuncie", aseguran fuentes del Tribunal Supremo. La decisión, según esas mismas fuentes, se materializará en los próximos días mediante una providencia que se enviará a las partes.

El PP (al que pertenecen los entonces detenidos Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz), los tres policías condenados, la Abogacía del Estado y el fiscal, han anunciado o presentado recursos de casación por estar en desacuerdo (aunque no por los mismos motivos) con el fallo de la Audiencia de Madrid.

Los hechos se produjeron en una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el 22 de enero de 2005, en la que el entonces ministro de Defensa José Bono sufrió un intento de agresión. Los policías detuvieron a Barrios (que blandió un palo cerca de Bono) y De la Cruz por su supuesta implicación en el incidente, pero la Audiencia de Madrid consideró que ese arresto fue arbitrario e ilegal.