Bruselas exime a la M-30 de declaración ambiental, pero exige informes parciales

Las obras de la M-30, que estarán finalizadas en mayo, no tendrán que someterse a declaración de impacto ambiental. Ésa es la decisión adoptada por la Comisión Europea y dada ayer a conocer por el Ayuntamiento de Madrid. El organismo europeo exige, sin embargo, informes parciales sobre los tramos ya ejecutados y una declaración completa sobre el proyecto que queda pendiente para la siguiente legislatura. El Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón presenta la decisión como un triunfo, mientras PSOE e IU consideran que es una "reprimenda" a su gestión.

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, ha emitido un dictamen sobre la reforma de la M-30 tras una pregunta del eurodiputado socialista Carlos Carnero. El escrito fechado hace una semana, califica como "realistas, justificados y aceptables" tanto el procedimiento como el calendario propuesto por el Ayuntamiento para poner fin al expediente sancionador abierto por la Comisión por la falta de evaluación ambiental de las obras de la M-30.

El equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón dispone ahora, de acuerdo con su propuesta, de 10 meses, hasta octubre próximo, para elaborar el estudio ambiental equivalente de los proyectos ya ejecutados o en ejecución. Además, entre enero y diciembre de este año, deberá elaborar los estudios ambientales y la documentación técnica para realizar la evaluación de impacto ambiental de los proyectos no iniciados y, entre enero y septiembre de 2008, tramitar el procedimiento de evaluación ambiental.

"Vía jurídica cerrada"

"Esta decisión dada ayer a conocer supone que el procedimiento completo de evaluación ambiental que demandaban la oposición, organizaciones ecologistas y asociaciones de vecinos para el conjunto de la reforma de la M-30, sólo se realizará para los dos proyectos que componen el by-pass norte y el de su conexión con la autovía A-1", anunció el alcalde. "Aunque sí se evaluará la totalidad de los impactos de la reforma, incluidos los acumulados del conjunto de la modificación de la M-30". Y proclamó: "La vía jurídica está cerrada".

En la oposición las cosas se ven de distinta manera. El portavoz municipal socialista, Óscar Iglesias, ve en el pronunciamiento de la Comisión Europea "una rotunda victoria de los vecinos y una derrota en toda regla de Gallardón, porque van a llevarse a cabo los preceptivos estudios de impacto ambiental sobre todos los proyectos del soterramiento de la M-30".

El portavoz socialista considera "un sarcasmo" que Ruiz-Gallardón diga que ahora se cierra un conflicto jurídico y quiera apuntarse la decisión de la Comisión Europea como una victoria. "Es todo lo contrario. Se pone de manifiesto que lo que debió hacerse en el momento oportuno va a llevarse a cabo con parte de las obras terminadas deprisa y corriendo", asevera.

Iglesias, además, ve otra pega: la M-30 costará más. "La investigación de la Comisión Europea le obliga a rectificar, mientras ha acelerado las obras haciendo caso omiso de la situación; y ahora, cuando lleguen las medidas correctoras o compensatorias, habrá que realizar más obras para introducirlas, cuando todo ello se hubiera evitado respetando desde un primer momento la legislación europea".

Esta resolución parte de las preguntas formuladas en 2004 por el eurodiputado Carlos Carnero. "Los ciudadanos madrileños hemos visto reconocidas nuestras legítimas demandas por la UE, mientras que Ruiz-Gallardón ha recibido el suspenso que se merecía, que terminará haciendo pagar al conjunto de la ciudad por su intento de ignorar la ley europea".

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, aconsejó al alcalde: "No pierda el tiempo en triunfalismos sonrojantes y aplíquese en el cumplimiento de los requisitos que le impone la Unión Europea en las obras de la M-30". Sabanés recordó que el procedimiento no está cerrado, pues a instancias de IU sigue su curso en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. "A Gallardón le han dejado en evidencia las instituciones europeas por vulnerar y saltarse la normativa comunitaria en su obra, por mucho que ahora trate de presentarlo como un éxito y un carpetazo al conflicto que no es tal", precisó.

La portavoz de IU cree que cuando la Comisión reciba los informes parciales de la M-30 obligará a realizar modificaciones a las obras ya ejecutadas. "Eso supondrá nuevos incrementos en el precio de la obra. Está claro que una de las cosas que se tendrán que cambiar son las chimeneas que se han hecho en la zona sur", apostilló.

La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, y en vista de la situación, ya anunció en junio, tras reunirse con los eurodiputados, que el Ayuntamiento realizará una declaración de impacto ambiental para las tres obras de la M-30 aún no iniciadas: los dos túneles del by-pass norte y un tercer túnel que unirá aquéllos con la A-1.

Esas obras no van a realizarse en este mandato, porque dependen de que se ponga en marcha la Operación Chamartín. "No estamos obligados a nada, hemos cumplido la ley desde el primer día. Pero para mostrar nuestra buena fe, vamos a proponerle esta solución a la Comisión Europea", dijo Martínez. Bruselas abrió expediente a España el pasado abril porque consideraba que la M-30 era una carretera (no una vía urbana) y que su reforma requería estudios ambientales.