Foster tropieza en Cangas

Residencial Marina Atlántica, S.A., sociedad participada por Atlántico Construcciones y Caixanova, ha relanzado su proyecto para construir un complejo náutico, residencial (de 700 a 800 viviendas) y comercial en Cangas con la firma de Norman Foster, tras ser anulado en abril del año pasado con el conjunto del Plan General de Urbanismo (PGU) del municipio. La solicitud de una modificación de las normas subsidiarias, que hasta la aprobación del nuevo plan rigen el urbanismo, ya está en el ayuntamiento. Pero el proyecto, con un presupuesto de 200 millones de euros, y su punta de lanza, el puerto deportivo, no echan a andar por el obstruccionismo del vecindario, que tiene paralizadas las obras desde hace 14 meses.

Un grupo de vecinos tiene paralizadas las obras del complejo desde hace 14 meses

El proyecto prevé una inversión de 200 millones y construir 800 viviendas

El PGU de Cangas fue retirado por clamor popular. "Estuvo mal explicado", coinciden en afirmar el alcalde, José Enrique Sotelo (PP), y los promotores de Marina Atlántica, Ubaldino Rodríguez Bello y Ángel López Corona. El proyecto de Foster fue arrastrado, según ellos, por la marea que levantó el rechazo de la población a otras soluciones del PGU. "Estamos en un momento político delicado y nosotros no somos políticos, sino empresarios, y víctimas", dice Rodríguez Bello. También hay ganadores. Frigoríficos do Morrazo, por ejemplo. En 1990 compró a los ex trabajadores de la fábrica de conservas Massó los derechos sobre la concesión marítimo terrestre de O Salgueirón, la finca donde estaba la fábrica. Fue en tercera subasta y pagó 65 millones de pesetas. Así empezó a hacerse con los restos del imperio Massó.

O Salgueirón medía 17 hectáreas destinadas a fábrica de conservas, rampas y varaderos. La concesión para ese uso era lo que había comprado Frigoríficos con las bendiciones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Esos terrenos son la parte del león del polígono urbanístico por el que Marina Atlántica pagó a Frigoríficos, cinco años después, 3.500 millones de pesetas.Pero Marina Atlántica no ha conseguido superar aún los primeros escollos. O Salgueirón, en el centro de Cangas y en el lugar más privilegiado de la ría de Vigo, era y sigue siendo suelo industrial. Fue más sencillo dar el cambiazo a los usos de la concesión. La Autoridad Portuaria lo hizo en diciembre de 2003. Convocó un concurso para construir un puerto deportivo, que era mera formalidad: el proyecto ya se estaba desarrollando.

También era preceptivo un informe de la Consellería de Pesca. Pero no aparece. Todavía en febrero de 2005, la Autoridad Portuaria hacía notar que lo había pedido y no recibido, aunque en el registro consta su salida para Frigoríficos del Morrazo el 30 de julio de 2004 y su entrada el 7 de enero de 2005. Para entonces su contenido era de dominio públco. Pesca señalaba que para la revocación de las autorizaciones marisqueras afectadas era necesaria la declaración de utilidad pública del puerto, que no se ha presentado. Tampoco se ha cumplido el requisito de expropiación de derechos de los mariscadores.

La Autoridad Portuaria, con todo, otorgó a Marina Atlántica la concesión para construir el puerto el 15 de marzo de 2005 "Para mí es un asunto heredado", responde el socialista Abel Caballero, que relevó a Julio Pedrosa (PP) como presidente de la Autoridad Portuaria en septiembre de 2005. "Me he limitado a tramitarlo, una vez resueltos todos los recursos".

La vía libre al puerto se estrelló, sin embargo, en el ayuntamiento. El convenio que permitía desarrollar el proyecto en tierra se supeditaba a la aprobación del PGU, y en abril éste fue retirado. El Ayuntamiento ya había cobrado, y gastado, 1,5 millones de euros a cuenta de la aprobación, "una bagatela para lo que puede recibir cuando el polígono se construya", dice el alcalde . "Hay que poner en valor y regenerar esa parcela", aduce, "y antes o después, alguien lo hará".

Marina Atlántica intenta ahora la vía de modificar las normas subsidiarias. hasta que haya nuevo plan general, que le permitiría tramitar el proyecto en un plazo de seis a nueve meses. Los argumentos los pone un reconocido experto, Francisco Jiménez Cisneros, abogado madrileño que ya trabajó para el Ayuntamiento de Cangas como asesor del defenestrado PGU y en la tramitación del puerto deportivo. Pero "el delicado momento político", con el sector urbanístico en jaque y las elecciones por medio, es lo que más inquieta a los promotores.