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Reportaje:

Foster tropieza en Cangas

Los promotores relanzan el polémico puerto deportivo al margen del plan de urbanismo

Residencial Marina Atlántica, S.A., sociedad participada por Atlántico Construcciones y Caixanova, ha relanzado su proyecto para construir un complejo náutico, residencial (de 700 a 800 viviendas) y comercial en Cangas con la firma de Norman Foster, tras ser anulado en abril del año pasado con el conjunto del Plan General de Urbanismo (PGU) del municipio. La solicitud de una modificación de las normas subsidiarias, que hasta la aprobación del nuevo plan rigen el urbanismo, ya está en el ayuntamiento. Pero el proyecto, con un presupuesto de 200 millones de euros, y su punta de lanza, el puerto deportivo, no echan a andar por el obstruccionismo del vecindario, que tiene paralizadas las obras desde hace 14 meses.

Un grupo de vecinos tiene paralizadas las obras del complejo desde hace 14 meses

El proyecto prevé una inversión de 200 millones y construir 800 viviendas

El PGU de Cangas fue retirado por clamor popular. "Estuvo mal explicado", coinciden en afirmar el alcalde, José Enrique Sotelo (PP), y los promotores de Marina Atlántica, Ubaldino Rodríguez Bello y Ángel López Corona. El proyecto de Foster fue arrastrado, según ellos, por la marea que levantó el rechazo de la población a otras soluciones del PGU. "Estamos en un momento político delicado y nosotros no somos políticos, sino empresarios, y víctimas", dice Rodríguez Bello. También hay ganadores. Frigoríficos do Morrazo, por ejemplo. En 1990 compró a los ex trabajadores de la fábrica de conservas Massó los derechos sobre la concesión marítimo terrestre de O Salgueirón, la finca donde estaba la fábrica. Fue en tercera subasta y pagó 65 millones de pesetas. Así empezó a hacerse con los restos del imperio Massó.

O Salgueirón medía 17 hectáreas destinadas a fábrica de conservas, rampas y varaderos. La concesión para ese uso era lo que había comprado Frigoríficos con las bendiciones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Esos terrenos son la parte del león del polígono urbanístico por el que Marina Atlántica pagó a Frigoríficos, cinco años después, 3.500 millones de pesetas.Pero Marina Atlántica no ha conseguido superar aún los primeros escollos. O Salgueirón, en el centro de Cangas y en el lugar más privilegiado de la ría de Vigo, era y sigue siendo suelo industrial. Fue más sencillo dar el cambiazo a los usos de la concesión. La Autoridad Portuaria lo hizo en diciembre de 2003. Convocó un concurso para construir un puerto deportivo, que era mera formalidad: el proyecto ya se estaba desarrollando.

También era preceptivo un informe de la Consellería de Pesca. Pero no aparece. Todavía en febrero de 2005, la Autoridad Portuaria hacía notar que lo había pedido y no recibido, aunque en el registro consta su salida para Frigoríficos del Morrazo el 30 de julio de 2004 y su entrada el 7 de enero de 2005. Para entonces su contenido era de dominio públco. Pesca señalaba que para la revocación de las autorizaciones marisqueras afectadas era necesaria la declaración de utilidad pública del puerto, que no se ha presentado. Tampoco se ha cumplido el requisito de expropiación de derechos de los mariscadores.

La Autoridad Portuaria, con todo, otorgó a Marina Atlántica la concesión para construir el puerto el 15 de marzo de 2005 "Para mí es un asunto heredado", responde el socialista Abel Caballero, que relevó a Julio Pedrosa (PP) como presidente de la Autoridad Portuaria en septiembre de 2005. "Me he limitado a tramitarlo, una vez resueltos todos los recursos".

La vía libre al puerto se estrelló, sin embargo, en el ayuntamiento. El convenio que permitía desarrollar el proyecto en tierra se supeditaba a la aprobación del PGU, y en abril éste fue retirado. El Ayuntamiento ya había cobrado, y gastado, 1,5 millones de euros a cuenta de la aprobación, "una bagatela para lo que puede recibir cuando el polígono se construya", dice el alcalde . "Hay que poner en valor y regenerar esa parcela", aduce, "y antes o después, alguien lo hará".

Marina Atlántica intenta ahora la vía de modificar las normas subsidiarias. hasta que haya nuevo plan general, que le permitiría tramitar el proyecto en un plazo de seis a nueve meses. Los argumentos los pone un reconocido experto, Francisco Jiménez Cisneros, abogado madrileño que ya trabajó para el Ayuntamiento de Cangas como asesor del defenestrado PGU y en la tramitación del puerto deportivo. Pero "el delicado momento político", con el sector urbanístico en jaque y las elecciones por medio, es lo que más inquieta a los promotores.

Pleitos por mar y por tierra

El convenio para construir en O Salgueirón está pendiente de un recurso de nulidad presentado por el concejal de la Frente Popular Galega, Mariano Abalo, y cada día un grupo de vecinos del Foro Social montan guardia y dan la alarma si las máquinas reanudan las obras del puerto deportivo: se interponen y no las dejan trabajar. Así, desde el 3 de octubre del año pasado, con algún intercambio de golpes y denuncias y el acompañamiento constante de la Guardia Civil, que toma nota y va elevando la pila de las denuncias. A los promotores les parece poco vigorosa la actuación de las autoridades.

"No podemos convertir a la Guardia Civil en una guardia privada", defiende Delfín Fernández, subdelegado del Gobierno en Pontevedra. "Tenemos que garantizar también la seguridad ciudadana, y aquí no hay líneas rectas: mi primera obligación es vigilar por la paz social". La solución, según él, no está en poner más policías. Los jueces que han recibido a diario denuncias tampoco han reclamado más fuerza. Nadie puede asegurar que poner escolta al movimiento de las obras no tuviera precisamente el efecto contrario.

El puerto deportivo ocupa una lámina de agua de 64.879 metros cuadrados para dar 420 amarres, dentro de un espigón de 600 metros, que avanza 312 mar adentro. Este puerto y el paseo marítimo, según los promotores, regenerarían la zona, ahora abandonada y sometida a los vertidos.

La cofradía de San Xosé, sin embargo, ha presentado contenciosos contra el cambio de uso de O Salgueirón e insiste en reclamar que se paralicen las obras. Entienden que el nuevo puerto podría modificar las dinámicas de la ría y anular una importante zona de cría de pesca.

En tierra, Marina Atlántica quiere, con la firma de Foster, convertir la antigua factoría de Massó en un centro comercial, construir un hotel de cinco estrellas, un museo de la ballena, un anfiteatro al aire libre y una urbanización que ocuparía el 10% del solar para levantar de 700 a 800 viviendas en edificios con un máximo de cuatro alturas sobre bajo. Promete 50.000 metros cuadrados de zona verde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de diciembre de 2006

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