El Gobierno admite que la 'kale borroka' impide avances en el proceso de paz

La persistencia de la kale borroka (lucha callejera) se ha convertido en un serio obstáculo que "impide avanzar al proceso de paz", según admiten fuentes del Gobierno. Tras el final de la huelga de hambre que mantenía el etarra Iñaki de Juana Chaos, hace una semana, la violencia ha continuado, en contra de lo que se esperaba en La Moncloa, lo que dificulta el desbloqueo del proceso. La resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005 prevé avanzar en el diálogo con ETA si la banda terrorista muestra previamente una "actitud inequívoca" de dejar la violencia.

El Ejecutivo, pese a todo, considera que el proceso no está en riesgo de ruptura

El PSE atribuye los nuevos actos de violencia a sectores disidentes de Batasuna

El Gobierno calculaba que el final de la huelga de hambre que mantenía en la cárcel el etarra De Juana Chaos -se mantuvo 63 días en ayuno-, iba a amainar la kale borroka, dado que su rebrote se inició el 18 de agosto, presumiblemente al hilo de dicha protesta. No ha sido así.

Tras las violentas acciones del viernes pasado en Durango y Basauri, el entorno de ETA lanzaba ayer pintura roja y amarilla contra las fachadas de los batzokis (sedes sociales del PNV) de la localidad vizcaína de Getxo y del municipio guipuzcoano de Eibar, y quemaba con cócteles molotov el cajero automático de una sucursal de la Caja Vital en Vitoria.

Ya la noche anterior la capital alavesa había vivido una concentración en favor de los presos de ETA, al término de la cual se produjeron diversos brotes violentos. Los participantes de la marcha provocaron disturbios que terminaron con una decena de contenedores quemados en distintas zonas de la ciudad, cajeros automáticos arrasados así como varios coches particulares y mobiliario urbano.

Ese mismo viernes, la Ertzaintza había detenido en Vitoria a dos jóvenes, Ibai Peña e Igor Mallora, acusados de participar en la kale borroka, durante los últimos meses. Ayer ingresaron en prisión, a petición de la fiscalía, tras comparecer ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

El Gobierno sigue de cerca la actitud del entorno de ETA, y ahora, menos optimista, teme que la kale borroka pueda continuar en la medida que la banda la vincula a la situación de los presos etarras y no sólo a la huelga de hambre, ya finalizada, de De Juana, en contra de lo que se pensaba inicialmente en La Moncloa. El próximo 27 de octubre se celebra en la Audiencia Nacional el juicio a De Juana por los dos artículos que escribió en el diario Gara y cuya petición fiscal, de 96 años, será sensiblemente disminuida, según fuentes de la fiscalía.

Paralelamente, los familiares de presos de ETA presionan en contra de la política penitenciaria del Gobierno y de la llamada doctrina Parot, que ha implicado el alargamiento de la permanencia en la cárcel de presos de ETA, con largas condenas prácticamente cumplidas, por una revisión de la contabilización de las penas al alza, a través de una resolución del Tribunal Supremo.

Ante el clima de tensión que el rebrote de la kale borroka ha originado en las calles de Euskadi, el PSE ha apuntado, por vez primera, que hay sectores de Batasuna que pretenden hacer descarrilar el proceso. El secretario general socialista de Álava, Txarli Prieto, dijo ayer que "la izquierda abertzale no tiene más remedio que condenar estos actos o asumir que permite que algunos revienten el proceso". Según Prieto, "cada vez tenemos menos dudas de que en la izquierda abertzale hay personas cuya determinación es provocar el fracaso del proceso". Y aseguró que estos actos violentos no pueden "quedar impunes".

Aún así, el Gobierno, pese a la preocupación que le suscita la kale borroka, cree que el proceso no está en riesgo de ruptura. Según el calendario previsto, tras el paréntesis veraniego, en estas fechas tendría que haber iniciado los contactos oficiales con ETA, pero evita pronunciarse sobre los mismos. En tales contactos, la exigencia de desaparición de la kale borroka es una prioridad gubernamental.

El jueves pasado, durante la celebración de la Fiesta Nacional, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero adelantó a la prensa, en el Palacio Real, que no habría información sobre los contactos con ETA. Justificó esta decisión en la salvaguarda de la seguridad de sus participantes y en las propias garantías del proceso.

Dejando de lado la cuestión de los contactos, lo que el Gobierno sí admite es que la kale borroka impide avanzar el proceso del final dialogado de ETA. Por un lado, la banda, en el comunicado en el que anunció el alto el fuego permanente, del 22 de marzo de 2006, se comprometía a que el cese de la violencia se extendiera a todos los terrenos, incluida la lucha callejera.

Por otra parte, la resolución parlamentaria de mayo de 2005, basada en el Pacto de Ajuria Eenea, de 1988 -apoyado por todos los partidos-, y en la que se basa el actual proceso de paz, aclara que si ETA ofrece "actitudes inequívocas" que puedan conducir a un final de la violencia, los partidos democráticos apoyarán el diálogo entre el Gobierno y la banda.

En esta posición de exigencia a ETA no sólo se sitúan el Gobierno y el Partido Socialista de Euskadi. También se sitúa el PNV. Su líder, Josu Jon Imaz, ha manifestado reiteradas veces que sólo habrá acuerdo político en la mesa de los partidos vascos -en la que el PNV es uno de los tres partidos claves- en ausencia total de la violencia.

Tanto el Gobierno del PP como el PNV mantuvieron una actitud distinta en el anterior proceso de paz fallido, el de 1998-99. En aquella ocasión, ni el Gobierno ni el PNV denunciaron la kale borroka como obstáculo del proceso y, de hecho, no sólo no impidieron los contactos entre el Ejecutivo de José Maria Aznar y Batasuna, en diciembre de 1998, y el Ejecutivo y ETA, en mayo de 1999, sino que, incluso, acercaron presos a las cárceles vascas aún con violencia en la calle. Tampoco consta en las actas, conocidas meses después, que el Gobierno del PP, en tales conversaciones, hubiera exigido a ETA expresamente el cese de la violencia callejera.

Sin embargo, se han producido avances en las últimas semanas en los contactos bilaterales y secretos entre los partidos vascos -incluida Batasuna- para llegar a un preacuerdo sobre la metodología, funcionamiento y objetivos de la futura mesa de partidos.

Algunas fuentes estiman que el preacuerdo puede alcanzarse en las próximas semanas, antes de que acabe noviembre. No obstante, la mesa de partidos no se materializará públicamente hasta que Batasuna sea legal. Esta exigencia es compartida por el PSE y el PNV.

Batasuna, que dispone de varias fórmulas para presentarse a las elecciones municipales de mayo -un objetivo irrenunciable para esta formación-, no tiene prisa en legalizarse. Todo apunta a que agotará el plazo hasta las primeras semanas de 2007.

El Gobierno ha sugerido a la izquierda abertzale que la fórmula para que su legalización no corra el riesgo de ser cuestionada por la vía penal es pasar por la ventanilla de la Ley de Partidos y presentar unos estatutos que rechacen la violencia. El propio presidente garantizó que, en esas condiciones, la vía penal no perjudicaría al nuevo partido. Otras opciones posibles serían la agrupación electoral o una sigla registrada como EHAK.