Las cuentas del sindicato siguen embargadas
Sintrabi, que cuenta con más de 2.000 afiliados, aunque la mayoría trabaja en el Puerto de Bilbao, tuvo problemas para organizar su comparecencia de ayer ante la prensa. Su sede del el barrio bilbaíno de Zorroza, se mantiene cerrada desde el pasado viernes, cuando fue precintada por la Ertzaintza, y tuvo que recurrir a otras asociaciones para convocar a los medios de comunicación en un hotel de Bilbao. Sus cuentas bancarias también están bloqueadas desde hace una semana y los abogados desconocen cuándo se levantaran estas medidas. Algunos de los camioneros se ven afectados en su trabajo, porque, entre la documentación incautada, se encuentran nóminas o albaranes.
Al igual que expresaron el miércoles los empresarios también detenidos -entre ellos, el presidente y el vicepresidente de la patronal de consignatarios y estibadores-, los camioneros creen desproporcionada la operación. "Si nos llaman a declarar [a la Audiencia Nacional], allí habríamos estado". Por el contrario, criticaron que se les mantuviera detenidos hasta el límite legal, antes de ser puestos a disposición judicial. Aseguraron que, en el traslado a Madrid, los furgones hicieron paradas -"lo oímos a los ertzainas"- para agotar el plazo de detención de 72 horas. "Nos parece totalmente desmedido", afirmó Daniel González.
Sobre los interrogatorios, confirmaron que se basaron en las escuchas telefónicas practicadas durante más de un año y que las preguntas formuladas fueron "de lo más banales". "Yo me he ratificado en lo que decía en las conversaciones. Lo que hace Sintrabi no es nada ilegal", aseguró González, quien cuestionó la acusación de que alteren el precio de las cosas cuando en esta actividad "no hay un marco que regule nuestras relaciones". Sintrabi reprochó a la consejera de Transportes y Obras Públicas, Nuria López de Guereñu, que no se haya reunido con ellos, pese a "que se ha pedido varias veces".
Las críticas más duras fueron para las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria, José Ángel Corres, quien señaló que las detenciones habían sido desproporcionadas porque se equiparaba a "quien extorsiona y quienes son extorsionados" [los consignatarios]. Reclamaron su dimisión y, a la vez, "que se retracte públicamente de sus palabras".
