Las autonomías debatirán el reparto de los 700 menores llegados a Canarias

Las comunidades autónomas se enfrentan a una prueba de solidaridad. Canarias ha lanzado varias alertas ante el grave problema que sufre por el elevado número de menores inmigrantes llegados a las islas. Son ya 700 y, al contrario de lo que ocurre con los adultos, el Gobierno no puede legalmente distribuirlos por otras zonas de España. El próximo mes, representantes de todas las autonomías negociarán cómo abordar conjuntamente el reparto. Hasta ayer, sólo Galicia y Cataluña habían dado una respuesta positiva.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, confirmó ayer que en septiembre convocará el Consejo Superior de Política de Inmigración para tratar esa cuestión. Será en ese foro en el que el Gobierno canario plantee la necesidad de que el resto de autonomías acoja a grupos de menores, toda vez que el archipiélago, con una capacidad máxima de acogida de 250 plazas, está totalmente desbordado.

Rumí dice ser consciente de la gravedad del problema, pero advierte de que el Estado no tiene competencias en la tutela y custodia de menores, que corresponden a las regiones. Por eso, añade que el Gobierno no realizará ninguna propuesta de distribución, como hace con los adultos, y que se limitará a "ejecutar el acuerdo, si es que se alcanza".

Las autonomías reaccionaron ayer con cautela a la petición de auxilio de Canarias. Galicia admitió que 50 de sus 945 plazas para menores están libres. La Generalitat catalana puso 10 plazas a disposición. Otras, como Castilla-La Mancha, señalaron que estudiarán diversas opciones cuando tengan más información. Por su parte, Andalucía respondió que también está desbordada con 844 menores acogidos cuando sólo tiene capacidad para 560.