El Consultivo revisará contratos y permutas de suelo de Marbella

La comisión gestora de Marbella persigue revisar con la ley en la mano todas las turbias operaciones urbanísticas de las anteriores corporaciones gilistas. La gestora remitirá al Consejo Consultivo desde el próximo septiembre los cientos de expedientes que estima pueden haber incurrido en graves irregularidades de procedimiento.

Entre estas irregularidades figuran algunas "contrataciones verbales de personal absolutamente prohibidas", aclaró el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, y convenios de permuta entre parcelas municipales y privadas que adolecen de "vicios sustanciales" como la valoración de los terrenos por parte de un perito cualificado. El ejemplo más llamativo se conoció la semana pasada, al trascender que el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, acusa al ex alcalde Julián Muñoz de haber firmado un convenio con CCF21 en noviembre de 2002, por el que esta empresa obtuvo una finca municipal valorada en 1,5 millones de euros a cambio de una que apenas valía 30.000 euros.

Martín Reyes explicó ayer el remozado proceder del consistorio en materia urbanística a partir de ahora. "Tras analizar el expediente, si observamos vicios jurídicos importantes, ordenamos la incoación de un expediente de revisión de oficio que implica darle trámite de audiencia a las partes, para finalmente poner el expediente en conocimiento del Consejo Consultivo".

El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, criticó ayer con contundencia la gestión urbanística municipal que hasta ahora ignoró por sistema al órgano consultor en aquellos asuntos en los que la ley le obligaba a ello y su decisión era preceptiva y vinculante: "El Ayuntamiento de Marbella ha sido un consistorio tradicionalmente infractor de la ley, porque solamente en una ocasión acudió al procedimiento del Consejo Consultivo para someter a dictamen una modificación urbanística", dijo.

"Ante la eventualidad de tener un informe desfavorable, la corporación municipal decidió no someter el expediente urbanístico al dictamen del Consultivo para que no paralizara operaciones urbanísticas", detalló ayer Cano, que aclaró que los inmuebles afectados por estos expedientes pueden ser demolidos o legalizados.

Declaraciones

Los cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta y Soriano, imputados por presunto blanqueo de capitales en el caso Malaya y en prisión desde el pasado 3 de abril, prestaron ayer una segunda declaración ante el juez instructor. Los letrados están acusados de estructurar las sociedades bajo las que el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca escondía su inmensa fortuna. Junto a Manuel Juan Sánchez Zubizarreta y Manuel Sánchez Martín, comparecieron los hermanos Juan Luis y Francisco Soriano Pastor, defendidos ayer por el padre de ambos, Francisco Soriano Zurita, imputado asimismo por el juez, y que salió en libertad bajo fianza de 90.000 euros.