El Tour, en el alambre

A cuatro días de que comience el Tour de Francia, el ciclismo vive más pendiente de sumarios, jueces y conversaciones telefónicas que de aventurar quién será el sucesor de Lance Armstrong en París.

La UCI está pendiente de las investigaciones en España para mover ficha. "Es muy frustrante para nosotros porque queremos hacer algo y deshacernos de los corredores que toman sustancias dopantes, pero sólo podemos tomar decisiones a partir de informaciones oficiales", afirmó en la sede de la Unesco, en París, el presidente de la UCI, Pat McQuaid, durante un debate sobre el dopaje. McQuaid aseguró que hace dos años informó a los organismos españoles de posibles casos de dopaje. "La respuesta fue siempre que el asunto estaba bajo control", se lamentó ayer. "En mayo enviamos otra carta en la que se incluía el nombre del doctor investigado [en referencia a Eufemiano Fuentes]", añadió McQuaid, que aseguró que existe "una necesidad urgente" de decidir los participantes en el Tour.

La UCI avisó hace dos años de posibles casos de dopaje en España, según su presidente

Los 20 corredores del Comunidad Valenciana enviarán sus análisis de sangre al CSD

Fuentes cercanas al Consejo Superior de Deportes (CSD) mostraron ayer su indignación por las insinuaciones de McQuaid de falta de ayuda a la UCI. "¿Pero de qué se queja este hombre?", dicen, "si cuando vino a Madrid a primeros de junio lo hizo para pedir árnica para Manolo Saiz, el hombre que más le había apoyado para el cargo...". "Nosotros le hemos dado todo lo que ha pedido", continúan estas fuentes, "pero, evidentemente, no le podíamos dar datos de una investigación en marcha y mantenida secreta por el juez".

En su visita a Madrid la primera semana de junio, McQuaid comió en privado con Manuel Piñera, presidente de la Fundación Arcoiris, de la UCI, y ex socio de Manolo Saiz en Active Bay, la sociedad propeitaria del Liberty, con quien convino en que una dimisión programada de Manolo Saiz bastaría para asegurar a su equipo la permanencia en el ProTour. Saiz dimitió el día siguiente, pero las últimas revelaciones desbarataron la estrategia,

La carrera francesa retiró hace dos semanas la invitación al Comunidad Valenciana debido a la detención del segundo director del equipo, José Ignacio Labarta, por su implicación en la trama de dopaje, y ayer, los corredores del antiguo Kelme, que lideraron el plante del campeonato nacional el domingo, se pusieron de nuevo en pie de guerra. El CSD recibirá en los próximos días 20 bolsitas de sangre de los 20 corredores del Comunidad Valenciana. Y otras tantas la Federación Española de Ciclismo. Por mucho que ninguno de los dos organismos las haya solicitado. A primera hora de ayer, los 20 ciclistas del equipo valenciano acudieron a una clínica para someterse al obligado control trimestral que impone la UCI. El ritual cambió esta vez con la llegada de un notario, testigo de una serie de extracciones extra que los corredores se realizaron por iniciativa propia "para que sean cotejadas con las incautadas en la Operación Puerto". "Que se demuestre que no pertenecen a ningún miembro del equipo", exigió el alicantino Rubén Plaza.

"Nos están machacando. No tenemos nada que ver con la Operación Puerto", aseguró Vicente Belda, director del equipo. Labarta dejó el cargo tras su detención por la Guardia Civil, pero el Tour fue inflexible. "Los ciclistas están hartos de que los maltraten, son inocentes y no tienen por qué meterles a todos en el mismo saco. Nos gustaría volver a lo de antes, a que se hable de las gestas del ciclismo y no de tanta mierda como nos están tirando encima", dijo Belda. "Somos los únicos a los que no se les respeta la presunción de inocencia. Queremos tratar de lavar una imagen que no hemos hecho nada para que esté tan sucia", comentó Plaza. "Al principio, salió que había muchos deportistas de muchos deportes implicados, pero al final son los ciclistas los que están aquí", puntualizó Latasa.

El Comunidad Valenciana recibe 2,4 millones de euros al año desde enero de 2004 del Gobierno valenciano, patrocinador del equipo. Dos meses antes, el Ejecutivo había saldado una deuda de 800.000 euros de la entidad con Hacienda. "Es inadmisible. Es cada vez más evidente que hay un equipo que ha utilizado sustancias prohibidas en su preparación y esa formación recibe dinero público de la Generalitat. Es alucinante que esto siga así", se quejó ayer Ramon Cardona, diputado autonómico de Izquierda Unida. Para Esteban González Pons, portavoz del Gobierno valenciano, "no hay constancia" de prácticas dopantes en el equipo.