El PP insta a reclamar el peaje de la A-8 cobrado desde 2003

El PP instó ayer a los vizcaínos que utilizan la A-8 a reclamar el dinero "mal cobrado" en los peajes por la Diputación desde hace tres años, tras el fallo judicial que anuló la norma reguladora de estas tarifas. Los populares han facilitado un modelo de recurso que los usuarios deben formalizar antes del fin de este año para evitar la prescripción. Calculan que la institución foral vizcaína debe devolver 150 millones de euros.

El PP de Vizcaya continúa con su cruzada contra el peaje en la autopista que une Bilbao y San Sebastián, al que se han opuesto desde que la gestión de la A-8 pasó a las diputaciones, en junio de 2003. Ese año interpuso una denuncia ante lo que consideraban un nuevo impuesto y por destinar parte del importe a financiar otras carreteras. Tres años después, el pasado 28 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón de manera parcial: rechazó que el peaje -que se redujo entre un 35% y un 50%, según los tramos- fuera un nuevo impuesto, pero lo consideró "contrario a derecho" al destinar los ingresos de la autopista a otras obras y no sólo al mantenimiento de la A-8.

La Diputación de Vizcaya decidió recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo y consideró que, aunque se confirmase la resolución, los principios de la resolución judicial "son inicialmente subsanables", aunque no aclaró como los resolvería.

Los populares han pedido ya al Tribunal Superior vasco la ejecución de la sentencia, una solicitud que no se resolverá hasta después del verano, según afirmó el portavoz en las Juntas Generales, Carlos Olazabal. Para esas fechas también se conocerá si el Supremo admite o no a trámite el recurso de la Diputación.

A la espera de estas resoluciones, el PP invitó ayer a los usuarios vizcaínos a presentar recursos administrativos ante la Diputación y la sociedad Interbiak, la encargada de la gestión de los peajes, reclamando la devolución de las cantidades cobradas. Para ello, han elaborado un modelo de recurso, que está disponible en la página del partido en Internet: www.ppvasco.com. Olazabal insistió en la importancia de realizar este trámite antes de fin de año para evitar la prescripción. "Con este escrito no es posible ninguna artimaña jurídica por parte de la Diputación. Se garantiza que, incluso dentro de cinco años, ninguno [de los usuarios de la A-8] haya perdido sus derechos".

Justificante

El documento debe ir acompañado de un justificante del uso de la autopista, que, según dijo Olazabal, se puede conseguir a través de los pagos realizados con tarjetas bancarias. El PP presentó un documento en que se revela que, de los 45,2 millones de ingresos por peaje en la A-8 en el tramo vizcaíno durante 2004, cerca del 90% -41,8 millones- proceden de tarjetas bancarias y los pagos de la sociedad Bidegi, la que se encarga del canon en el tramo guipuzcoano. "Se tendría que solicitar el documento en cada entidad y acompañar al recurso el justificante original y quedarse con una copia sellada". Este recurso se debería realizar todos los años hasta que los tribunales resuelvan este caso.

El PP entiende que la sentencia, al anular la norma foral que regula el peaje, obliga al pago íntegro del canon, sin restar lo que se ha destinado al mantenimiento de la autopista. "Todo lo hecho está anulado y tienen que devolver lo ingresado", señaló el presidente del PP vizcaíno Antonio Basagoiti. Esta formación calcula que en estos tres años la cantidad se elevaría a 150 millones de euros. Criticó que la Diputación no haya elaborado una nueva norma foral para cumplir la sentencia y busque en cambio alargar el proceso en los tribunales.