Estado de pánico en el 'Ministerio del Caos'
La cartera de Interior británica atraviesa un pésimo momento mientras los diarios denuncian una ola de delincuencia en el país
El antaño prestigioso Home Office, el Ministerio del Interior británico, vive una crisis sin precedentes. La excarcelación de extranjeros que podían haber sido deportados, la creciente tensión con la comunidad musulmana por las operaciones antiterroristas, la facilidad con que rompen los brazaletes electrónicos con que son controlados los presos en libertad condicional, la oleada de homicidios con arma blanca, el desbarajuste de la política de asilo e inmigración o la superpoblación de las cárceles lo han transformado en el Ministerio del Caos.
Por primera vez en la historia, la comunidad musulmana celebró ayer una manifestación de protesta ante la sede de Scotland Yard en Londres. Se consideran acosados por la política antiterrorista, y protestaban por la desproporcionada intervención policial la semana pasada al asaltar la casa de unos sospechosos que resultaron inocentes.
Una desproporción semejante ocurrió hace dos semanas, cuando más de 500 policías y guardias de prisiones ataviados con instrumental antidisturbios rodearon de madrugada la cárcel de Ford, en East Anglia, al este del país. Se trata de una penitenciaría en régimen abierto en la que se alojan 540 reclusos, en teoría catalogados como poco peligrosos. El objetivo de la espectacular operación era trasladar a otros recintos más seguros a los 147 extranjeros que cumplían condena en Ford. Lo que normalmente habría sido una operación casi rutinaria se convirtió en un despliegue sin precedentes. "Nos han traído aquí porque el Home Office vive en estado de pánico", afirmó entonces uno de los guardias movilizados en la operación.
De la cárcel de Ford suelen escapar unos dos reclusos por semana, que aprovechan el régimen abierto para no volver. Hace unos días se fueron 11 de una tacada. Se trataba de extranjeros que temían ser extraditados al terminar sus condenas, incluido un traficante de drogas. La opinión pública se quedó perpleja al saber que un extranjero traficante de drogas se beneficiaba del régimen abierto, a pesar de la crisis provocada por la excarcelación de 1.000 presos foráneos al término de sus condenas, que le costó la cabeza al anterior ministro del Interior, Charles Clarke, hace algo más de un mes.
La lucha contra la delincuencia ha sido siempre una prioridad de los Gobiernos del Nuevo Laborismo de Tony Blair, que en 1997 llegó al poder al grito de "duros con el crimen, duros con las causas del crimen". Y el caos en el Home Office se ha sumado a las muchas otras crisis que están socavando la popularidad del primer ministro, desde la guerra de Irak a los problemas financieros del sistema público de salud.
El nuevo ministro del Interior, John Reid, es un viejo estalinista reconvertido al Nuevo Laborismo que se atreve con todo: desde 1999 ha sido ministro para Escocia, para Irlanda del Norte, ministro sin cartera como presidente del Partido Laborista, de relaciones con el Parlamento, de Sanidad, de Defensa y ahora del Interior. Pero el duro Reid está tropezando con la gigantesca maquinaria ministerial de casi 75.000 funcionarios -sin contar a las decenas de miles de policías diseminados por todo el país-, y se ha topado con una cascada de estadísticas que cuestionan el quehacer del Ministerio.
Por ejemplo, las cifras sobre el funcionamiento de los sistemas electrónicos para controlar a los delincuentes en libertad bajo palabra. Se trata de una pulsera conectada a un satélite que detecta si su portador ha salido del barrio al que se han restringido sus movimientos. Ahora se ha sabido que al menos 2.695 criminales han roto alguna vez las pulseras en Gales y tres de las nueve regiones en que se divide Inglaterra. El Home Office estima que el 15,2% de las 64.726 personas que ahora mismo están sometidas a ese tipo de control lo han roto alguna vez. Desde 1999, más de 250.000 personas han sido sometidas a ese sistema.
El problema para el Gobierno es que algunos de los asesinatos de los últimos meses han sido cometidos por presos en libertad provisional, e incluso bajo control con pulseras electrónicas, y el Home Office ha admitido que delincuentes en libertad provisional cometieron 200 homicidios entre 1998 y 2004. Y mientras los tabloides presionan por el cumplimiento íntegro de las penas, las organizaciones humanitarias y la judicatura defienden una creciente sustitución de la cárcel por trabajos comunitarios o libertad condicional.
Pero recientes estadísticas juegan a favor de los tabloides. El Servicio de Libertad Vigilada ha admitido que cada mes reinciden 7.846 presos en libertad condicional. En octubre, un trabajo de la Universidad de Oxford desveló que el 91% de los jóvenes delincuentes que han podido sustituir el confinamiento por programas de trabajos comunitarios vuelven a delinquir. Mientras los tories cuestionan esos programas, los expertos argumentan que el estudio de Oxford se basó en 900 jóvenes especialmente reincidentes y que el trabajo demuestra que en realidad se redujo la reincidencia un 40% al pasar de 11,6 nuevos delitos de media por joven a 7,1 delitos.
Y aunque los tabloides claman por más mano dura, el juez más prominente del país, lord Phillips, cabeza del sistema judicial de Inglaterra y Gales en calidad de Lord Chief Justice, ha denunciado estos días las consecuencias "absolutamente fatales" de la superpoblación de las cárceles, que superarán los 80.000 reclusos este otoño. Lord Phillips defiende que la cárcel sea sólo el último recurso y que se sustituya por trabajos comunitarios cuando sea posible.
![Dos musulmanas se manifiestan frente al edificio central de la policía, ayer en Londres.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/TBD35PRBWN3B5VSCIYLH23SJZM.jpg?auth=b0da8c70f29fdc25d48628f5afe2432912422cdc1f25b5111683ad6d812b252c&width=414)
Protesta musulmana contra Scotland Yard
Cientos de musulmanes se concentraron a primera hora de la tarde de ayer ante el cuartel general de Scotland Yard en Londres, en lo que constituyó una singular protesta contra la política antiterrorista del Gobierno británico. Los musulmanes del Reino Unido se sienten perseguidos y convertidos en sospechosos.
Los numerosos registros y detenciones que se vienen produciendo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, más intensos desde las bombas del pasado 7 de julio en Londres, rara vez se traducen en procesamientos y muy rara vez en condenas.
La protesta de ayer tuvo su origen en el asalto del domicilio de una familia musulmana en Forest Gate, en el populoso East End londinense. Más de 250 oficiales participaron en la madrugada del 2 de junio en el asalto, en el que resultó herido de un tiro en el hombro Abdul Kahar Kalam, de 23 años, que fue detenido junto a su hermano Abul Koyair Kalam, de 20. Tras mantener las calles cortadas durante una semana y revolver la casa de arriba abajo en busca de un laboratorio de armas químicas, la policía acabó admitiendo que la pista que le llevó a esa familia era mala y dejó a los hermanos en libertad.
Humeya Kalam, hermana de Kahar y Koyair, se dirigió a los concentrados ante Scotland Yard para agradecerles su presencia. Sus hermanos hubieran querido estar ahí también, pero "se están recuperando de sus heridas físicas y mentales", explicó antes de expresar su deseo de que "ninguna otra familia tenga que pasar por esta pesadilla". La familia se plantea exigir daños y perjuicios a Scotland Yard.
La operación de Forest Gate ha sido un desastre de relaciones públicas para los servicios de seguridad. Necesitados de la ayuda de la comunidad musulmana para poder atajar posibles atentados, este caso demuestra la escasa calidad de la información que manejan y hace aún más difícil que las cosas mejoren en el corto plazo.
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