Un juez ordena embargar una sede del PP en Madrid por un impago

Un juzgado de Fuengirola (Málaga) ha ordenado el embargo de una de las sedes del PP en Madrid para hacer frente al pago de una deuda contraída por ese partido con quien fuera uno de sus candidatos en Benalmádena en las elecciones municipales de 1991, Roberto Martínez Santoyo. La deuda asciende a 113.429 euros (cerca de 19 millones de pesetas). El PP replicó ayer que, si le reclaman ese dinero, lo pagará.

Los hechos juzgados se remontan a 1991, cuando Martínez Santoyo se ofreció como candidato del Partido Popular para ser incorporado como número seis en las listas electorales para las municipales de ese año. Según la denuncia presentada en su día por Martínez Santoyo, todos los candidatos de esa lista "se comprometieron a ingresar en la cuenta del PP la totalidad de los haberes o ingresos que, por cualquier concepto, recibieran como consecuencia de su elección como concejales del Ayuntamiento de Benalmádena, suscribiendo al efecto un documento de compromiso".

En una reunión previa a la cita electoral también acordaron "suscribir dos pólizas de crédito, por un importe de tres millones de pesetas cada una de ellas, firmadas con carácter solidario por los seis primeros candidatos de la lista". Según la demanda, en el supuesto de no salir elegidos para el cargo, "el PP se haría cargo de la parte de crédito correspondiente a los no elegidos, debiendo reintegrar la suya los candidatos que sí resultaran elegidos".

Quince días después se suscribieron con el Banco Urquijo dos pólizas de crédito por un importe de tres millones de pesetas cada una de ellas. Una de esas pólizas, que es la causa de la demanda, fue la suscrita por los candidatos Roberto Martínez Santoyo, Antonio de la Rubia Barrios y Ángel Tirado Gómez con sus respectivas esposas.

En aquellas elecciones sólo resultaron elegidos los tres primeros de la lista: Antonio Villena, Josefa Martín del Río y Ángel Tirado. Tras la toma de posesión de los nuevos concejales, el Banco Urquijo convocó a los seis firmantes de las dos pólizas para que abonaran los intereses devengados hasta ese momento. En esa reunión, Ángel Tirado y Josefina Martín "se negaron a hacer frente a los compromisos adquiridos, llegando incluso a retirar sus nóminas como concejales de las cuentas del partido, pasándolas a sus cuentas particulares".

El banco requirió a Roberto Martínez Santoyo para que "satisficiera el importe total de la póliza por él suscrita, dado el carácter solidario de la misma". Éste puso los hechos en conocimiento del que coordinaba la gestora del PP en Málaga en aquella época, Federico Souvirón, actual diputado del PP por Málaga en el Congreso de los Diputados. Unos siete años después, Roberto Martínez Santoyo recibió un telegrama del Banco Urquijo, concediéndole 72 horas para hacer efectivo el crédito y los intereses. Martínez Santoyo reclamó ese pago al PP y ahora los tribunales le han dado la razón.

Preguntado por esta información, Ignacio Astarloa, secretario de Justicia del PP, aseguró ayer que su partido no tiene ninguna notificación del juzgado de Fuengirola pero que si le reclaman una deuda por vía judicial la pagará.