"Hay que acostumbrarse a una energía más cara"

David Vegara Figueras, nacido el 7 de septiembre de 1966 en Barcelona, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Llegó a su cargo actual de secretario de Estado de Economía de la mano del Gobierno del PSOE. Habla serenamente de las cuentas del Estado, pese a la inflación y al déficit exterior, pero en el terreno futbolístico las cosas cambian. El pasado miércoles, en París, las imágenes de televisión delataron su pasión por el Barça. Sentado delante de Zapatero, se le vio jaleando, sufriendo y, finalmente, disfrutando con las evoluciones del partido de la final de la Copa de Europa.

Pregunta. ¿Se van a articular medidas para las víctimas del presunto fraude de Afinsa y Fórum?

"La tendencia al alza de los tipos no será ni muy rápida ni muy contundente"

Respuesta. A los afectados se les va a proporcionar toda la ayuda legal necesaria, de manera gratuita, a través de las asociaciones de consumidores. Además, se brindará a los clientes el apoyo para agilizar y anticipar lo más posible el cobro de las cantidades a que tengan derecho. Estamos diseñando algún tipo de crédito puente, de manera que cuando esté establecido qué cantidades les corresponde cobrar a cada uno de los afectados, éstos puedan solicitar un préstamo por esa cantidad para no tener que esperar a la conclusión del proceso judicial, que previsiblemente será largo.

P. ¿Va a impulsar el Gobierno una regulación para reforzar los controles sobre este tipo de inversiones?

R. Nuestra intención es reforzar la transparencia y la seguridad para los clientes que adquieren bienes tangibles. En todo caso, los cambios legislativos deberán ser consensuados con las comunidades autónomas -las competentes en materia de consumo- y deberán ser desarrollados por esos mismos Gobiernos autonómicos.

P. ¿Quién es el responsable de este caso: el Gobierno del PP, del PSOE, las comunidades...?

R. Desde luego la más importante responsabilidad recae en los directivos de las dos sociedades que están siendo investigadas por presunta estafa.

En cuanto a las responsabilidades políticas, lo que puedo decir es que ha sido gracias a la actuación del Gobierno socialista que esta presunta estafa ha salido a la luz. Gracias a las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, en su mayor parte durante el mandato de este Gobierno, se pusieron de manifiesto los indicios de delito que llevaron a actuar a la Fiscalía y, a su vez, a la Audiencia Nacional. La intervención judicial se ha llevado a cabo con este Gobierno, y es este Gobierno el que va a brindar todo el apoyo posible a los afectados, y el que va a mejorar la legislación del Gobierno anterior, que por lo que estamos viendo es claramente insuficiente. En cuanto a la responsabilidad del PP, ya ha quedado claro que disponía de datos para atisbar que podía haber problemas en este tipo de empresas. Pero no debió de considerarlos muy importantes, puesto que olvidó mencionar este asunto durante el traspaso de poderes. Por último, por lo que respecta a las comunidades autónomas, la disposición adicional 4, incluida en ley de 2003, introducida por el Grupo Popular, otorga labores de vigilancia a las autoridades de consumo.

P. La economía española crece a mayor ritmo que la media europea, pero parece que no es capaz de generar todo el empleo que se necesita. ¿Qué balance de los dos últimos años?

R. Absolutamente positivo. No es que estemos generando empleo y no sea suficiente, sino que se han incorporado tantas personas al mercado laboral que no ha sido posible crear un puesto para todos. Pero en dos años se ha reducido más de dos puntos la tasa de desempleo y en los últimos 12 meses se han creado 907.000 trabajos. Estamos generando dos de cada tres empleos que se crean en toda la Unión Europea. Además, la economía española está creciendo a un ritmo muy superior al de la media de la zona euro.

P. En el déficit comercial tampoco han sacado buena nota.

R. En este tema hay una visión apocalíptica, que es que estamos a punto de caernos por un precipicio y sólo hace falta que nos den un empujón. Pero el Gobierno no comparte esta visión. El déficit se puede ver como diferencia entre exportaciones e importaciones o como la diferencia entre el ahorro y la inversión. Y ahí intervienen varios factores. Primero, después de Alemania, España el país de la zona euro que más ha aumentado las exportaciones desde 1999, por delante de países como Italia o Francia. En segundo lugar, nuestra factura energética ha subido y eso es evidente, y no tiene que ver con un deterioro de la competitividad.

P. Junto al déficit exterior, la inflación es el gran problema.

R. Es verdad que tenemos una inflación que en términos relativos al resto de países de la UE es más elevada. Pero también es verdad que éste es un proceso que no es nuevo en la historia de nuestro país. Nuestro diferencial de precios con la zona euro se ha situado en una media de 1,1-1,2 puntos desde 1999, cuando entramos en la moneda única. Aparte de la escalada del precio del petróleo, la inflación tiene que ver con que crecemos más que nuestro entorno.

P. Hablando de inflación, muchos ciudadanos no entienden que se vaya a subir la luz tres veces el mismo año.

R. Es que el petróleo y sus derivados, que se utilizan para la producción de energía eléctrica, son ahora más caros. El barril ha pasado de 30 a 70 dólares en estos dos últimos años. Años atrás, gracias a la caída de los precios del crudo y los tipos de interés, disfrutamos de una energía más barata. Por cierto, mientras otros países rellenaban esas caídas con impuestos para tener margen de actuación en caso de subidas futuras. Pero las cosas han cambiado. La energía es más cara. No hay otra opción que reflejar progresivamente esta nueva situación en el precio de la energía que consumen los ciudadanos y las empresas. Subir la electricidad no es un deseo del Gobierno, sino que responde al hecho objetivo de que los precios de la energía se han encarecido de forma sustancial.

P. ¿Los ciudadanos se han de acostumbrar a una energía más cara?

R. Sí, tenemos que acostumbrarnos y yo creo que el Gobierno lo ha transmitido desde el primer momento. No ha mentido. No hemos dicho que el aumento del precio del petróleo, de los carburantes y la energía no iba a tener ningún efecto en el bolsillo de los ciudadanos. Lo que hemos dicho es que el crecimiento no sólo depende del precio del petróleo: en 2005 el Gobierno esperaba un precio medio del barril de unos 33,5 dólares y finalmente fue más cercano a los 55 dólares. Aun así, el crecimiento fue algo mayor de lo previsto en los Presupuestos Generales de 2005: 3,4% frente al 3%.

P. ¿Se pueden introducir cambios en la reforma fiscal en su trámite parlamentario? ¿Habrá finalmente deducciones fiscales para el inquilino?

R. El Gobierno cree que el anteproyecto de ley es bueno. Sobre el alquiler, ya hay deducciones en algunas comunidades. El Parlamento es soberano y ya veremos qué pasa, aunque en principio la propuesta del Gobierno es no incluir estos beneficios.

P. Con la reforma de los estatutos, ¿no se va a complicar demasiado la financiación autonómica?

R. Aparte de la reforma estatutaria, lo que se está empezando a discutir es la actualización del sistema de financiación autonómica, que deberá abordar las particularidades. No va a ser un proceso fácil, como no lo ha sido ninguna de las negociaciones y acuerdos previos, desde principios de los años ochenta. Habrá que buscar un equilibrio entre todos los intereses en el que todo el mundo se sienta cómodo.

P. ¿Cuánto subirán este año los tipos de interés?

R. No hacemos previsiones, aunque parece que hay una tendencia ligeramente al alza de los tipos, pero ni muy rápida ni muy contundente.

P. ¿Aguantarán las familias? Porque están más endeudadas que nunca por la vivienda.

R. No hay que dar voces de alarma. Las entidades financieras, cuando dan créditos, aplican una metodología para calcular los riesgos y hay una supervisión del Banco de España. Y por supuesto uno siempre tiene que confiar en que los ciudadanos son lo suficientemente maduros para tomar sus decisiones. Si esto lo unimos a que todo indica que las subidas de tipos serán lentas y no contundentes, pues uno debe de transmitir un mensaje de prudencia por supuesto, pero también de relativa tranquilidad.

P. ¿Qué prefiere, una Endesa española, alemana o europea?

R. Una Endesa que responda a las necesidades de los ciudadanos, que cumpla con las obligaciones de suministro y que esté enmarcada en un mercado con suficiente competencia y precios adecuados.

P. La operación parece un poco empantanada, con dos fallos judiciales suspendiendo cautelarmente la OPA de Gas Natural, y la apertura de un procedimiento contra el Gobierno español.

R. En este caso, hay una empresa que presenta una OPA sobre otra en un sector delicado como el eléctrico. Y el Gobierno analiza la operación, establece una serie de condiciones y ése es su papel. Efectivamente, hay un fallo de un juzgado de lo mercantil, y el Tribunal Supremo adopta medidas cautelares, pero no entran en el fondo del asunto. Respecto a Bruselas, tenemos dos meses para contestar la carta de emplazamiento, y el Gobierno responderá a las mismas sobre la base de que lo que se ha hecho es corregir una asimetría que había en este tipo de operaciones: cuando una empresa regulada adquiría algo era supervisada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), pero si alguien adquiría una empresa regulada no precisaba ningún tipo de análisis. De todas formas, no es precisamente la primera carta de emplazamiento que recibe España en los últimos 10 años. Sin ir más lejos, recibió una por la acción de oro.

P. ¿Verían bien una salida negociada entre las partes, ya sea Endesa y Gas Natural, o La Caixa?

R. Si se ponen de acuerdo siempre sería mejor desde la perspectiva general, dentro del ámbito y la autonomía de las empresas.

P. ¿Cómo va la transposición de la directiva de OPA? ¿Se van a prohibir las ofertas parciales y se va a optar por un modelo como el francés en el que hasta un porcentaje -el 33% en este caso- se tiene libertad, y a partir de ese límite hay que lanzar una OPA por el total?

R. Entendemos que la legislación actual de OPA es compleja. Una de las virtudes de la directiva es que, en principio, tenga una filosofía de simplicidad. En cuanto a las OPA parciales obligatorias vamos en esa dirección.

P. Pero ahora llega alguien compra el 15% o el 20% del capital pagando una fuerte prima y se hace con el control de la empresa. Y el resto de los accionistas no se beneficia de la operación.

R. Hay que huir del debate fácil en estos temas. La pregunta que deberíamos hacernos no es si se debe lanzar una OPA a partir del 15% o el 25% del capital, sino si alguien con el 10% o el 15% se puede hacer con el control de una empresa, y el resto de los accionistas lo permiten. En este caso, el problema no estaría en la normativa de OPA, sino en el gobierno corporativo de la empresa.