Rehenes de la administración

El 11 de marzo de 2003 es una fecha que no quieren recordar los vecinos de la calle de Fernández de la Hoz, 63. Ese día, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), organismo del Gobierno regional, intentó declarar la "ruina inminente" del edificio donde vivían 82 familias. El inmueble, una vieja corrala de Chamberí, se alza en una de las zonas más caras de Madrid y a poca distancia del complejo comercial y de oficinas de Azca.

El inmueble pertenece al Ivima, y sus ocupantes pagan un alquiler por residir en él. "La ruina inminente es el último paso de una cadena de despropósitos", dice Carlos M., que tiene una tienda de fotografía en el edificio. Trabaja allí desde hace 14 años.

Hasta el 11 de marzo de 2003 vivían en el edificio 82 familias. Treinta de ellas aceptaron el "ofrecimiento" oficial de mudarse a otra propiedad del Ivima en la avenida de Asturias. "Los que se fueron, lo hicieron por miedo: a la ruina y a las presiones", sostiene Carlos. Y pone un ejemplo: "En los meses siguientes a la petición de la ruina, desaparecimos de los registros oficiales. Figuramos como tapiados... ¿Hay peor forma de presionar?".

Los vecinos que no accedieron a ser trasladados no recibieron durante meses los recibos de los alquileres. El Ivima amenazó, incluso, con desalojarlos si no abandonaban sus casas. "La idea que tenían era derribar el inmueble. No querían hacerse cargo de los 40 años que mantuvieron en malas condiciones el edificio", cuenta Soledad G., otra de las inquilinas. Ella es minusválida casi total. Nació y vive en el edificio de Fernández de la Hoz y no está por la labor de mudarse.

Pero algo no salió como quería la Comunidad de Madrid. El 25 de julio de 2003, la Gerencia Municipal de Urbanismo, organiso del Ayuntamiento, desestimó la petición de ruina inminente. Además, emplazó a la administración del edificio a hacer las modificaciones pertinentes para consolidarlo y mejorarlo. El tiempo pasó, y la resolución de la Gerencia Municipal fue refrendada. Incluso el propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, el 30 de marzo del año pasado la firmó.

Han pasado casi tres años desde el inicio del expediente y la corrala sigue como hasta entonces: destrozada y en un estado de deterioro total. Pese a las sucesivas comunicaciones del Ayuntamiento, el Ivima no ha cumplido con su papel de "administrador" del edificio.

Para el diputado socialista de la Asamblea Antonio Fernández Gordillo, detrás del edificio de Fernández de la Hoz hay una "operación claramente especulativa". "Lo que quieren es aburrir", continúa el diputado, "y desalojar a los vecinos". Fernández Gordillo opina que la estrategia del Ivima "es muy simple: quieren venderlo y sacar 30 millones de euros". "Con ese dinero podrían construir hasta 500 viviendas", agrega.

El 12 de mayo del año pasado, la Gerencia Municipal de Urbanismo emplazó al Ivima a rehabilitar el edificio. Le dio 20 días de plazo, que éste incumplió. Algo similar ocurrió a principios de enero de este año. Esta vez, el plazo fue de 15 días, que también fue incumplido. La resolución de la Gerencia Municipal establece que, si el Ivima no realiza las tareas que le competen, será el Ayuntamiento el que tramite la "ejecución sustitutoria de las obras".

Pero, a fecha de hoy, la Comunidad de Madrid sigue sin hacerse cargo de la administración y el mantenimiento del inmueble. Y el fantasma del desalojo aún se cierne sobre las cabezas de Soledad, Carlos y otros vecinos.

El último hito en la cadena oficial de despropósitos lo protagonizaron seis obreros contratados por el Ivima. Llegaron al edificio para recomponer su fachada y empezar con las tareas de mantenimiento. Al segundo día, cuando la policía les pidió la licencia que los habilitaba para trabajar en la construcción, los obreros se encogieron de hombros: no la tenían.

Los andamios y las latas de pintura siguen ahí. Los obreros, también. Pasan el tiempo, a la espera de que el Ivima tramite los papeles. Los vecinos, por su parte, continúan con su lucha. Han decidido que no van a aceptar la oferta de realojo que les haga el Instituto de la Vivienda. EL PAÍS intentó comunicarse varias veces con los responsables del área. Primero prometieron una pronta respuesta, pero ésta no ha llegado. Hasta que se produzcan las explicaciones oficiales, Soledad G. lo tiene muy claro: "A mí, de esa casa sólo me sacan muerta".