El fiscal cuestiona la legalidad de la repetición del juicio del motín de Fontcalent

José Antonio Romero, fiscal del juicio por el motín de Fontcalent, cuestionó ayer la legalidad de la repetición del procesamiento. La primera vista oral, celebrada en 2002, fue anulada por el Tribunal Supremo por considerar que el sistema de videoconferencia mediante el cual declararon los acusados [19 reos] vulneró sus derechos fundamentales. La revuelta carcelaria se produjo en noviembre de 1990 y se saldó con el asesinato de un interno argelino.

El ministerio público, en su informe final, anunció que no descarta presentar un recurso de casación ante la decisión de la sala, un tribunal de la Audiencia de Alicante, de no dar lectura a actas de testigos de la primera vista oral que en esta ocasión no han comparecido. Romero consideró que la sentencia del Supremo, que invalidó el primer juicio, sólo afecta a los testimonios de los presos, que declararon por videoconferencia. El fallo del alto tribunal no afecta a los testigos que sí comparecieron en la sala. "Las declaraciones del primer juicio que no afecten al motivo de la nulidad, tienen validez para el actual", remarcó Romero.

Para el fiscal, esos testimonios, "finalmente omitidos", constituyen una prueba clave para su acusación, en concreto para acusar de asesinato a uno de los procesados [ahora 12 reos]. El ministerio público imputó finalmente el delito de asesinato a cinco de los procesados, entre ellos el primer acusado, Antonio Cortés Escobedo. El fiscal también imputó a los 12 incriminados del delito de detención ilegal y declaró al Estado responsable civil subsidiario, "porque no garantizó las medidas de seguridad necesarias para evitar el motín". Entre otras carencias, el ministerio público subrayó el fallo de la alarma y la ausencia de guardias civiles en las garitas de la prisión.

Plan de fuga

Por último, el fiscal sostuvo que el objetivo de la rebelión carcelaria era la fuga de amotinados de la prisión, y no la demanda de mejoras en la cárcel, como mantiene los procesados. Estos se enfrentan a penas que oscilan entre 3 y 159 años de cárcel de acuerdo a la petición final del ministerio público.

La vista oral prosigue hoy con el informe final de las defensas. Los letrados de los reos procesados solicitan la absolución o, alternativamente, penas menores de cárcel. A lo largo de las sesiones de la vista, que comenzó el pasado 30 de enero, los abogados han planteado un sinfín de alegaciones y protestas. En primer término, por el "trato vejatorio" a los acusados [los reos han sido juzgados esposado y bajo una estrecha vigilancia policial]. Además, las defensas, en concreto el letrado del primer incriminado, también llegó a recusar el tribunal por considerar que estaba "contaminado" por conocer las actas de la primera vista oral y que fue invalidada por el alto tribunal.