Los socialistas piden una solución a largo plazo para levantar la suspensión de pagos de Terra Mítica

El secretario de Economía del PSPV-PSOE, Enrique Villarreal, descartó ayer un pacto para salvar la situación de suspensión de pagos de Terra Mítica y condicionó cualquier decisión de su partido a este respecto a que el Consell informe sobre el estado de parque y presente una solución "real y viable" a largo plazo y no "coyuntural". Villarreal insistió en que el PSPV no está por el cierre del parque de ocio, "pero sí queremos una solución definitiva y que no descanse sólo en la recalificación de terrenos", apostilló.

Villarreal, acompañado del diputado José Camarasa, anunció -a la vista de los informes de 2004 de la Sindicatura de Comptes sobre las empresas públicas de la Generalitat- tres frentes de actuación para evitar que el Consell "conduzca a la ruina" a los valencianos. El primero será el legislativo, también se pedirá a la Sindicatura de Comptes que amplíe su investigación en algunos temas y un tercer frente judicial. Concretamente, los socialistas se personarán como acción colectiva o acción popular en la causa que se sigue contra Terra Mítica y otras 16 sociedades por el uso de supuestas facturas falsas. Villarreal defendió las actuaciones como perfectamente compatibles. "No vamos a tapar una situación de fraude. Una cosa es una mala gestión y otra cosa es que el parque no tenga futuro si se gestiona bien", agregó Villarreal.

Camarasa denunció el "nepotismo" y la "impunidad" con que actúa la Generalitat con estas empresas. Según el diputado socialista, los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) suponen se han incrementado un 386% sobre las cifras iniciales. Y como ejemplo citó el Palacio de las Artes, que se licitó por unos 84 millones de euros y en 2004 el coste superaba los 288 millones.

Además denunció la "adjudicación de la coordinación y control de las obras a un profesional con un contrato a dedo", por 57.000 euros anuales, y ofreció otro ejemplo. En el caso de la Ciudad de la Luz, Camarasa describió cómo la la adjudicación de la demolición de una obra por medio millón de euros "acabó costando 2,5 millones". Del aeropuerto de Castellón señaló que el informe de la Sindicatura indica que el contrato firmado con la concesionaria, formada por Lubasa, PGP y FCC, "estaría resuelto" debido a los "incumplimientos sistemáticos" de la unión de empresas.