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Entrevista:Alfredo Prada | Consejero de Justicia e Interior

"La Ley del Menor debe ser reformada"

Alfredo Prada Presa, leonés de 46 años, es el vicepresidente segundo del Gobierno regional y consejero de Justicia e Interior. Licenciado en Derecho, ha sido senador y vicepresidente primero de la Cámara alta. También preside el Comité Jurídico del PP de Madrid y es miembro del Comité Ejecutivo Regional. Está casado y tiene cuatro hijos.

Pregunta. ¿Por qué son tan malas las relaciones entre la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid, sobre todo en temas de Justicia e Interior?

Respuesta. No hay nada en especial en unas relaciones que efectivamente no son buenas. Ahora bien, por lo menos desde nuestra parte la lealtad es incuestionable. Es más, yo diría que las relaciones personales no son malas. Nosotros hemos demostrado una y otra vez colaboración. Otra cosa es que exista una estrategia política de despreciar a la Comunidad de Madrid y no a otras instituciones.

P. Entonces, ¿qué hay detrás de esa supuesta estrategia?

R. Si desde el punto de vista electoral, de estrategia de partido, lo que me interesa es la conquista de Madrid, evidentemente no significa que voy a llevarme mal con todas las administraciones con las que tengo que dialogar y tener relaciones, solamente con las que me interesa estratégicamente y en el plano político despreciar: la Comunidad de Madrid. Eso tiene su reflejo en un desprecio en los Presupuestos en cuanto a inversiones reales en la región.

"Cuando se abren los concursos de traslado, se marcha la mayoría de los policías que vienen a la región"

"Hay que reforzar y seguir invirtiendo en políticas sociales, educativas y de integración"

"Los juzgados de la Comunidad disponen desde esta semana de los brazaletes contra maltratadores"

"Nunca consentiría el uso partidista de ningún medio dependiente del Gobierno regional"

P. Usted siempre reclama 3.000 policías nacionales y guardias civiles. Sin embargo, la Comunidad de Madrid es la que más agentes ha recibido desde que gobierna el PSOE.

R. Sí, pero eso es fruto de una estrategia que está establecida con anterioridad a que gobernara el PSOE, porque la selección, preparación, formación de policías y guardias civiles alcanza un periodo que sobrepasa el año. Además, cuando se abren los concursos de traslado, se marchan la mayoría de los policías, porque no se han establecido fórmulas de arraigo a nuestra comunidad por parte de esos sectores. Es una de nuestras reivindicaciones y además uno de nuestros ofrecimientos de colaboración. Aparte, el Ministerio del Interior no ha previsto ni un solo proyecto nuevo para el 2006, ni nuevas comisarías ni más cuarteles de la Guardia Civil.

P. ¿A qué cree que se debe?

R. Ante todo, a una falta de voluntad política por invertir en algo necesario que reconocen los propios responsables del Gobierno central y de los propios responsables del PSOE, que es la necesidad de 3.000 guardias civiles y policías nacionales. Tampoco se han establecido mecanismos que provoquen que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía se arraiguen en la Comunidad de Madrid, que es una región con índices de delincuencia superiores a otras donde el vivir no está barato.

P. Habla de los 3.000 nuevos policías, pero ¿no le sirven los que han ido entrando estos últimos años junto con el refuerzo de las brigadas de seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam)?

R. Sí, por supuesto que todos los esfuerzos de cualquier Administración en materia de seguridad hay que valorarlos positivamente. Sin duda ninguna, porque eso es lo que al ciudadano le preocupa. Ahora, yo lo que sí creo es que la Comunidad de Madrid, que ha traducido un compromiso político en realidad, es decir, en algo real, tiene un plus de legitimidad para reivindicar que también otras administraciones, en este caso el Gobierno central, inviertan en materia de seguridad de manera firme y decidida.

P. Una de las críticas al proyecto Bescam es que el reparto de efectivos fue más político que real y necesario en algunos municipios.

R. El proyecto surge de un estudio serio y riguroso de las necesidades de incremento de policía en la medida en que hubiera un agente más por cada 1.000 habitantes en las poblaciones que van de 25.000 habitantes en adelante. Pero no hay que olvidar que la Comunidad de Madrid no tiene la responsabilidad de la seguridad, y nosotros no hemos querido perder el tiempo de esta legislatura en debates políticos reclamando más competencias o no más competencias, sino que hemos ido a un proyecto que ha hecho posible reforzar la seguridad en la Comunidad de Madrid de forma palpable. Yo creo que éste es el gran éxito de las Bescam.

P. Sí, ¿pero por qué se eligieron unos municipios y no otros?

R. Porque el municipio grande, Madrid, entendíamos que era competencia del Cuerpo Nacional de Policía. No se ha conseguido o no se ha hecho por parte del Ministerio del Interior; los municipios pequeños, Guardia Civil, y los municipios intermedios, reforzando las policías locales. Ése fue el compromiso político con el que nos presentamos a unas elecciones, con el que Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones.

P. Sin embargo, la creación de las Bescam ha motivado que los pequeños municipios se hayan quedado sin policías locales.

R. El traslado de los policías locales es un problema histórico en la Comunidad de Madrid, que probablemente la nueva ley que nosotros hagamos intentará resolver. Pero no es cierto que las Bescam hayan producido ese efecto como tal: es verdad que al haber más plazas de policía que en épocas anteriores, evidentemente se ha producido con mayor dinamismo ese problema. Soy consciente del problema y estamos buscando fórmulas para solucionarlo.

P. ¿Y por dónde pasarían esas fórmulas?

R. Por el arraigo de los policías a los municipios. De hecho, ya hemos establecido consensuadamente con los ayuntamientos una de ellas, que es que la convocatoria a las policías locales sea el mismo día para todos los grupos, de forma que el aspirante ya tenga que elegir previamente. Eso ya lo estamos haciendo, por consenso con los ayuntamientos. Otra de las reformas que estamos estudiando es, además de ésta, que si tú has sacado la plaza de Madrid, tardes por lo menos dos o tres años en poder pedir un traslado.

P. Cuando habla del asunto de la seguridad en la región, ¿no cree que el Gobierno regional también tiene una responsabilidad en temas sociales?

R. Es verdad que hay que reforzar y seguir invirtiendo en políticas sociales, educativas y de integración, pero la Comunidad de Madrid está haciendo notables esfuerzos en estas políticas. Yo me quedo con una frase de la presidenta, que repite con frecuencia y que dice: "Tres de cada cuatro euros de los presupuestos de la Comunidad de Madrid van destinados a políticas sociales, y el cuarto, también". En este sentido, yo creo que hay un ejemplo claro, además, con la creación de una Consejería de Inmigración. En políticas educativas y en políticas sociales, Madrid está siendo pionera y puntera en España en comparación con otras comunidades autonómicas.

P. Desde hace poco se encarga de los menores delincuentes. ¿No es un tema controvertido?

R. En mi opinión, fue un acierto que los menores infractores salieran del área social, porque tienen una problemática diferente a los menores que necesitan tutela, ayuda, amparo o protección. Las comunidades autónomas tenemos una doble responsabilidad: una, de dar la respuesta al conjunto de la sociedad de que estos menores cumplen las medidas que los jueces y tribunales les imponen, y dos, que hay que procurar que estos menores se rehabiliten y se reinserten en la sociedad cuando cumplan la pena.

P. ¿Se debería reformar la Ley del Menor?

R. En mi opinión, sí. Las penas que se ponen cuando hay un delito grave, tipo homicidio o violación, no dan la respuesta que la sociedad está reclamando. Y además no tiene sentido que estos menores que han cometido estos delitos gravísimos, cuando cumplan 18 años sigan en centros específicos para menores, y no pasen a cumplir la pena a cárceles. La realidad es que ha habido jóvenes que han cometido gravísimos delitos y, si se les sigue aplicando la legislación actual, la reforma no tendría los efectos deseados por la propia sociedad, que se ha pronunciado recogiendo firmas masivamente, y yo creo que el caso en Madrid de Sandra Palo es uno de los mejores ejemplos que a mí me sirven desde luego para justificar estas reflexiones y estas reivindicaciones.

P. ¿Considera lógico que un cargo público use un helicóptero de la Comunidad de Madrid para su beneficio?

R. Yo creo que eso no se ha producido mientras yo soy responsable de Interior.

P. Primer caso: el helicóptero que salió en dos manifestaciones a grabar imágenes.

R. En cuanto a los helicópteros que salieron en las manifestaciones, ha sido el efecto de coordinación de la Dirección Regional de Seguridad Ciudadana y es un helicóptero que cumplía su obligación, que era la evaluación no sólo del número de asistentes, sino también de los riesgos de un elevado número de asistentes en un momento determinado. Si recibiéramos información de la Delegación del Gobierno, a lo mejor no hubiera hecho falta utilizar nuestros propios medios, pero cuestionar nuestras responsabilidades y nuestras competencias me parece que es cuestionar el propio estado de las autonomías.

P. Segundo caso: Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre hicieron un viaje en Móstoles hace 20 días.

R. Nosotros facilitamos los medios a los ayuntamientos, y lo que estaba es un ayuntamiento, en este caso el de Móstoles, explicándole a un diputado nacional por Madrid, que además es líder nacional de la oposición, como le haría a cualquier otro mandatario de España, un proyecto concreto que había puesto recientemente en marcha el Ayuntamiento de Móstoles, que era la vigilancia y control de los espacios escolares. No entiendo que haya una utilización ni particular ni partidista de ningún medio de la Comunidad de Madrid. Nunca lo consentiría.

P. Esta semana ya ha entregado a los jueces de la región 100 brazaletes contra maltratadores.

R. Sí. Después de un año de investigación y estudio, todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid disponen de este dispositivo para luchar contra la violencia de género. Sólo serán impuestos cuando haya una sentencia firme que lleve aparejada la orden de alejamiento. Cuando no respete esa orden, el 112 será el que avise a la policía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de diciembre de 2005