El Congreso aprueba devolver a UGT el patrimonio incautado tras la Guerra Civil

El Congreso aprobó ayer definitivamente el decreto-ley mediante el cual el Gobierno entregará 151 millones de euros a UGT, el sindicato afín al PSOE, como devolución por el patrimonio histórico de la central, -el sindicato reclama más de 1.000 inmuebles- que le fue arrebatado por el franquismo tras la Guerra Civil. El PP e Izquierda Verde se opusieron a esta medida, y el diputado socialista y ex secretario general de Comisiones, Antonio Gutiérrez, se abstuvo, rompiendo la disciplina de voto. CC OO protestó por la decisión y anunció que tomará medidas legales.

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de octubre, que permite la devolución a UGT de bienes valorados en 151 millones de euros, incautados tras la Guerra Civil. Sólo el PP e Izquierda Verde (IU-ICV) una formación tradicionalmente próxima a CC OO, se opusieron a la iniciativa. La votación contó, además, con la abstención de un diputado socialista, Antonio Gutiérrez, que rompió la disciplina de voto y se abstuvo para mantenerse fiel al sindicato del que fue secretario general.

La iniciativa, que incluye una devolución de 3,7 millones al sindicato anarquista CNT, se aprobó finalmente por 173 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, BNG y CHA), 134 en contra (PP e Izquierda Verde) y 10 abstenciones (PNV, EA y Nafarroa Bai, además de Antonio Gutiérrez).

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, recibió ayer el rechazo de muchos grupos, incluso algunos que apoyaron la medida, como CiU, por la "torpeza, la falta de transparencia y enorme irresponsabilidad con la que ha llevado todo el proceso en un momento central en todo lo relacionado con el diálogo social", en palabras del convergente Carles Campuzano.

Esta devolución a UGT -el sindicato que fundó Pablo Iglesias, padre también del PSOE- a pocos meses de que se celebren elecciones sindicales y en plena negociación de la reforma laboral, ha sentado muy mal en Comisiones Obreras. El sindicato pondrá en marcha medidas jurídicas para parar lo que considera una "profunda ilicitud" fruto de "la irresponsabilidad y la mala fe del Gobierno" por precipitar una iniciativa de devolución del patrimonio que "no puede acreditar documentalmente".

Para CC OO, según un comunicado oficial, la conducta del Ejecutivo es "más que sospechosa", debido a su negativa a tramitar este decreto como proyecto de ley, lo que "abunda en la falta de transparencia y oscurantismo del Gobierno" que ha realizado una "grave injerencia en el derecho constitucional de libertad sindical".

De hecho, muchos grupos pedían que se tramitara como proyecto de ley para poder discutir con calma sobre otras devoluciones y la forma más correcta de realizarla, pero Caldera sentenció: "se trata de concluir con un proceso de reparación de hechos injustos que se mantiene abierto, generando además una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica".

La votación sobre la oportunidad de transformar la iniciativa en una proposición de ley tuvo un resultado más ajustado (144 a favor; 161 en contra y 13 abstenciones).

Otro grupos, como el PP o Izquierda Verde, se centraron en la división que esta devolución ha marcado dentro de los sindicatos. El diputado popular Vicente Martínez-Pujalte vinculó esta devolución al crédito precisamente de 150 millones que UGT tiene con el ICO desde el escándalo de la cooperativa PSV y que vence el miércoles.

CiU, ERC, BNG y CHA confiaron en la promesa de Caldera de que en menos de un año se habrán resuelto otras peticiones de devolución de patrimonio.

El diputado socialista Antonio Gutiérrez aseguró que este decreto "contraviene los acuerdos firmados entre UGT y CCOO". Gutiérrez recordó: "he peleado para que se devuelvan los patrimonios incautados tras la Guerra Civil, pero no puedo estar de acuerdo con el método empleado", sin consenso entre los dos sindicatos.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se felicitó por la decisión y la calificó de "acto de reparación de una injusticia contra la UGT". Además, aseguró que el la unidad sindical "está fuera de toda duda" porque "no es un patrimonio de CCOO ni de UGT, sino del movimiento obrero de nuestro país y nuestra organización va a luchar para preservarla". El miércoles, Méndez se acercó al Congreso para buscar el apoyo de los nacionalistas.

La oficina de patrimonio de UGT asegura que al comenzar la Guerra Civil el sindicato era titular de más de 1.100 inmuebles en toda España y de unas 3.000 cuentas corrientes en bancos y cajas de ahorros. El sindicato reclama, además, muebles, enseres y maquinaria.