"No hay voluntad política para que funcionen los juzgados de violencia sobre la mujer"

Rosa Guiralt, fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer, y la también fiscal Socorro Zaragozá asumieron el 29 de julio pasado la responsabilidad de hacer del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valencia una respuesta eficaz para las víctimas al amparo de una nueva ley cuyo recorrido práctico está sometido a crítica desde el mismo día que entró en vigor. Ambas, que pidieron ese nuevo destino a sabiendas de las complicaciones y dificultades que a priori se adivinaban y que en su papel de acusación pública se plantearon el reto con una dosis importante de compromiso personal, salvan de la experiencia acumulada hasta ahora la existencia misma de esos juzgados. Pero critican la falta real de voluntad política en que el funcionamiento sea óptimo tanto de la Generalitat Valenciana como del Ministerio de Justicia. La falta de medios no es sólo un inventario de necesidades no cubiertas, es el retrato de la imposibilidad real de responder adecuadamente en muchas de las situaciones con nombre y apellido que requieren ayuda inmediata.

Las fiscales no entienden por qué algo tan importante no tiene los medios necesarios

Dicen que la ley es buena. "Lo es porque es integral y porque además incluye la prevención gracias a las medidas que la acompañan. Pero es mejorable. No están desarrollados los reglamentos. Y eso es muy importante. Ha tenido mucha publicidad. Eso sí, pero eso no basta", afirma Guiralt. Y añade que aunque la norma es escrupulosa en la exposición de motivos, "luego, cuando vas a las medidas penales establecidas resulta que se aplican las mismas medidas a situaciones de desiguales".

Desde que la ley se aprobó hasta su aplicación, el legislador fijó un periodo de seis meses para la adaptación, para que desde el primer día, supuestamente, todo estuviera listo. "Pero no ha sido así. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer es muy especial en general. Y el de Valencia en particular tiene deficiencias muy importantes a pesar de la enorme voluntariedad de todos los que trabajan en él", señala Socorro Zaragozá. Una de esas peculiaridades es, según Guiralt, "que está de guardia solapada, está de guardia todos los días, porque si no es imposible sacar adelante las cosas, imposible".

El juzgado, que dirige el juez José María Gómez, tiene una decena de funcionarios y desde hace unas semanas cuenta con el apoyo de una juez, un secretario judicial más y también dos funcionarios añadidos al equipo original. "Pero es insuficiente. Tiene que haber otro juzgado para que podamos uno estar de guardia y otro tramitar con una mínima eficacia y posibilidad de profundizar", precisan.

A 30 de septiembre, según la Fiscalía, en ese Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valencia se han tramitado 250 diligencias urgentes, 589 diligencias preliminares, un sumario, un jurado, 24 casos de faltas (13 con sentencia), 29 procedimientos abreviados y 23 civiles. "Eso es más del doble de causas vivas de las que en el mismo intervalo puede tener un Juzgado de Instrucción de Valencia", asegura Guiralt.

Mujeres amenazadas, lesionadas, atemorizadas, vencidas, atrapadas en un infierno del que no saben salir o no pueden en la mayoría de los casos son las que acuden al límite al juzgado. El juzgado está en la quinta planta de la Ciudad de la Justicia. Hasta que se acaben las obras de adaptación de las dependencias, iniciadas hace pocas semanas, víctima y agresor están esperando en el mismo sitio. Los niños por el medio. Intimidad cero. No hay espacio propio para las fiscales. Si el agresor viene detenido, la declaración se toma en el calabozo, en el sótano del edificio. No hay forense adscrito al juzgado, por lo que la urgencia de atender a la víctima en ese trámite puede demorarse porque el resto de juzgados que están llevando otros cientos de casos van a parar al mismo sitio. No hay psicólogos. "Y esto último supone que muchas veces tengas que intuir qué pasa", dice Zaragozá. "Pero la Administración no puede funcionar por intuiciones", añade Guiralt. El turno de oficio de letrados para estos casos es de dos. Su guardia es para Valencia y provincia. "Lo que significa que una víctima tenga que esperar, porque no se puede hacer otra cosa, dos o tres horas a que llegue", asegura Rosa Guiralt. "Pero si a veces hemos tomado declaración con tres carritos de niño delante, que acabas poniéndote a uno en el regazo porque qué vas a hacer", explica Zaragozá.

Para ellas, a las que apoya el fiscal jefe, Ricard Cabedo, y cuya situación será objeto en breve de una comunicación por parte de la Unión Profesional de Fiscales, según confirmó su representante Gabriela Bravo a las fiscales, lo más grave es lo que se pierde con este funcionamiento. Y detallan: "Nos perdemos conocer la realidad de los delitos que se cometen. Nos perdemos que sentencias que son absolutorias deberían ser condenatorias. Y nos lo perdemos por falta de medios para realizar pruebas en el tiempo que deben hacerse". No entienden cómo ha podido ponerse en marcha algo tan importante sin haberse dotado de los medios necesarios. Sólo encuentran una explicación: "Falta de voluntad política de la Generalitat y del Ministerio de Justicia. Es una lucha de medallas y se tiran la responsabilidad unos a otros. En la Generalitat descansa la dotación de medios funcionales. Se argumenta el coste, la falta de dinero. Pero para otras cosas más importantes para ellos sí hay dinero. La Administración no avanzará hasta que no se ocupe de sus administrados".

La situación se trasladó a la Sala de Gobierno y de ahí al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "pero no se ha puesto solución", asegura Guiralt. Aunque con matices, ambas coinciden en que a pesar de "los múltiples problemas y de las muchas deficiencias", el Juzgado de Violencia sobre la Mujer cumple un papel muy importante. "Las mujeres se sienten escuchadas, saben dónde acudir", dice Zaragozá. "Pero podría responder mejor, ser más eficaz, cumplir mucho más con su objetivo. Y eso no se puede lograr sólo con la entrega incondicional de quienes trabajan en él", concluye.