El Consell aprueba una subida del 9,9% en las cuentas de 2006 sin explicar cómo la distribuir á

El pleno del Gobierno valenciano aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2006. El Consell informó de que las cuentas suben un 9,9% pero no explicó cómo se distribuirán los 11.602 millones de euros que está previsto gastar el año que viene. El anuncio del nuevo presupuesto, que no se podrá conocer en detalle hasta el día 31 cuando se entregue en las Cortes Valencianas, coincidió con la comunicación a varios organismos de la Generalitat de que paralicen el gasto. Según el Ejecutivo, las cuentas del año próximo son continuistas y sociales.

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El consejero de Economía, Gerardo Camps, compareció ayer para explicar la filosofía del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2006. Camps indicó que son las cuentas de "un gobierno predecible" contextualizadas en el programa operativo 2000-2006, el programa de estabilidad 2005-2007, el plan de inversión 2005-2007 y la actualización del plan del empleo firmado con los interlocutores sociales.

Las cuentas registrarán el déficit previsto en el plan de estabilidad firmado con el Gobierno, que rondará los 500 millones de euros. El titular de Economía explicó que el gasto social supondrá un 78,5% del presupuesto y se incrementará un 10,6%. El gasto en educación, incluido en este apartado, aumentará un 8%, sanidad 10,7%, bienestar social 9,3%, cooperación 22,3% y vivienda y proyectos urbanos 5,4%.

La portavoz de Sanidad del PSPV, Encarna Llinares, criticó que el presupuesto de sanidad crezca un 10% el año que viene, porque este año el Consell ya se ha gastado más de ese 10%. "Es una mala noticia porque significa que el gasto en sanidad crecerá cero euros", dijo la diputada socialista, que añadió que el incremento en las cuentas de esta consejería corresponderá a la financiación extra del Gobierno central.

El consejero de Economía argumentó que todavía no conoce con exactitud la mejora de financiación de la sanidad que recibirá del Gobierno central, aunque la cantidad final no variará el presupuesto consignado en el proyecto de ley.

Según Camps, las otras prioridades de gasto de los presupuestos del año que viene será la inversión en investigación y desarrollo, que subirá un 9,9%, y las infraestructuras. Un capítulo en el que se invertirán, entre iniciativa pública y privada, 4.626 millones de euros.

En el cuadro macroeconómico, el único facilitado ayer por el Consell, se prevé que la Comunidad Valenciana crezca en 2006 una décima más que la media española, gracias a una mayor demanda interna (tres décimas más que en España) y con una balanza comercial en la que las importaciones seguirán creciendo por encima de las exportaciones (cinco décimas por encima de la media estatal).

Además de dar luz verde al proyecto de ley de presupuestos, el Consell decidió realizar su propia celebración del Día de la Constitución y no sumarse al que organiza habitualmente la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

El portavoz del Consell recurrió nuevamente al tono catastrofista para explicar que igual éste es el último año que se puede celebrar la actual Constitución antes de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rompa España. Para el consejero la reforma del Estatuto catalán es "una reforma encubierta de la Constitución".

González Pons también afirmó que si se aprueba la reforma del Estatuto catalán los privilegios fiscales pueden producir "un efecto de deslocalización de las empresas de Castellón que se irían a Tarragona". El fenómeno de deslocalización se ha producido hasta ahora hacia países con menores costes laborales.

Respecto a la exigencia del titular de la Consejería de Territorio, Rafael Blasco, de contar con la competencia sobre los informes medio ambientales en las infraestructuras del Estado tal y como ha incluido el Parlamento catalán en su reforma, el portavoz del Consell recordó que está la cláusula Camps en la reforma valenciana que permite reclamar cualquier competencia que obtenga otra autonomía.

En la reunión del Gobierno valenciano también se acordó nombrar al alcalde de La Pobla Llarga, Rafael Soler, como delegado del Consell en la provincia de Valencia en sustitución del fallecido Fernando Coquillat. Esta vacante es muy posterior a la existente en la subdelegación del Consell en Elche tras la dimisión de Manuel Ortuño, que sigue sin cubrirse.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, aseguró ayer en Elche que Ortuño "ya es historia" en el PP y que "el expediente abierto contra él debe ratificar esa situación". "El futuro del PP en la ciudad de Elche no pasa por Ortuño que debe estar al margen del partido", sentenció Ripoll.