La ponencia del Estatuto faculta al presidente de la Junta a convocar consultas populares

La ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía acordó ayer con el voto de PSOE (61 diputados), IU (6) y PA (5) facultar al presidente de la Junta para proponer la celebración de consultas populares en la comunidad, una competencia que no prohíbe expresamente la Constitución ni la ley orgánica de 1980 aunque tampoco la contempla. El PP (37) no respaldó la propuesta ya que "duda" sobre su constitucionalidad. Populares y andalucistas lanzaron ayer señales de alarma sobre la marcha de los trabajos que dejan en el aire su apoyo al texto final.

Los ponentes terminaron ayer la revisión del Título II del Estatuto sobre la Organización Institucional de la comunidad autónoma en sus capítulos dedicados a la elaboración de las normas, el presidente de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno y la Administración de la Junta.

El acuerdo más significativo afecta al presidente del Gobierno andaluz al que se amplían sus competencias, al facultarlo para poder convocar consultas populares en Andalucía. El texto aprobado -que como todos no es definitivo- dice así: "El presidente de la Junta podrá proponer, de conformidad con lo que determine la legislación del Estado, la celebración de consultas populares en el ámbito de la comunidad autónoma sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales".

En ninguno de los estatutos vigentes está prevista esta facultad, aunque en la propuesta de reforma catalana la capacidad de esta iniciativa se deja en manos "de los ciudadanos de Cataluña".

Ni la Constitución ni la ley Orgánica de 1980 que regula las distintas modalidades de consultas, prohíbe que los presidentes autonómicos puedan pedir la opinión de los ciudadanos de sus comunidades sobre asuntos de interés general, aunque el Estado tiene competencia exclusiva sobre "la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades". La redacción propuesta del PSOE, que salió aprobada con los votos de IU y PA, lo que hace es soslayar la palabra "referéndum" para evitar que la iniciativa pueda ser tumbada posteriormente.

El PP manifestó sus reservas a la propuesta ya que, según afirmó su portavoz, Antonio Sanz, tiene "dudas" de su encaje constitucional.

Curiosamente, los ayuntamientos sí tienen posibilidad de convocar a sus ciudadanos para que voten en urna sobre temas de competencia local -excepto los que afectan a la Hacienda- y participen directamente en la vida política. El Parlamento andaluz aprobó en mayo de 2001 la ley de Regulación de las Consultas Populares Locales en Andalucía.

En la reunión de la ponencia de ayer, el PSOE se quedó solo en más ocasiones de las previstas, aunque sus propuestas fueron las que salieron adelante ya que cuenta con mayoría absoluta. Los ponentes aprobaron de dotar al Gobierno andaluz de dos nuevos instrumentos legales, el decreto ley y el decreto legislativo, con la oposición y reserva de PP e IU, mientras que salió adelante, únicamente con los votos socialistas, la creación de un tribunal administrativo de la función pública resolutorio de los recursos que se interpongan en esta materia, según informó el portavoz socialista, Manuel Gracia.

Los grupos se quejaron ayer de que el PSOE no aceptara sus propuestas sobre limitación de mandatos del presidente, convocatoria separada de elecciones, elaboración de un informe de impacto municipal de las leyes autonómicas o la reprobación individual de los consejeros por parte del Parlamento, lo que Antonio Romero (IU) calificó de "retroceso" sobre lo que ya existe en el Reglamento de la Cámara.

"El PSOE impone su modelo y tiene nula voluntad de consenso", afirmó el popular Antonio Sanz, quien vaticinó que el texto final "va a estar repleto de votos particulares". Sanz volvió a "alertar" de la actitud del PSOE respeto al debate catalán: "Queremos garantías previas para este proceso y una actitud de rechazo más contundente" del PSOE al proyecto estatutario catalán. Dicho esto afirmó que cumplirá con los plazos de trabajo marcados.

También el andalucista Ildefonso Dell'Olmo mostró su disconformidad con los contenidos de "mínimos" que se están pactando: "De seguir así posiblemente el PA se sitúe en las antípodas de lo que resulte el Estatuto. No suscribirá un Estatuto a la valenciana".

Estas declaraciones las hicieron en sus comparecencias públicas, aunque no las dijeron en la reunión de la ponencia, según algunos de los asistentes.