Control para los controladores

Las agencias de calificación financiera o rating han sufrido una durísima crisis de credibilidad después de que se mostraran incapaces de prever quiebras como las de Enron o Parmalat. Sin embargo, y mientras las autoridades han endurecido el control sobre analistas y auditores, aún discuten si deben controlar los complejos métodos de trabajo de las calificadoras.

Las compañías de rating se dedican a analizar las posibilidades de que una empresa pague sus deudas, en un determinado plazo de tiempo. Es un lucrativo negocio, de unos 3.000 millones de dólares, donde los márgenes rozan el 50% y la competencia es escasa. Tres agencias se reparten casi el 100% del mercado: Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings.

Los analistas otorgan una veintena de notas, entre la AAA y la D, tras un proceso de análisis de datos cuantitativos y cualitativos que dura entre cuatro y ocho semanas. Las agencias insisten: lo que hacen no es una auditoría, ni una recomendación de compra o venta. Es una opinión sobre las posibilidades de una empresa de cumplir sus obligaciones financieras. Los críticos con el sistema de calificación dicen, sin embargo, que las agencias viven un permanente conflicto de interés porque quienes pagan por la nota son las compañías calificadas. Además, dan por buena la información que les ofrecen, de ahí que las agencias no se sientan responsables de las quiebras de compañías cuyos gestores se dedicaban a la contabilidad creativa.

El Senado de EE UU ha iniciado una investigación sobre el papel de las tres grandes agencias en el mercado. En España, este negocio está muy poco maduro: 20 de las 35 empresas del Ibex no se dejan calificar.