"La reforma del PSOE aumentará la politización de la Justicia"

El presidente del alto tribunal vasco, Fernando Ruiz Piñeiro (Madrid, 1958) recibe a EL PAÍS en su despacho 17 meses después de su toma de posesión. Algunos de los temas polémicos siguen aún encima de la mesa -caso Atutxa- y otros acaban de hacerse un hueco en la agenda: la reforma de la Justicia proyectada por el PSOE. Aunque no habla de "cesión al chantaje de los nacionalistas" como el PP, dice que la reforma "esconde algo, porque los argumentos dados por el Gobierno sobre la proximidad y de adecuación de la Justicia al Estado autonómico son falsos".

Pregunta. ¿Cree que algunos pronunciamientos de miembros del Gobierno vasco sobre actuaciones de la Audiencia Nacional o del Consejo del Poder Judicial deslegitiman la justicia?

"¿Todas las mujeres que ponen una denuncia deberían ser escoltadas? Sería ideal, ¿pero el Gobierno puede hacerlo? Los recursos son escasos"

"La designación parlamentaria de los consejos autonómicos conlleva una politización evidente de esos ámbitos de gobierno del Poder Judicial"

"La ley de Partidos y los cambios en el Código Penal han puesto a ETA y su mundo en una situación de mucha mayor debilidad que antes"

Respuesta. Cualquier declaración que ponga en cuestión el sistema es muy negativa porque se transmite a los ciudadanos que no se aceptan las reglas y se desestabiliza el sistema.

P. Esas declaraciones vienen acompañadas de un proyecto de nuevo Estatuto en el que se exige un Poder Judicial propio.

R. El Poder Judicial no es transferible porque es la garantía del sistema constitucional, si lo fuese, dejaría de ser garantía y de vertebrar el Estado. Y poner en solfa la actuación de un tribunal es muy desafortunado. Cuando un político dice que un juez dicta sentencia al albur de una opción política se equivoca y busca una rentabilidad a corto plazo. Las resoluciones se pueden criticar, pero no es posible poner en cuestión la honorabilidad de un juez o achacarle un delito.

P. En septiembre se va a entrevistar de nuevo con el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. ¿Qué peticiones concretas le va a hacer?

R. Es claro que en el pasado ha habido una modernización de los edificios judiciales, pero en materia de informatización, en lo que hace años fuimos punteros, nos hemos empezado a quedar atrás. En dotación de medios estamos a un nivel bastante bueno y se ha inyectado mucho dinero. Pediremos a Azkarraga nuevos equipos y programas informáticos, correos electrónicos con más capacidad. Antes de la reunión de septiembre, la Sala de Gobierno hará un encuentro monográfico para definir las peticiones.

P. ¿Los cambios legales impulsados por el PP ha sido eficaces en la lucha contra el terrorismo o han menoscabado los derechos civiles?

R. Los resultados están ahí. La ley de Partidos ha supuesto un gran avance en la lucha contra el terrorismo. Hay que respetar la opción del legislador, que representa a la sociedad. El Código Penal es uno de los cuerpos legislativos que más modificaciones sufre y eso obedece a la política criminal que lleva cada gobierno. La situación del terrorismo y del mundo que le rodea es de mucha mayor debilidad que hace ocho años.

P. El PNV le dio la bienvenida diciendo que iba a seguir con lupa su trabajo. ¿Se ha sentido vigilado?

R. Es una sensación que se puede tener siempre. En mi etapa de diez años en la Sala de lo Contencioso nos pronunciamos sobre asuntos de gran trascendencia social como el derecho de reunión y manifestación. Y de antemano sabíamos que íbamos a ser criticados. No tengo ahora una sensación distinta. No creo que el PNV haya estado pendiente de mis cosas.

P. Lo preguntaba más por su decisión en el caso Atutxa, que ha supuesto que la causa continúe.

R. Siempre he desempeñado mi papel con absoluta independencia de cualquier opción política. El auto de febrero de revocación del archivo dictado por la instructora no ha tenido críticas jurídicas. Probablemente, porque jurídicamente es impecable.

P. Pero es un caso que sirve como botón de muestra de lo que se conoce como politización de la justicia. Ahí esta la posición "volátil" de la Fiscalía, que con el PP en el poder acusaba y ahora ya no.

R. Desconozco las motivaciones de la Fiscalía para actuar así. Pero los datos están ahí, la fiscalía inicia la causa, amplia la querella a otros tres parlamentarios y, finalmente, no recurre el archivo. Y cuando la causa sigue adelante, la Fiscalía decide no presentar acusación. El cambio de criterio es evidente, pero los motivos los debe explicar el fiscal. Todos los fiscales generales han sido acusados por la oposición de estar politizados y a las órdenes del Gobierno. Es un problema de difícil solución. No se me ocurre ni pensar que ningún fiscal general actúe por directrices directas del Gobierno.

P. Ha dicho usted que la reforma de la Justicia anunciada por el Gobierno es en parte inconstitucional y ampliará la politización ya existente. Algunos han ido más lejos y la han tachado de "golpe de Estado" y de "cesión al chantaje de los nacionalistas"

R. Ja, ja ja. Bueno, sin conocer su contenido concreto, lo que ha aparecido en los medios es muy preocupante. Tengo serias dudas de la constitucionalidad de los Consejos autonómicos y de los jueces de proximidad. Nadie discute ya el grado de politización al que se ha llegado en el Consejo General del Poder Judicial, lastrado por la fórmula de designación de sus miembros por el ámbito político. Quien piense que crear 17 consejos con designación parlamentaria en un tercio no conlleva no ya el riesgo, sino la evidencia absoluta de que se multiplica por 17 la politización, se autoengaña..

P. ¿Y los argumentos del Gobierno para justificar la reforma?

R. La reforma tiene un calado tremendo, pero los argumentos son mentira. Hablan de descentralización del Poder Judicial y de acercar la Justicia al ciudadano. Ninguno es cierto. El Poder público más descentralizado en España es el Judicial. Lo que quiere el Gobierno es vestir la moto ante los ciudadanos para vender la reforma. ¡Qué más acercamiento hay al ciudadano que tener juzgados en todos los municipios de España! No existe ningún poder público que tenga esa cercanía al ciudadano. Habrá otras motivaciones; un columnista apuntaba que el motivo era el control de la Administración de justicia por parte del Gobierno. Yo no lo sé, pero el Gobierno oculta algo.

P. ¿La cesión a los nacionalistas que denuncia el PP, tal vez?

R. Yo ahí ni entro ni salgo. La reforma no obedece a lo que ha dicho el Gobierno.

P. ¿Y los juzgados de proximidad?

R. Fue el PSOE el que suprimió en 1989 los juzgados de distrito. Aquello fue un error. Ahora parece querer recuperarlos, pero con un problema añadido: que esos jueces no serán de carrera, profesionales, serán jueces provisionales.

P. Serán cubiertas por juristas de reconocido prestigio.

R. ¿Pero alguien se cree que un abogado de reconocido prestigio va a dejar de ganar dinero en su bufete para encargarse de causas menores como juez? El ciudadano debe exigir jueces profesionales. Y no me vale que sean causas menores, para cada ciudadano su asunto es el más importante y es normal que pida que se lo resuelva un juez profesional El colmo de los despropósitos es que ese juez sea nombrado por los ayuntamientos, con el riesgo de politización que supone.

P. La Fiscal jefe alertó el año pasado del incremento de la violencia de género. Entonces había 2.524 denuncias, la memoria de 2004 contabiliza 3.465. Las medidas adoptadas son insuficientes para combartir esta lacra.

R. Las soluciones judiciales no van a resolver problemas como este. Hay que educar en las familias y en las escuelas para evitar que se produzca esta violencia o la que se ejerce también con los menores, por ejemplo.

P. Su discurso parece lastrado por el pesimismo. Y la cifra de los cadáveres de mujeres sigue creciendo. La opinión pública exige parar esta sangría.

R. Pero se ha avanzado mucho: cada vez son más las mujeres que denuncian, aunque hay muchas que siguen sufriendo esa violencia en silencio. Las medidas de protección, los nuevos juzgados especializados en esta violencia, los teléfonos móviles para las víctimas, son medidas positivas. Pero evitar que se produzca esta violencia en un seno tan íntimo como el hogar es muy difícil. ¿Todas las mujeres que ponen una denuncian tienen que ser escoltadas? Sería ideal, ¿pero las administraciones pueden hacerlo? Los recursos son escasos.

P. Ya se generalizó esta medida para los cargos amenazados por ETA o para los jueces.

R. Es una opción política, claro. Los medios que hacen falta son ingentes, pero se evitarían muertes, claro. Hay otros ámbitos con componentes también muy dramáticos, como la violencia que sufren los menores, que igual es mayor. Tiene una trascendencia impresionista esta otra violencia. Un informe del Consejo del Poder Judicial revelaba que de 100 casos estudiados de violencia contra menores, en la inmesa mayoría de ellos el menor volvía al día siguiente o pasadas unas horas con el familiar que le maltrataba, sin que la fiscalía ni nadie hiciera nada.