El PP se queda solo en su petición de cese de Conde-Pumpido y Alonso

El Partido Popular reclamó ayer en el pleno del Congreso el cese o la destitución del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez. Ningún otro grupo siguió al PP en sus reclamaciones. Los populares pidieron la cabeza de Conde-Pumpido bajo las acusaciones de "parcialidad, sectarismo y burla de la legalidad", y las de Alonso y Méndez por las detenciones de dos militantes del PP tras la manifestación del 22 de enero.

Ignacio Astarloa, secretario de Justicia e Interior del PP, defendió ayer una proposición no de ley que pretendía que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a "que cese de manera inmediata al fiscal general del Estado". Votaron a favor 129 diputados del PP, se abstuvieron 9 de CiU y rechazaron esa reprobación de Conde-Pumpido 179 parlamentarios de los demás grupos.

Astarloa dio cinco razones para pedir el cese del fiscal, entre las que destaca que, según él, Conde-Pumpido "ha asumido una inexplicable pasividad en el cumplimiento de la Ley de Partidos". Subrayó que "el Partido Comunista de las Tierras Vascas no ha condenado ni uno solo de los seis atentados perpetrados por ETA" en los últimos meses y preguntó "a qué espera el fiscal general para cumplir lo que de él espera la sociedad española".

Junto a la censura por no haber instado a la ilegalización del PCTV, el PP acusó al fiscal del Estado de haber "abandonado su misión constitucional como defensor de la legalidad" y haberse "convertido en un verdadero burlador de la legalidad". Astarloa llegó a ese calificativo por las declaraciones del fiscal sobre los manifestantes en actitud "vociferante". Según el diputado popular, el fiscal "ha glosado el nuevo delito de vociferación".

Tras esa chanza, Astarloa criticó los nombramientos en la carrera fiscal a instancias de Conde-Pumpido y, sobre todo, la actuación del fiscal en el caso abierto contra el anterior presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna. Todo ello, según el PP, demuestra el "sectarismo y la arbitrariedad" de Conde-Pumpido.

Ningún otro grupo coincidió con el análisis del PP. Hicieron múltiples comparaciones de Conde-Pumpido con su antecesor en el cargo, Jesús Cardenal. Como resumen, el diputado de ERC Agustí Cerdà mantuvo que "en sectarismo y partidismo, Cándido Conde-Pumpido es un bebé al lado de Jesús Cardenal".

El PSOE, a través de su diputado Julio Villarrubia, tildó la petición de dimisión del fiscal del Estado de "auténtico despropósito" y de "cúmulo de desatinos e improperios". Villarrubia preguntó a la bancada del PP si "no les parece mejor volver a la normalidad democrática después de ocho años de manipulación absoluta".

Tras la derrota de la petición de cese de Conde-Pumpido, el PP fracasó en sus reprobaciones del ministro Alonso y el delegado del Gobierno Méndez por las presuntas detenciones ilegales de dos militantes del PP en la manifestación del pasado 22 de enero. El PP volvió a quedarse solo en esta pretensión, que tomó la forma de una moción consecuencia de la interpelación que Astarloa planteó el miércoles pasado al ministro Alonso. Votaron a favor de la destitución de Alonso y Méndez 134 diputados del PP. En contra, 189 parlamentarios de los restantes grupos. Nadie se abstuvo y la bancada socialista aplaudió al concluir la votación.

La moción que pedía la dimisión de Alonso y Méndez fue defendida por el diputado popular Javier Fernández-Lasquetty. Éste pidió al Gobierno que, si no le gustan las manifestaciones contra su política, no responda con "una irritación tan desmedida como para desembocar en detenciones arbitrarias de militantes de la oposición". Al igual que Astarloa, Lasquetty acusó al "Gobierno del señor Zapatero de comportarse de forma cada vez más autoritaria, prepotente y soberbia". Hoy, el PP planteará seis preguntas al Gobierno, en la sesión de control, sobre este asunto.

Los diputados de los demás grupos censuraron la pretensión del PP. El más irónico fue Tardà, de ERC, que afirmó: "Ahora los rojos y separatistas hacemos las leyes y ustedes hacen las manifestaciones. Eso está bien".