La Generalitat construirá la futura prisión de mujeres en Sant Llorenç d'Hortons

El municipio de Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès) será el que acogerá la futura cárcel de mujeres que, en la práctica, sustituirá la de Wad-ras de Barcelona. Antes de que la Generalitat haga pública la noticia, el Ayuntamiento ha preferido comunicarlo a los vecinos a través de dos asambleas populares. La posibilidad de que se construyera un centro penitenciario en el municipio ya se apuntó hace unos meses y apenas generó rechazo vecinal. El gobierno local también lo ha apoyado siempre. Todo lo contrario ocurre en Estaràs (Segarra), donde la Generalitat quiere construir otra prisión. El Ayuntamiento de esta localidad acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat le impone el centro penitenciario.

A finales del año pasado se hizo público que Justicia negociaba con el Ayuntamento de Sant Llorenç la posibilidad de construir una cárcel de mujeres en el término municipal. Las negociaciones se mantenían con diversas localidades simultáneamente. Esta semana, el consistorio ha confirmado a los vecinos la elección de Sant Llorenç, una decisión que cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento. De esta forma, se avanza lo que previsiblemente se hará público oficialmente dentro de dos o tres semanas, cuando el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, presentará al Gobienro catalán el Plan de Equipamientos Penitencarios con las localizaciones de los nuevos centros. Justicia no confirmó ni negó ayer que la nueva cárcel vaya a Sant Llorenç.

El centro se construirá en un polígono industrial aún no urbanizado, muy cerca del núcleo urbano de Sant Joan Samora y a pocos metros de donde ya se encuentran las cárceles de Brians I y Brians II, ubicadas en el municipio de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Tendrá una capacidad para 500 mujeres y se edificará siguiendo el llamado modelo francés, es decir, con una sucesión de apartamentos contiguos para las reclusas, pero con los sistemas habituales de seguridad.

El Departamento de Justicia no lo ha tenido demasiado difícil para quedarse con la opción de Sant Llorenç d'Hortons, sobre todo porque el gobierno local siempre ha puesto énfasis en las compensaciones que recibiría el municipio y porque apenas ha generado rechazo entre los vecinos. Lo que ha sido determinante para que el Ayuntamiento haya visto con buenos ojos la posibilidad de acoger la cárcel de mujeres es su proximidad a las de Brians.

Àlex Jover, alcalde accidental de la población, recordaba ayer que pese a tener tan cerca estas dos cárceles y pese al impacto que generan en la zona, el pueblo no recibe compensación alguna. Por eso, la construcción del centro para mujeres casi al lado no cambiará demasiado la situación actual, según Jover, y, en cambio, el consistorio recibirá las compensacions económicas que por ley le correspondan.

La Segarra busca apoyos

Todo lo contrario ocurre en Estaràs (Segarra), donde la Generalitat quiere construir otro centro penitenciario, en este caso para hombres, y que cuenta con el frontal rechazo del Ayuntamiento y de la ciudadanía. El presidente del Consejo Comarcal de la Segarra, Adrià Marquilles (CiU), se reunió ayer con el grupo de Convergència i Unió en el Parlament para buscar su apoyo en el rechazo al centro penitenciario. Marquilles aseguró que el Ayuntamiento de Estaràs está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno catalán acaba imponiendo la construcción de la cárcel en este municipio. "Así me lo ha hecho saber por carta el alcalde de esta población", explicó Marquilles. El presidente del Consejo Comarcal de la Segarra también se entrevistará el próximo 13 de junio con el presidente del Parlament, Ernest Benach, y con el resto de grupos parlamentarios para pedirles que rechacen la construcción de esta prisión.

La delegación de la Segarra en el Parlament contó también con una representación de la plataforma ciudadana No a la presó, que se entrevistó con representantes de CiU y Esquerra para exponerles sus puntos de vista. El portavoz de la plataforma, Ramon Vendrell, afirmó que, por ahora, sólo CiU apoya firmemente sus demandas. De hecho, la formación nacionalista sólo contó ayer con el apoyo del PP al pedir la retirada del proyecto en una moción parlamentaria.