Indefensos en el trabajo

La fábrica ha desaparecido. En el polígono industrial de San José de Valderas (Madrid) ya no está la panificadora que ha marcado para siempre la vida de Rocío Sojo, de 24 años. "Parece que se han ido al polígono de Pinto y han cambiado de nombre", dice un empresario de la zona. Los cuatro últimos años de su vida, Rocío los ha pasado entre hospitales y juzgados: diez operaciones y dos sentencias judiciales.

Ella sufrió un accidente laboral. Uno entre los casi un millón que se producen en España cada año (865.167 leves, 10.474 graves y cerca de 1.000 con resultado de muerte), y que salpican cotidianamente las páginas de los periódicos y recogen las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

"Son demasiados los accidentes laborales, muchas veces relacionados con la precariedad de los empleos, y demasiada la impunidad de esos delitos", dice la responsable de UGT

"Muchas veces prescribe el delito, o caduca el expediente, o el informe no es suficientemente preciso, y no se pagan las sanciones", dice el director general de la Inspección

La historia de Rocío empezó la mañana del 8 de octubre de 1999. Había decidido trabajar una temporada mientras terminaba de sacarse el bachillerato. Vio una oferta de trabajo en el periódico, llamó, y al día siguiente ya estaba trabajando, sin más. Llegó a la fábrica y nadie la esperaba, pero un compañero le dijo que se había quedado "un puesto vacante" en la máquina y que suponía que aquél era su sitio. Bandeja de pan va y bandeja de pan viene. Rocío se pasaba ocho horas recogiendo hornadas de pan. Llevaba dos meses y cinco días trabajando y aquella mañana de octubre, como otras muchas, se pegó la masa en la máquina. Como siempre, "siguiendo las instrucciones del jefe de no parar la máquina", metió la mano por un hueco para desatascarla. Esta vez se quedó atrapada.

Durante más de una hora su mano fue machacada por un engranaje. Gritó, pero su compañero no la escuchaba porque había salido y, finalmente, cuando regresó, no sabía parar la máquina. Ella misma tuvo que decirle dónde estaba el interruptor para detenerla, el botón que el jefe había prohibido tocar para no parar la producción.

"Llamaron al empresario y al técnico de la máquina, que estaban fuera", recuerda. "Cuando llegaron, sugirieron poner la marcha atrás y que yo tirase en ese momento y sacara la mano, para no tener que romper la máquina". Rocío rompe a llorar sólo de pensar lo que podía haberle pasado de haber seguido esas instrucciones. En medio de la tensión y la desesperación, una compañera tuvo un momento de lucidez y se negó a que volvieran a conectar la máquina y llamó a los servicios de urgencias, a la policía y a los bomberos, que partieron la cadena y consiguieron sacarle la mano. Destrozada.

La secuencia de hechos, recogida en dos sentencias, una del juzgado de lo penal 1 de Getafe y otra de la Audiencia Provincial de Madrid, muestra un reiterado y consecutivo, "clamoroso" dice la sentencia, incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ahora cumple 10 años desde su aprobación, en 1995. Aquella legislación pretendía cumplir con la directiva europea correspondiente y aglutinar toda la normativa dispersa en relación con los riesgos en el trabajo. Pero, pese a todo, España casi duplica los índices de siniestralidad laboral con respecto a Europa. Según los datos de Eurostat, la media europea de accidentes de trabajo es de 3.536 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España se alcanzan los 6.728.

A Rocío no la habían informado sobre el uso de esa máquina, que ni siquiera estaba homologada y que tenía las protecciones quitadas para poder realizar ese tipo de manipulaciones; tampoco la habían formado sobre los riesgos relacionados con su puesto; tampoco existía un plan de actuación de emergencias, como muestra el hecho de que ni siquiera sabían parar la máquina y de que llamaron antes al técnico que a los servicios médicos. De hecho, el empresario tampoco llamó a la Inspección de Trabajo para dar cuenta de lo sucedido. "Yo no sé nada de eso", dicen que dijo. Éste no es un caso aislado.

Festus Osabemwina, nigeriano de 32 años, sufrió un accidente parecido que le ha dejado inútil su brazo derecho. Una máquina trituradora de metales enganchó su brazo al tratar de desatascarla en funcionamiento, porque también le habían ordenado no parar la máquina, y empezó a tirar de él. "No me tragó de milagro", dice ahora, después de haber recuperado su dentadura y su rostro. Ha iniciado un proceso penal a través del gabinete de UGT.

De visita con una técnica en protección de derechos laborales, en un taller textil, es fácil percibir la falta de concienciación que existe todavía en este terreno. La empresaria en cuestión, con una decena de personas a su cargo, guarda los papeles del servicio de prevención contratado sin saber lo que son, sin firmarlos, sin colocarlos en los sitios correspondientes... Y al final pregunta: "¿Pero esto sirve para algo?".

En España, pese a la proliferación de técnicos y servicios de prevención en los últimos años, según la última encuesta nacional de condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Higiene, más de la mitad de las empresas no han realizado estudios de riesgos en el puesto de trabajo y más del 40% de los trabajadores no han recibido ninguna formación al respecto.

Rocío, tras ser intervenida una decena de veces, perder el dedo pulgar de su mano izquierda (es zurda) y, con ello, perder la posibilidad de hacer la pinza; y perder la primera falange del pie derecho, tras el intento fracasado de los médicos de su seguro de implantárselo en la mano para devolverle la funcionalidad, decidió ir por la vía penal. Una decisión poco habitual, según señalan los abogados Jesús Martínez y José Antonio Lucena, de la asesoría jurídica de UGT. "Los procesos son mucho más largos que los administrativos. Y la gente quiere indemnizaciones rápido, no esperar años para que el responsable sea condenado y, casi siempre, con la pena mínima de prisión, que luego no cumple".

Impunidad

"No se trata de criminalizar a los empresarios, pero son demasiados los accidentes laborales, relacionados muchas veces con la precariedad de los empleos y las subcontrataciones, y son demasiados los delitos contra los derechos de los trabajadores que quedan impunes", explica Dolors Hernández, responsable de Salud Laboral del sindicato UGT. Una observación que ratifica María Ángeles García, fiscal de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que acaba de presentar un "protocolo de actuación para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución efectiva de las sentencias condenatorias".

Rocío sólo se ha salido con la suya en parte. El empresario fue condenado por un delito contra los derechos de los trabajadores a un año y tres meses de prisión y como responsable de un delito de lesiones a otros seis meses y a indemnizar a Rocío con 127.000 euros. Sin embargo, la Audiencia le absolvió del primer delito, tras presentar un recurso.

A Rocío la sustituyó otra chica, que sufrió el mismo accidente. Incluso fue a testificar a su juicio, pero sirvió de poco por no ser testigo directo, y aquella chica huyó a su pueblo resignada. Quizá alguien ocupe de nuevo esa vacante.