Los narcos disparan a la prensa

En una semana tres periodistas han sido víctimas de los zarpazos del crimen organizado en distintos Estados de México. Los tres habían denunciado a través de los medios la actuación de carteles de narcotraficantes y de redes de corrupción. El 2 de abril, el reportero Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, especializado en temas de seguridad pública y drogas, desapareció sin dejar rastro. Trabajaba en la ciudad de Hermosillo (Estado de Sonora) para el diario El Imparcial. Tres días después, un pistolero disparó en nueve ocasiones a la periodista Guadalupe García Escamilla, de Radio Estéreo 91, en Nuevo Laredo (Tamaulipas). Falleció el pasado fin de semana en el hospital donde había sido internada. El 8 de abril, Raúl Gibb Guerrero, director y propietario del diario La Opinión de Poza Rica (Veracruz), fue acribillado mientras conducía su camioneta. Cuatro sicarios lo interceptaron entrada la noche cuando llegaba a su domicilio. Es el quinto periodista asesinado en menos de un año. Otros ocho informadores corrieron mejor suerte en lo que va de 2005 y sólo sufrieron atentados fallidos, agresiones físicas, amenazas de muerte o simples insultos.

La Cámara de Diputados mexicana ha pedido al presidente Vicente Fox medidas efectivas para la protección de los periodistas y una investigación eficaz sobre los atentados recientes. La Unesco, por boca de su director general, Koichiro Matsuura, ha calificado el asesinato de Raúl Gibb de "grave ataque a la libertad de prensa y de expresión", y organizaciones oficiales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, advierten de que las condiciones de trabajo de los periodistas se han deteriorado en México.

La investigación periodística es una actividad de alto riesgo desde hace tiempo en aquellos Estados donde operan los carteles de la droga. Mientras los países desarrollados debaten sobre las amenazas y los límites a la libertad de prensa, en otras zonas del mundo el periodismo es una cuestión de vida o muerte. Hace dos semanas que el joven periodista Alfredo Jiménez está en paradero desconocido. Una treintena de colegas de distintos medios de Sonora acudieron el miércoles a las oficinas de la Procuradoría (Fiscalía) General de la República (PGR) para exigir que se agilicen las investigaciones. Los padres del reportero entregaron una carta al gobernador del Estado, Eduardo Bours Castelo, en la que exigen mayor compromiso de parte de las autoridades en las investigaciones.

Nadie se ha puesto en contacto con la familia ni se ha atribuido secuestro alguno. "No hemos encontrado un solo testigo que nos diga cómo desapareció Alfredo", explica Jorge Morales, subdirector editorial de El Imparcial. Alfredo Jiménez sabía mucho de los tentáculos del narcotráfico y publicó "cosas muy fuertes de la PGR", dice el subdirector del diario. En sus artículos más recientes reveló supuestos planes de narcotraficantes para asesinar a funcionarios públicos, así como vínculos de la policía local con grupos delictivos. El delegado de la fiscalía ha reconocido que el ministerio público federal citó al periodista para pedirle explicaciones sobre la presunta violación de un expediente.

Los ataques a periodistas se enmarcan en la escalada de violencia que han desencadenado las bandas de narcotraficantes en respuesta a los duros golpes que han recibido estos últimos años. Un informe de la Procuraduría señala que 15 grandes jefes, 39 financieros, 64 lugartenientes y 185 sicarios están presos. Según esta información, en el vacío de poder que impera hoy en el narcotráfico mexicano, los distintos jefes tratan de imponer su autoridad incluso desde la cárcel. En este fuego cruzado, los periodistas se han convertido en un adversario que conviene acallar.