Entrevista:EMILIO CALATAYUD | JUEZ DE MENORES DE GRANADA | ENTREVISTA

"Nadie está libre de que sus hijos cometan alguna barbaridad"

Con mucha imaginación y una buena dotación de medios, el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, ha sabido exprimir al máximo las posibilidades que le ofrece la Ley del Menor, aprobada en el año 2000. Muchos de los pequeños delincuentes que han pasado por su juzgado han salido de la sala de vistas con sentencias ejemplarizantes y educativas bajo el brazo que muchos consideran heterodoxas. Un pequeño ladrón aprendió a leer y escribir gracias a él; otros adolescentes conflictivos redimen sus faltas limpiando los restos del botellón, plantando árboles en el campo, dibujando cómics o visitando víctimas de accidentes de tráfico. Cree que su labor consiste en ponerles los límites que muchos padres no han sabido o no han querido establecer y a los que reclama más firmeza en casa para evitar episodios desagradables.

"Es normal que uno o dos juicios semanales sean de maltrato. En esos casos, el padre o la madre se plantan en el juzgado diciendo: 'No puedo con mi hijo"
"No hay que volver a la figura del padre autoritario de antes, pero sí obligar al niño al cumplimiento de ciertas normas"

De los cerca de 800 choricillos -como él los llama- que han pasado por sus manos este año, sólo 70 han terminado recluidos en centros de menores. En su despacho conserva los regalos que algunos de esos chavales le mandan. "Son pequeños cohechos", bromea orgulloso de ellos.

Pregunta. ¿Son más delincuentes los menores de hoy que los de antes?

Respuesta. No lo sé, lo que si sé es que ahora es más fácil para un niño cometer un delito. Ha aumentado la violencia, sobre todo entre las chicas, y el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Si a eso le sumamos que los menores hacen más vida nocturna tenemos un caldo de cultivo que antes no se daba. La situación de riesgo es mayor porque hay más relajación de costumbres. Eso permite unas posibilidades que antes no había.

P. ¿Cuáles son los delitos que más se cometen?

R. Robos con violencia, tirones y delitos contra la propiedad en general. En los últimos años se han incrementado las lesiones, y, sobre todo, los casos de maltrato familiar. Empezamos a tener también algunos abusos sexuales.

P. En los casos de maltrato, ¿son el padre o la madre, o bien ambos dos, los que denuncian a sus hijos?

R. Son chavales de clase media alta que se convierten en los sheriffs de la casa. O se hace lo que dicen ellos o automáticamente convierten el hogar en un infierno. Es gente con dinero; niños que tienen de todo, pero que, coincidiendo con la adolescencia, problemas de estudios o dificultades de pareja de sus padres, se convierten en auténticos maltratadores con chantajes, amenazas, coacciones hacia ellos. Es la típica situación en la que la pareja no puede con el hijo, que se pasa el día golpeando y agrediendo a la familia. Es muy normal que uno o dos juicios semanales sean de maltrato. En esos casos, el padre o la madre se plantan en el juzgado diciendo: "No puedo con mi hijo".

P. ¿Cómo se llega a esa situación?

R. Los padres no han sabido o no han podido poner límites a sus hijos. A veces coincide con el inicio de las salidas nocturnas, con el momento de la pandilla de amiguetes adolescentes... Casi siempre se reconduce la situación, pero los padres suelen pasar dos o tres años muy complicados con esos chavales que tienen sólo 15 o 16 años, pero que se les van de las manos, no aceptan autoridad y ejercen verdaderas vejaciones y malos tratos psicológicos. No sé si el problema se produce más ahora o es que los padres optan por denunciar porque no saben hasta dónde llega su facultad de corregir. Es una especie de llamada de atención, una petición de ayuda.

P. Ponga un ejemplo.

R. Una vez se presentó un padre el día de Nochebuena pidiéndome que encerrara a su hijo. Normalmente esas situaciones comienzan con un problema de fracaso escolar. El caso típico es el del niño que pide una moto y hace chantaje todo el día para conseguirla, el del que exige más paga o el que trata de retrasar su hora de llegada a casa por la noche. Eso deriva en insultos, amenazas y coacciones. El niño se niega a hacer lo que le ordenan si no consigue lo que quiere. Si el matrimonio tiene algún problema o los padres están separados, no es extraño que se produzcan agresiones físicas, que en algunos casos afectan también a los hermanos. Es un problema de excesiva libertad, de no imposición de límites a tiempo.

P. ¿Cómo se puede evitar esa situación?

R. Poniendo esos límites de los que hablaba. No hay que volver a la figura del padre autoritario de antes, pero sí obligar al niño al cumplimiento de ciertas normas. Es una cuestión de negociación, pero siempre bajo la autoridad de los padres. No puede ser "a las diez en casa porque lo digo yo", pero tampoco "a las dos de la madrugada sale porque lo dice él". Se puede razonar, pero la autoridad paterna se tiene que imponer tanto en el cumplimiento de horarios como en la conducta en casa. En los últimos años se ha hablado mucho de los derechos de los niños, pero poco de sus deberes. Y los chavales los tienen en la familia, en la escuela y en la sociedad. Nos hemos relajado por miedo a que nos llamen anticuados, fachas o autoritarios y estamos pagando las consecuencias.

P. ¿Hasta qué punto influye el cambio de modelo familiar de los últimos años? Ahora, ambos padres trabajan.

R. Hemos evolucionado mucho en muy poco tiempo y la sociedad se ha resentido. La incorporación de la mujer al trabajo es aún difícil de compatibilizar con el cuidado de los niños. El menor ha pagado las consecuencias aprovechándose de la situación. Hacen abuso de sus derechos y dejadez de sus obligaciones porque en muchos casos no se les informa suficientemente de estas últimas. Los padres se encuentran confusos porque no saben hasta dónde pueden llegar para controlarlos. Muchos menores se dedican a amenazarlos diciéndoles: "Como me toques te denuncio". Eso ha creado desorientación, pero con el tiempo cambiará. Nuestros hijos estarán más preparados para dominar esas situaciones.

P. ¿Qué recomendaría a los padres para que sus hijos no pasen por los juzgados?

R. No puedo dar consejos porque ni siquiera sé si yo soy un buen padre. Lo que sí puedo dar son las pautas para crear un pequeño delincuente. Por ejemplo, dar al niño todo el dinero que pida, hacerle el dormitorio, ponerse siempre de su parte, discutir con la pareja delante de él, echarle siempre la culpa a los demás de sus problemas, dejarle que lea todo lo que quiera, no transmitirle valores de solidaridad o de compromiso... Si seguimos esos pasos, es más probable que tenga que venir por aquí. Hay que exigirles respeto a sus propios actos y equivocaciones.

P. Esa sensación de impunidad de la que hablaba se da también entre los que ya han cometido delitos.

R. Exactamente. En esos casos es el juez el que tiene que poner los límites. Muchos chavales condenados que con el tiempo han logrado salir adelante te agradecen que se los hayas impuesto. A veces la gente con la que más duro has sido es la que más agradecimiento te muestra. Yo tuve un chaval de 14 años que se convirtió en un verdadero chorizo, un atracador de cuidado. Era un delincuente por exceso, de clase media alta y padres profesionales con buenos sueldos que le proporcionaron todo lo que pedía. Lo tuvimos en sucesivas libertades vigiladas e internamientos. Ahora es número uno de su promoción de electricidad.

P. Pero ese no es el perfil típico de los menores que juzga, ¿no?

R. No. Como se han equiparado las clases sociales, tenemos chorizos por exceso y por defecto. Hay gente con problemas de consumo de drogas y chavales desquiciados por cuestiones familiares. En el historial de los que llegan aquí siempre hay algo relacionado con fracaso escolar o un problema de familia: padres que no coinciden en el modo de educar a los hijos, alcohol, cambios de domicilio...

P. ¿Son frecuentes los menores extranjeros?

R. La verdad es que no vienen muchos. Tenemos al típico menor magrebí que llega en circunstancias dramáticas y se encuentra en situación de desamparo, pero no es alarmante. Hemos encontrado cierta delincuencia organizada relacionada con chicos rumanos que son utilizados para delinquir en colaboración con mayores de edad. En los casos que hemos llevado en Granada, curiosamente, siempre han sido defendidos por el mismo despacho de Madrid. Eso huele. Los magrebíes suelen dar menos problemas y se reintegran mejor. Las mayores dificultades las presentan los niños bien, porque no se aceptan como delincuentes. También las chicas con problemas de drogas en las que entra en juego la maternidad.

P. Hay gente que no entiende sus sentencias ejemplarizantes y pide que se actúe con más mano dura. Más privación de libertad y menos medidas socioeducativas.

R. El internamiento es lo más simple y lo más barato, pero el que contempla la Ley del Menor es sólo un camino más para conseguir la reinserción. Hay muchas posibilidades de reconducirlos sin tener que privarlos de libertad, lo que pasa es que eso implica la dotación de unos buenos profesionales que trabajen con los chavales en medidas de medio abierto

[las que no implican la reclusión en un centro]. Tenemos que ser capaces de dar oportunidades y enderezar conductas sin recurrir al internamiento. Nosotros tenemos 800 chavales en libertad vigilada, tareas socioeducativas o trabajos en beneficio de la comunidad y sólo 70 internados. Hay muchos que limpian los restos del botellón, las playas, o asisten a tetrapléjicos en el hospital; pero eso lo podemos hacer porque tenemos personal especializado.

P. ¿Qué pasa en el resto de las autonomías?

R. La situación es muy desigual. Como nuestros medios provienen de cada comunidad, dependemos de la voluntad y la sensibilidad de los políticos, que a veces se junta con la dejadez de algunos jueces. Aquí, en Andalucía, los tenemos, y por eso somos pioneros en muchas medidas de medio abierto. Comunidades como Castilla y León tienen serias carencias. Los catalanes empezaron muy bien con el tema de la mediación, pero se han quedado anquilosados. El Gobierno ya ha aprobado el reglamento, pero falta un acuerdo de todas las autonomías sobre unos mínimos para garantizar el funcionamiento de la Ley del Menor.

P. ¿Cuáles son las ventajas de la mediación?

R. Un equipo de educadores y psicólogos, después de evaluar la situación del menor, organiza un encuentro con la víctima para evitar que el tema pase a juicio. Ofrece muy buenos resultados porque ayuda al menor a concienciarse de lo que ha hecho. Sirve para reinsertar al individuo porque se tiene que enfrentar a la víctima, y viceversa. Los chavales muchas veces no identifican a sus perjudicados y cuando se encuentran con ellos cambia su perspectiva. No es lo mismo pegar un tirón a una anciana que enfrentarse a ella cara a cara y comprobar sus circunstancias personales. La víctima también aprende de las circunstancias del chaval.

P. La reincidencia puede dar datos sobre sus sentencias educativas. ¿Se da más entre los condenados a estas medidas o entre los internados?

R. No hay datos sobre los menores internados que pasan a la justicia ordinaria cuando llegan a la mayoría de edad, pero tenemos un estudio provincial en Granada que revela que el 82% de los menores condenados a medidas de medio abierto, mientras las cumplen, no reinciden. Falta saber cuántos menores pasan con el tiempo a las cárceles para poder hacernos una idea de la eficacia de la ley.

P. El problema son los delitos graves, como los homicidios o las violaciones. Muchas víctimas creen que la ley es blanda con los adolescentes que los cometen.

R. Nosotros podemos condenar a un chaval, como máximo, a 10 años de internamiento. Es normal que el padre de una cría que han matado pida más dureza, pero hay que tener en cuenta que el tiempo que un adulto puede pasar en la cárcel son 20 años. La Ley del Menor dice que lo fundamental es la reinserción del chaval, luego la pregunta es: ¿cuánto tiempo necesitamos privar de libertad a un menor para que sea recuperable para la sociedad? Creo que después de 15 o 17 años de internamiento cualquier persona es irrecuperable, se convierte en un parásito. La reinserción, el esfuerzo para lograrla, es mucho más rentable para la sociedad.

P. ¿Esas quejas pecan de falta de empatía?

R. Los delitos de los menores tienen más víctimas que los demás. Aparte del padre o la madre del niño muerto, hay que pensar en los padres del niño asesino o violador que no han podido o no han querido educarle correctamente. Son también perjudicados y sufren una condena aún más dura, la de la sociedad. Es muy doloroso el papel de la víctima, pero también el de las personas del entorno del autor. Si cualquier delito es un fracaso, el de un menor lo es todavía más. Nadie está libre de que sus hijos cometan alguna barbaridad. Uno puede atropellar a alguien con una copa de más con una moto o puede tener la mala suerte de excederse en una noche de copas con la bebida. Entre los 12 y los 17 años esos hechos se pueden producir. Todos hemos cometido alguna imprudencia en la adolescencia que por suerte no ha tenido consecuencias trágicas, y no por eso somos delincuentes. Conocemos las condiciones de nuestro sistema penitenciario. ¿Queremos eso para nuestros menores? Creo que la venganza no es la solución para estos casos.

P. La ley prevé para 2007 la extensión de su aplicación a mayores de edad hasta los 21 años. ¿Qué le parece?

R. No estamos preparados para dar cobertura a gente de entre 18 y 21 años y creo personalmente que esa extensión se suspenderá. Este año nos vamos a encontrar con los primeros condenados con la ley que cumplen los 23 años en los centros de menores, el límite máximo de edad. Si han cumplido la mitad de la pena tendremos que decidir si los dejamos en libertad vigilada o los mandamos a prisión. A lo mejor si van a la cárcel echamos por la borda todo el trabajo realizado en los centros. Instituciones Penitenciarias debe crear equipos de profesionales para controlar la libertad vigilada de esta gente. También hay que ir pensando en el régimen de cumplimiento que deben tener en prisión.

P. Algunos jueces de menores piden que la ley abarque también a los menores de 14 años.

R. Entre los 12 y los 14 años los servicios de protección de menores están fallando. Cada vez más nos llegan chavales de esas edades que se encuentran muy deteriorados. Las administraciones deben hacen algo para remediarlo, porque si no, habrá que devolver la competencia a los juzgados de menores. Proponemos que para esos casos no quepan las medidas de internamiento, pero sí trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.

Emilio Calatayud, en su despacho en el Juzgado del Menor, en Granada.
Emilio Calatayud, en su despacho en el Juzgado del Menor, en Granada.SOLE MIRANDA

Un pésimo estudiante que llegó a ser juez

EMILIO CALATAYUD nació en Ciudad Real hace 49 años, está casado y tiene dos hijos. Como muchos de los chavales que pasan por su juzgado, tuvo una adolescencia conflictiva. Se reconoce como un pésimo estudiante que jamás tuvo vocación de jurista, pero la perseverancia de su padre, abogado, pudo más que su naturaleza rebelde y sus malas notas. Harta de sus resultados académicos y sus travesuras, su familia lo internó en un colegio de Málaga donde asegura que, con el paso de los años, se enderezó. "Quien más quien menos, todos hemos hecho locuras durante la juventud, y yo no soy una excepción", confiesa.

Nunca tuvo interés en ser juez, pero asegura que descubrió el gusto por su profesión cuando comenzó a ejercer. Tras sus primeros años en un juzgado de Tenerife, llegó a Granada en 1984 y cuatro años después lo destinaron al Juzgado de Menores. Con 16 años de ejercicio se ha convertido en el juez que más tiempo ha pasado en un puesto de este tipo en toda España: es el más antiguo de los jueces de menores.

"A los compañeros no les gustan estos juzgados porque no dan posibilidades de promoción profesional", afirma Calatayud. "La gente joven pasa en ellos tres o cuatro años y luego busca otros que les permitan acceder a las audiencias o los tribunales superiores de Justicia", añade el juez, que cree que esa razón y la carga de trabajo que acarrean estos órganos -no sólo dictan sentencias, sino que vigilan su cumplimiento- hacen que existan pocos especialistas en menores entre la judicatura española.

Esa falta de especialización y la ausencia de tribunales de ámbito autonómico o nacional son los principales problemas que encuentra en la jurisdicción de menores. "Muy pocos casos llegan al Tribunal Supremo, así que prácticamente no tenemos criterios comunes a la hora de aplicar la ley", dice Calatayud. "Cada juzgado actúa un poco a su aire", concluye.

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