Varios vecinos del Carmel impiden que se revisen sus casas

Los vecinos del Carmel impedirán cualquier inspección para comprobar la seguridad de sus viviendas hasta que terminen los derribos y cobren sus indemnizaciones. La Generalitat había previsto para ayer las primeras inspecciones, pero los técnicos designados por el Gobierno catalán y la asociación de vecinos sólo pudieron acceder a una de las 29 viviendas que iban a inspeccionar. El resto de los vecinos se negó a dejarles pasar. El Ejecutivo catalán insistió en que no hay un calendario fijo de retornos y que, en todo caso, no obligará a nadie a volver a su casa.

Los portavoces de 623 vecinos alojados en seis hoteles de Barcelona ya avisaron el pasado martes de que nadie volvería a sus casas sin que antes la Generalitat derribara los tres edificios que quedan por demoler y les pagara sus indemnizaciones. Ayer lo confirmaron con hechos: los convocados para las inspecciones dieron plantón a la Generalitat y a los técnicos que debían revisar las viviendas. Sólo uno de los vecinos que residían en los 29 pisos que ayer debían ser revisados accedió a que pasaran los técnicos.

La Generalitat había previsto empezar las inspecciones en dos edificios ubicados en la parte más alejada de la zona donde se produjeron los socavones, en los números 132 y 134 de la calle de Llobregós, en los que vivían unas 60 personas. A las 9.00 acudieron hasta el barrio un técnico de la empresa pública Adigsa, un miembro del Colegio de Arquitectos, un técnico designado por la Asociación de Vecinos, un representante del Ayuntamiento y dos mossos d'esquadra que debían levantar el acta de la inspección. Pero los vecinos que les aguardaban en la calle se negaron a que revisaran sus casas.

"Ayer entré a ver cómo estaba mi piso y me percaté de que las grietas eran más grandes. No pienso dejar que me lo inspeccionen hasta que no terminen todos los derribos y todas las obras", aseguró Isabel Farrús, vecina de uno de los inmuebles que debían ser inspeccionados.

El Ayuntamiento de Barcelona avisó a los vecinos de los inmuebles que debían ser inspeccionados el martes por la noche. De inmediato circuló entre los vecinos de los dos bloques la consigna de que nadie entrara en sus viviendas como "medida de protesta y presión", aseguraron varios vecinos afectados. "Por la noche nos reunimos en el hotel en el que nos alojamos y decidimos avisar por teléfono a todos nuestros vecinos para que no dejaran pasar a su casa a ningún técnico", explicó Farrús.

Los desalojados piden que antes de cualquier inspección se efectúen las demoliciones de los tres edificios que deben ser derribados y que finalice toda obra que esté en marcha en el barrio. También reclaman más garantías de seguridad y, por último, quieren que la Generalitat fije el importe de las indemnizaciones y lo abone a cada afectado. Sólo permitió la inspección el vecino del entresuelo primera del inmueble 134 de la calle de Llobregós, y aseguró haberlo encontrado en "bastante buen estado".

En el turno de revisión de las 11.00 ya no acudió ningún vecino, mientras que a las 12.30 algunos de ellos se dirigieron a los técnicos para advertirles de que no les dejarían pasar a sus casas.

El plante de los vecinos supuso un revés al documento que firmaron la Generalitat y la Asociación de Vecinos del Carmel, que autorizaba a llevar a cabo las primeras inspecciones. Por ello, la entidad repartió ayer un documento entre los vecinos en el que insistía en pedir "la unidad" de todos los afectados y asumió que ha cometido "algunos errores" al verse desbordada por los hechos.

El Gobierno catalán aseguró ayer que no seguirá con las inspecciones hasta que los vecinos lo pidan en uno de los centros que se han habilitado para este fin. Fuentes de la empresa Adigsa, que depende del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, aseguraron ayer que no pretende forzar a nadie a regresar a sus casas. "Se actuará a petición de los vecinos, y en ningún caso les vamos a obligar a volver", aseguraron las mismas fuentes.