Habrá comisión de investigación

Los tres grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Pasqual Maragall aceptan que se cree una comisión de investigación sobre el hundimiento producido en las obras del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. Es una rectificación porque el 15 de febrero bloquearon en el Parlament la correspondiente propuesta presentada por la oposición. Sin embargo, el mayor de estos partidos, el socialista, pretende que esta comisión esté formada por técnicos y no por políticos, según el modelo británico de la comisión de encuesta. Los otros dos partidos que apoyan al Gobierno de la Generalitat proponen en cambio el modelo previsto en el reglamento de la Cámara, en el que las comisiones de investigación reproducen la mayoría de gobierno.

La creación de esta comisión de investigación se decidirá en el debate sobre el hundimiento del túnel y sus consecuencias que el Parlament iniciará mañana. Los grupos de la oposición, Convergència i Unió (CiU) y Partido Popular (PP), tampoco coinciden sobre qué investigar. Mientras que CiU pretende que se centre en la gestión de la crisis, el PP quiere que comprenda la génesis del proyecto, que data de la etapa en la que CiU estaba al frente del Gobierno de la Generalitat.

Los socialistas quieren aprovechar la ocasión para sustituir el modelo de comisión parlamentaria de investigación existente en la Cámara catalana, que en el pasado se ha demostrado muy ineficaz porque está totalmente controlada por la mayoría de gobierno de turno.

La experiencia en los 23 años de gobiernos de CiU fue que las pocas comisiones de investigación que se crearon terminaron por convertirse en comisiones de exculpación de la actuación del Gobierno, incluso cuando había sobre la mesa elementos que apuntaran inequívocamente en dirección contraria. Los ejecutivos de CiU rechazaron en su momento numerosas propuestas de crear comisiones de este tipo alegando, precisamente, que se convertían en instrumentos "de erosión" de los gobiernos más que de investigación. Ahora que está en la oposición, CiU ha olvidado este argumento, aunque ayer su portavoz, Felip Puig, aseguró que en este asunto va a tener "un actitud constructiva".

El modelo británico

Pero es por la experiencia del pasado que el portavoz del PSC-Ciutadans pel Canvi en el Parlament, Miquel Iceta, explicó que su grupo quiere "separar la investigación de la lucha partidista". Se trataría de evitar, dijo, que estas comisiones terminen por convertirse en "un pim pam pum" entre partidos o entre el Gobierno y la oposición.

La alternativa es, en su opinión, una comisión presidida por una personalidad de prestigio y neutralidad indiscutida e integrada por personalidades designadas por su capacidad profesional y técnica para investigar un asunto muy complejo desde estos puntos de vista. Iceta dijo que en la comisión podrían integrarse también políticos, pero no para reproducir en ella la relación de fuerzas existente en el Parlament.

Este modelo de comisión fue rechazado por CiU, pero no por el PP. "Debe ser una comisión parlamentaria", afirmó rotundamente el portavoz del grupo de CiU, Felip Puig. En cambio, el portavoz del PP, Francesc Vendrell, se mostró más ecléctico sobre este aspecto y afirmó que podía aceptar cualquier fórmula mientras la investigación sea un encargo de la Cámara y sus conclusiones "vayan al Parlament para que las debata y tome los acuerdos pertinentes".

Las posiciones eran también distintas en los otros dos partidos que apoyan al Gobierno catalán. Esquerra Republicana (ERC) preveía ayer sólo las dos posibilidades que figuran en el Reglamento del Parlament, que no son las propuestas por Iceta. El portavoz de ERC, Joan Ridao, dijo que el Parlament se enfrenta al reto de recuperar la "credibilidad perdida por el Departamento de Política Territorial" y admitió la posibilidad de que la comisión requiera la participación de técnicos, dada la especificidad de la materia. El portavoz de Iniciativa Verds (ICV), Joan Boada, señaló que las comisiones de investigación parlamentaria son las que el reglamento de la Cámara define.El líder de la oposición, Artur Mas, de Convergència i Unió (CiU), advirtió que el debate sobre la crisis del Carmel que mañana comienza en el Parlament con una intervención a cargo del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, ha de concluir fijando responsabilidades políticas por el hundimiento. "CiU no se conformará con dimisiones de segundo nivel", afirmó, "porque la asunción de responsabilidades ha de ser a nivel gubernamental".

El presidente Maragall, sin embargo, afirmó ayer mismo que esta crisis ha "reforzado" su confianza en el consejero Nadal, lo que es una clara indicación de que no está dispuesto a ofrecer su cabeza a la oposición.

Esta toma de posición de Maragall fue replicada ásperamente por Mas, que la calificó como "un monumental insulto a la inteligencia y a la sensibilidad". El líder de la oposición advirtió que, por dolorosa que sea, la dimisión de Nadal, que es uno de los más destacados miembros del Gobierno catalán, es "el mejor antídoto y la mejor vacuna" con que el Ejecutivo puede hacer frente a la crisis.

En el seno del Gobierno catalán existe la convicción, por lo demás, de que el propio Nadal ha querido protagonizar la gestión de esta crisis, por lo que ahora está en solitario en el punto de mira de la oposición. Aunque el PP haya pedido también la dimisión de otros cuatro consejeros responsables de las medidas de tipo social y económico tomadas para afrontar las consecuencias del hundimiento. Son los de Comercio, Josep Huguet; Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà; Bienestar Social, Anna Simó; y el conseller en cap, Josep Bargalló. A este último se le reprocha haberse abstenido de ejercer la coordinación de los departamentos del Gobierno que han intervenido en la crisis.

Debate en el Congreso

El Gobierno no ha decidido todavía si en el debate intervendrán también estos consejeros o bien correrá a cargo exclusivamente de Nadal, informa Camilo Valdecantos.

El Congreso debatió ayer sobre la catástrofe y rechazó por 162 votos contra 155 una proposición no de ley de CiU, apoyada y parcialmente enmendada por el PP, que pedía una serie de ayudas económicas, execiones y demoras fiscales para los afectados.

Josep Antoni Duran Lleida, presidente del grupo de CiU en el Congreso, defendió la proposición en la que, fundamentalmente, se pedía una serie de ayudas económicas, exenciones y demoras fiscales y actuaciones ante la Unión Europea.

En la tribuna de invitados se encontraban representantes de los afectados que pudieron escuchar como el portavoz del PP para este asunto, Jorge Fernández Díaz, acusaba al Gobierno tripartito catalán de actuar de modo muy diferente a como esos mismos partidos que conforman el Ejecutivo autónomo (PSC, ERC e ICV) se comportaron en la catástrofe del Prestige.

El portavoz socialista, Daniel Fernández González; Joan Tardà, por ERC, y Joan Herrera, en nombre de Izquierda Verde (ICV-IU), argumentaron que todo lo que se pedía ya estaba en marcha y presentaron otro texto, rechazado por CiU, y que por tanto no se pudo votar, urgiendo al Gobierno a que acelere las ayudas.