La Generalitat analiza si el proyecto del Carmel cumplía los mínimos exigibles

El proyecto del túnel de la línea 5 en el Carmel está bajo sospecha y el Departamento de Política Territorial y la empresa pública GISA han ordenado su revisión para ver si cumple los mínimos exigibles. El punto de partida de esta decisión es la evaluación constante que se hace de las obras ya realizadas y también las opiniones de algunos de los técnicos independientes a los que se ha consultado. Pero las sospechas eran más antiguas: los presupuestos de GISA para este año ya preveían un aumento del 35% para reforzar la obra.

"Es un proyecto ajustadillo". Ésta fue la expresión empleada por Eduardo Alonso, catedrático de la Escuela de Caminos de la UPC, uno de los técnicos independientes a los que el Gobierno catalán pidió asesoramiento sobre las medidas que tomar tras el hundimiento del túnel del metro en el Carmel. Quería decir que se había hecho en el límite de la seguridad. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, se tomó la afirmación totalmente en serio y ordenó ese mismo día parar las obras, revisar el proyecto y reforzar lo ya construido.

La polémica entre las empresas constructoras y la dirección de obras sobre quién no cumplió su cometido siguió ayer abierta. Una de las partes mostró un acta de obras del 16 de diciembre de 2004 que recoge una petición de la dirección de obra para instalar testigos en el túnel de maniobras. La función de estos testigos era comprobar si se había producido movimiento en el túnel. El punto que se había de examinar era el 930, dentro del túnel de maniobras.

El acta refleja que a la reunión asistió, como observadora, la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona, que gestiona el metro.

Curiosamente, esta observación no fue luego reproducida en el informe semanal que la dirección remite a GISA. De ahí que las empresas señalen que hay constancia escrita de los problemas y que GISA pueda sostener que no tuvo conocimiento de los hechos.

GISA, explicó su presidente, Ramon Serra, es una empresa que se ha caracterizado por "ahorrar dinero al contribuyente controlando las elevaciones de precios que se producían antes en algunas adjudicaciones, que llegaban al 20% máximo legal sin nuevo concurso en modificaciones y luego sumaban el 10% más en las liquidaciones". Pero estos ahorros, aseguró, nunca llegan a ser drásticos como para poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores.

Mientras, Nadal pidió ayer a las empresas que abandonen el cruce de acusaciones y se concentren en los trabajos de refuerzos de la obra.El consejero Joaquim Nadal inició ayer una serie de entrevistas con las empresas relacionadas con las obras del Carmel. Ayer se entrevistó con una parte y seguirá hoy con todas las demás firmas que han participado de una forma u otra en el proyecto del metro. También mantendrá entrevistas con las personas relacionadas con las obras del Carmel, en un intento de dilucidar su participación real en los hechos, mientras espera los resultados definitivos de la investigación.

Parte de los datos, apuntaron fuentes conocedoras del expediente, insisten en la fragilidad del proyecto, y la advertencia venía ya de antes. La empresa pública GISA, de la que dependen las obras, había advertido una notable desviación del coste de las mismas, siempre al alza, e incluyó en sus presupuestos de este año un incremento situado en torno al 35%, fundamentalmente para refuerzo. En algunos casos, por ejemplo, al final del túnel ahora sellado, estos refuerzos ya se habían instalado.

Dirección de obra

Ramon Serra, presidente de GISA, señaló que la dirección de la obra tiene la potestad de parar los trabajos si considera que las constructoras no cumplen las normas, y que no lo ha hecho nunca o, al menos, "no consta que lo haya hecho". La dirección de la obra la ejerce el ingeniero Javier Gete-Alonso, por cuenta de las empresas Geocontrol y Tec 4. "La dirección de GISA", precisó su presidente, "nunca ha escatimado dinero en estas obras y no ha rechazado instalar refuerzos cuando se le ha pedido". Gete-Alonso ha evitado en diversas ocasiones dar su versión de los hechos y las empresas para las que trabaja justificaron ayer su silencio.

La hipotética debilidad del proyecto constructivo sería atribuible, en primer lugar, a las empresas que lo realizaron (Tec 4 y Geocontrol, las mismas que luego obtuvieron la dirección de obras), pero la responsabilidad última de su aprobación recaería sobre GISA. En el momento de aprobar el proyecto (junio de 2002), el presidente de GISA era el ex consejero de CiU Joan Ignasi Puigdollers y el director, Xavier Borràs. Las mismas personas que un año y medio más tarde (febrero de 2004) dieron el visto bueno al proyecto modificado que incluía el túnel de maniobras en el Carmel. Puigdollers no pudo ser localizado por este diario.

Borràs, por su parte, precisó que la aprobación de un proyecto no es potestad de la dirección de la empresa, sino del director general. En aquel momento, con CiU en el gobierno, éste era Enric Ticó. Asimismo, Borràs aseguró que no supervisó el proyecto de ampliación de la línea 5 porque se encontraba dedicado de forma exclusiva al proyecto de la línea 9, de modo que la persona de GISA que analizó los trabajos fue el director de proyectos, Joan Serratosa.

La empresa Payma, por su parte, matizó ayer las declaraciones del Gobierno catalán y explicó que nunca "ha tenido relación contractual con la empresa pública GISA en los ámbitos" de la ampliación de esta línea y que su "única relación con la citada obra consiste en la realización de ensayos de materiales a cargo de la unión temporal de empresas adjudicataria de la construcción de la obra".