El CGPJ anima a los jueces a ser imaginativos con las penas a menores

Los jueces y fiscales andaluces de Menores, reunidos desde ayer en Granada, intentan unificar criterios para aplicación de la Ley del Menor. Casi el 50% de los casos que llegan a los juzgados de la región podrían resolverse extrajudicialmente, aunque en la mayoría de ellos se recurre a medidas coercitivas como el internamiento. El vocal del CGPJ, Félix Pantoja, pidió ayer a sus colegas que opten cuando sea posible por este tipo de soluciones, más beneficiosas para el infractor.

Los jueces y fiscales quieren fomentar las medidas extrajudiciales que, según dicen, son aplicables en la mitad de los casos de menores infractores. El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud adquirió gran notoriedad gracias a sus sentencias imaginativas, como la que condenó a un menor analfabeto a aprender a leer y a escribir, o a acompañar a enfermos del hospital de Traumatología a otro que vulneró las normas de circulación.

Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alaban estas sentencias y creen que es importante unificar los criterios de aplicación. El vocal del área de Menores del Consejo, Félix Pantoja, dijo ayer que es necesario recurrir con más frecuencia a "las medidas extrajudiciales que prevé la ley". En muchos de estos casos se puede pedir una suspensión del procedimiento previo acuerdo con la víctima para aplicar esas soluciones que, a la larga, pueden ser más beneficiosas para la población infantil juzgada. "Es necesario que este tipo de medidas se utilicen más de lo que se están utilizando", dijo Pantoja. Esas resoluciones, según el juez, responden mejor que el internamiento al espíritu con el que se redactó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Casos mediáticos

Los asistentes a la reunión valoraron el catálogo de sanciones y medidas de reinserción que recoge esa ley a pesar de las críticas surgidas en algunos casos de especial gravedad, como muertes con gran repercusión mediática. La Junta de Andalucía ha duplicado este año su presupuesto para apoyar la reforma de la justicia de menores, pasando de 37 millones de euros en 2004 a 69 en este ejercicio.