El referéndum del 20-F
A UNA SEMANA DE LA CELEBRACIÓN del referéndum consultivo sobre la adhesión de España al Tratado de la Constitución Europea, firmado en Roma el pasado 29 de octubre por los jefes de Estado o de Gobierno de sus 25 miembros, la campaña emprendida por los partidos a fin de movilizar -en cualquier sentido- al electorado no termina de cuajar. La adecuación de las consultas plebiscitarias para plantear a los ciudadanos dilemas que no estén formulados en términos claros y no versen sobre preguntas sencillas resulta altamente dudosa; en este caso, el pronunciamianto binario sobre un complejo, denso y técnico documento formado por 448 artículos, 36 protocolos y una cuarentena de declaraciones anexas no cumple los requisitos necesarios para favorecer a la democracia participativa en su puja de méritos con la democracia representativa. De los 25 miembros de la Unión Europea, sólo 10 países se someterán -por imperativo constitucional en algunos casos o por decisión política en España- a un trámite de aprobación que los restantes socios solucionarán a través de sus respectivos Parlamentos nacionales.
La participación en las urnas -con referencia a las elecciones europeas de 2004- y el uso de la cita por el PP para objetivos de política interna son las dos principales incógnitas de la consulta
Dejando a un lado el debate retrospectivo sobre la conveniencia o la prescindibilidad de la convocatoria, es evidente que la campaña está siendo interferida por la política interna. Por lo pronto, las fronteras divisorias entre el sí y el no han sido trazadas al margen de las alianzas en las Cortes Generales y de los planteamientos ideológicos comunes a los partidos nacionalistas. De un lado, Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), compañeros regulares de los socialistas en las votaciones parlamentarias desde hace 10 meses y potenciales firmantes de un acuerdo de legislatura con el PSOE, están haciendo campaña a favor del no por el carácter insuficientemente europeísta de una Constitución que el Gobierno de Zapatero, en cambio, defiende con entusiasmo. De otro lado, mientras el PNV y CiU respaldan el apoyo a la Constitución, otras formaciones nacionalistas-el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Eusko Alkartasuna (EA) y Batasuna, además de ERC- la rechazan.
Otro factor de desconcierto en la campaña proviene de las diferentes lecturas a que se prestan las intervenciones de algunos dirigentes del PP aparentemente contrarias a la línea oficial del partido en favor del sí. Aunque las avinagradas reticencias contra el Tratado lanzadas el pasado mes de julio -y ratificadas hace escasas semanas en Washington- por el presidente de honor del PP descansen sobre la vanidad herida de Aznar, que bloqueó la negociación y aprobación del texto siendo jefe del Gobierno en diciembre de 2003, ese ambiguo y mezquino mensaje podría mover a una parte del electorado de los populares hacia la abstención o el no; el recuerdo de la oportunista estrategia adoptada por Fraga en el referéndum de 1986 sobre la OTAN y las torpezas expresivas del secretario general, Ángel Acebes, no hacen sino favorecer ese temor. No cabe descartar que Rajoy haga suya la sabiduría pícara del pintor pueblerino de retablos de Iglesia ("si con barbas, san Antón, y si no, la Purísima Concepción") para apuntar en su cuenta cualquier resultado imaginable del 20-F: mientras que el PP siempre podría reclamar como propio el apoyo a la Constitución, una elevada abstención o un rechazo significativo pasarían a ser interpretados exclusivamente como un voto de castigo al Gobierno.
La desmesurada inflación de las expectativas de participación en las urnas se halla relacionada con ese doble uso del referéndum por el PP como vara de medir de la Constitución y del respaldo al Gobierno de Zapatero. Para cualquier observador de buena fe, el punto de referencia comparativo del 20-F no deberían ser los referendos sobre la Constitución de 1978 o la OTAN, ni tampoco las elecciones a las Cortes Generales, sino los comicios al Parlamento de Estrasburgo celebrados en todos los países miembros cuando no van acompañados de citas legislativas, autonómicas o locales. Baste con recordar que la convocatoria de junio de 2004 contó en España con una participación del 45,14%, ligeramente inferior al promedio alcanzado en toda la Unión Europea.
