Los jueces anulan la orden de 2004 que permitía expulsar a alumnos repetidores
El Tribunal Superior suspende la orden que permitía echar a los malos estudiantes
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente la orden regional que permite a los institutos expulsar a los estudiantes repetidores de más de 16 años. El Ministerio de Educación había denunciado la orden regional ante los tribunales al considerar que ésta vulnera la legislación estatal. El consejero de Educación, Luis Peral, explicó ayer que el Gobierno regional acata el auto. Todos los alumnos afectados por la orden, algunos han sido trasladados a centros de adultos, podrán regresar a sus antiguos institutos, anunció.
"Esta orden restringe el derecho a la educación de estos estudiantes y les conduce al fracaso", denuncia el diputado socialista Adolfo Navarro, que añade que hay unos 5.000 alumnos afectados.
La pugna jurídica que han mantenido sobre este asunto la Consejería de Educación (PP) y el Ministerio de Educación (PSOE) se ha saldado a favor del ministerio. En junio del año pasado, la consejería dictó una orden que permitía expulsar a los alumnos repetidores de más de 16 años, si así lo consideraba el equipo de evaluación del centro. La medida era comunicada a los padres. Muchos de estos adolescentes fueron enviados después a centros de adultos, a los programas de Garantía Social o a las escuelas taller.
El Ministerio de Educación consideró que la medida perjudica sobre todo a los alumnos y que, además, incumple la ley estatal. "La orden es ilegal porque se basa en el artículo 21.2 de la Ley de Calidad (LOCE). Esta ley fue implantada por el PP a escala nacional en 2002 y paralizada durante dos años por un real decreto del PSOE en 2004", explica María Antonia Oscáriz, directora general de la Alta Inspección del Ministerio de Educación.
En cambio, el consejero de Educación, Luis Peral, considera que el real decreto socialista en ningún momento señala que se haya paralizado el artículo 21.2 de la LOCE.
"La LOCE establece que son los profesores, que son unos profesionales, los que deben de considerar si el alumno puede seguir o no", explica el consejero.
Expulsados en Algete
Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al ministerio y ha ordenado la suspensión cautelar de la orden, que permitió que en septiembre pasado fueran expulsados 48 alumnos de un instituto de secundaria de Algete por ser malos estudiantes.
"De no suspenderse la medida pueden causarse graves perjuicios irreparables a los miembros de la comunidad escolar de la Comunidad de Madrid, al exigírseles unos requisitos distintos y más rigurosos que a los del resto del Estado", dicta el auto.
El consejero Peral aseguró ayer que el Gobierno regional va a acatar la decisión judicial. "Se trata de una discusión jurídica entre nosotros y el Ministerio de Educación. Hemos pedido al tribunal una aclaración sobre cómo cree que hay que aplicar la ejecución del auto. Pero anticipo que vamos a comunicar a los alumnos afectados por la orden, que son unos 250, que si quieren pueden regresar a sus antiguos institutos", afirmó Peral.
Sin embargo, la consejería aún tiene pendiente otro fleco con el Ministerio de Educación. El pasado mes de noviembre el Gobierno regional dictó otra orden similar a la recientemente suspendida. "Ya hemos requerido a la Consejería de Educación para que anule la orden, si no lo hace, volveremos otra vez a los tribunales", advierte Oscáriz desde el Ministerio.
El diputado socialista Adolfo Navarro señala que el Gobierno regional pretende implantar la LOCE "por lo bajinis".
La medida regional trasladó a los centros de adultos a algunos de estos menores expulsados de los institutos. Pero muchos no han aguantado ni un mes, según Navarro.
"Los centros de adultos carecen de medios materiales y humanos para hacer frente a las necesidades educativas de estos adolescentes. La inmensa mayoría de estos estudiantes termina en la calle, siendo menores de edad", denuncia el diputado socialista.
En cambio, el consejero Peral considera que los alumnos tienen en los centros de adultos una nueva oportunidad para sacarse el graduado escolar.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se ha mostrado muchas veces en contra de la paralización de la LOCE. El pasado verano, la presidenta ya anunció, en contra del real decreto socialista, que permitiría a los centros de la región implantar la separación de los alumnos en itinerarios, tal y como establecía la llamada Ley de Calidad del PP.
La Comunidad de Madrid llevó el pasado mes de septiembre hasta el Tribunal Constitucional la paralización durante dos años de la aplicación del calendario de Ley de Calidad. Ya entonces el consejero Luis Peral señaló que la paralización de la LOCE había creado un contexto de "inseguridad jurídica".
Niños en centros para adultos
Un grupo de menores esperaba ayer fumando un cigarrillo a las puertas del centro de adultos Joaquín Sorolla, en el barrio de Salamanca. Alguno no ha cumplido aún los 18 años y ya ha tenido que dejar el instituto.
"Me fui yo porque quise, ¿eh?", asegura uno de ellos, a quien en un futuro le gustaría ser diseñador gráfico. Los adolescentes afirman que están contentos en el centro de adultos, donde entran y salen cuando quieren.
De vez en cuando, cuentan, se van de pellas a los billares y a los bares cercanos. "Pero ya nos han dicho que como faltemos una hora más nos expulsan", cuentan.
La región tiene 64 centros de adultos. A estos centros son trasladados los alumnos de más de 16 años que, a juicio del equipo de evaluación, no siguen en los institutos. Por ejemplo, en el centro de San Fernando de Henares hay 49 de estos jóvenes y en el de Torrejón de Ardoz, 34.
Algunos de los profesores de estos centros tienen la percepción de que la orden expulsa a sus centros "a todo lo que estorba de los institutos", según palabras de un docente. "Estábamos preocupados con la orden y, la verdad, al saber que se ha suspendido, los profesores nos hemos puesto muy contentos", reconoció.
Santa Perea, directora del centro Joaquín Sorolla y miembro de la Junta de Personal, señala que la filosofía de estos centros está dirigida "a personas adultas, con una madurez afectiva e intelectual". "A nosotros no nos importa aceptar casos concretos derivados de institutos, con su correspondiente informe, pero no podemos asumir grupos de adolescentes en masa", explica Perea. Así pasó, por ejemplo, con un joven homosexual que era maltratado en su instituto y que en el centro de adultos encontró el respeto de sus compañeros.
El centro Joaquín Sorolla carece de verja. "Las puertas están abiertas, tratamos a la gente como adultos. ¿Si nos lo piden los padres, cómo vamos a controlar a los menores de 18 años?", concluye Perea.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
