La Comisión Europea propone una regulación mínima para la telefonía a través de Internet

La Comisión Europea se plantea un mínimo de regulación administrativa para el nuevo fenómeno de la comunicación oral por Internet (voz IP), en sintonía con la idea de los reguladores de los Veinticinco reunidos ayer en Bruselas. Para finales de año, podría haber un marco normativo comunitario que acabe con la actual alegalidad y cree certidumbre a los inversores, según la Comisión.

Las comunicaciones orales por Internet están dando sus primeros pasos en Europa, donde Francia es el país con más usuarios de esta tecnología: 220.000 personas, según la Comisión. En Japón y en Estados Unidos hay unos cinco millones. "Yo espero que la voz en Internet genere servicios más innovadores en un mercado que muy bien puede tener un impacto mayor sobre consumidores y negocios que el correo electrónico", declaró ayer Vivianne Reding al anunciar los mínimos propósitos reguladores de Bruselas.

En España, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) anunció esta semana su intención de que haya una regulación mínima sobre la voz IP.

Las comunicaciones por esta vía son gratuitas, basta con bajarse un programa. La única inversión que hay que hacer es la de conectar el teléfono al ordenador y usar un micrófono, si el ordenador no lo lleva incorporado. También es posible utilizar un teléfono convencional dotado de un adaptador. Lo imprescindible es la banda ancha. La Comisión considera que este tipo de comunicación puede servir de palanca para incrementar la penetración de la banda ancha en la Unión, donde apenas llega al 6,5% en los Veinticinco. Incluso entre los Quince, más desarrollados, es apenas del 7,6%.

Bruselas estima que conforme se desarrolle el fenómeno, se reestructurarán las actuales redes telefónicas y las infraestructuras de comunicación electrónica serán más flexibles y eficientes. El propósito es que la reglamentación no se convierta en un obstáculo. "El mercado, la tecnología y los proveedores están ahí", señaló ayer un portavoz de la Comisión. "Ahora se opera en un régimen alegal, con la correspondiente incertidumbre. Se trata de crear un marco legal, sin exceso de regulación, para que el sector se desarrolle". La Comisión no pudo evaluar ayer qué significa "un mínimo de regulación" porque necesita hablar antes con los reguladores nacionales.