La Junta inicia los trámites de la nueva ley de calidad ambiental, que define como un "blindaje normativo"

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ayer iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, normativa que la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, definió como un "blindaje normativo para la calidad ambiental". En conferencia de prensa, Coves explicó que se trata de una compilación actualizada de toda la legislación autonómica sobre la materia, que incluye como principales novedades la adaptación ambiental de las empresas mediante nuevas líneas de ayudas y el aumento del nivel de exigencia en los procedimientos de prevención y control, así como la fijación de límites para la contaminación lumínica.

Respecto a la primera de las novedades, el anteproyecto recoge la creación de un sello de calidad destinado a aquellas empresas que, además de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, vayan más allá en su compromiso con el uso eficiente de los recursos naturales al aplicar procesos de minimización de residuos, reutilización, reciclaje y ahorro de agua y energía.

En relación con el apoyo al tejido productivo, se recogen nuevas líneas de incentivos o el fomento de acuerdos y controles voluntarios por parte de las empresas para alcanzar niveles de calidad ambiental por encima de las exigencias legales. Asimismo, se fija un régimen de garantías frente a daños ambientales en virtud del cual la Administración autonómica podrá exigir un seguro de responsabilidad civil a aquellas actividades industriales sujetas a Autorización Ambiental Integrada o relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas.

En el ámbito de la prevención, la ley incrementará el nivel de exigencia al obligar a someterse a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de envergadura, incluidos los que actualmente sólo precisan de informe ambiental, trámite que queda eliminado.

Se incorpora además la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI), permiso que englobará en un sólo trámite las diversas autorizaciones sectoriales para el control ambiental y que se concede fijando límites de contaminación que pueden ser más restrictivos que los fijados con carácter general en la legislación. Andalucía es actualmente, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma que aplica la AAI, un requisito que afecta a más de 600 grandes empresas en la región y al que, en cualquier caso, deberá ajustarse la industria española antes de octubre de 2007. De acuerdo con su objetivo de unificar la normativa aplicable a los distintos aspectos de la protección ambiental, el anteproyecto de ley actualiza también los contenidos de la ley autonómica de 1994 en las materias de calidad del aire, agua y gestión de residuos.

En esta última materia, la principal novedad es la prohibición del depósito en vertederos de los desechos que sean susceptibles de algún tipo de aprovechamiento o reutilización.